UN PERIODISTA SOLICITA JUDICIALMENTE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS CRUZADOS ENTRE EL SOLICITOR GENERAL Y LOS JUECES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Mails

Es un hecho público para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del derecho procesal estadounidense la íntima relación que existe entre los jueces del Tribunal Supremo y el Solicitor General (que viene a ser una especie de Abogado del Estado Jefe, dado que su única misión consiste en defender los intereses de los Estados Unidos, pero con la peculiaridad de que únicamente lo hace ante el Tribunal Supremo), relación tan cercana que incluso se llega a conocer a éste como el tenth justice (décimo juez). A ello se une la circunstancia de que algunos jueces del Tribunal Supremo han ostentado previamente el cargo de Solicitor General, siendo el ejemplo más cercano el de la juez Elena Kagan, quien a la hora de ser nominada por Obama para cubrir la vacante que dejaba el veterano John Paul Stevens ocupaba precisamente dicho cargo. Pues bien, tan estrecha es la relación entre el Tribunal Supremo y la oficina del Solicitor General, que ha saltado a la prensa norteamericana la noticia de un curiosísimo y peculiar asunto. Y es que, según indica el noticiario jurídico ABA Journal, con amparo en la Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información) un periodista ha llevado a juicio nada menos que al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que haga públicos, en caso de existir, los correos electrónicos cruzados entre todos los Solicitor General y los jueces del Tribunal Supremo. Y ello porque, según indica el artículo en cuestión: “However, the lawsuit argued, any communications would be of great public importance. The solicitor general represents the federal government before the Supreme Court; an email to a justice could be an improper ex parte communication.” (Sin embargo, se fundamenta la demanda en el hecho de que cualquier comunicación de esta naturaleza posee gran importancia, dado que el Solicitor general representa al gobierno federal ante el Tribunal Supremo y cualquier email a un juez sería una comunicación ex parte impropia).

Pues bien, al leer la anterior noticia al humilde redactor de estas líneas le picó enormemente la curiosidad y no le costó mucho encontrar en la red la demanda del caso, que el lector puede encontrar simplemente pinchando en el anterior enlace. Se trata de un documento breve, de apenas cuatro páginas y escrito a doble espacio ,donde uno puede comprobar los nombres y las señas de las partes en liza así como los hechos en que se basa el asunto y los fundamentos jurídicos que amparan al demandante. Así, el demandante es Jason Leopold, un ciudadano de california y “periodista de investigación de VICE-News, encargado de investigar una amplia variedad de asuntos, que incluyen Guantánamo, seguridad nacional, lucha antiterrorista, derechos fundamentales, derechos humanos y gobierno abierto”. En realidad, la demanda no solicita otra cosa que el cumplimiento de una obligación de hacer pues, según consta en la misma, el 15 de enero de 2015  se envió al Departamento de Justicia, al amparo de la ya citada Freedom of Informacion Act (a través del portal de transparencia, además) un requerimiento de información solicitando el contenido de los emails cruzados entre el actual y los anteriores titulares del cargo y con los jueces del Tribunal Supremo. Tres semanas después, el día 5 de febrero de 2015 al solicitante le fue remitida la siguiente contestación, que en este caso seguro que no sonará extraña a oídos de un español: la solicitud ha sido remitida a la Oficina del Solicitor General, habiéndole sido asignado el número de expediente FOIA-2015-01310. Desde entonces, al haber transcurrido más de veinte días sin recibir contestación, el solicitante tiene abierta la vía judicial, que es la que actualmente ejercita.

A ojos de un jurista continental, es evidente la estrecha relación que existe entre los jueces, sobre todo los del orden contencioso-administrativo, y los integrantes de los Servicios Jurídicos no sólo del Estado, sino de las Comunidades Autónomas e incluso de las entidades locales, a quienes ven todos los días y con quienes, lógicamente, se entabla una relación muy cercana por la cotidianeidad y habitualidad con la que éstos comparecen en las Salas de vistas. Ello es lógico, comprensible y razonable, aunque en ocasiones esa cercanía propicia un cierto relajamiento y la tolerancia de ciertos comportamientos que quizá a otros profesionales no se consintieran. No obstante, ello no llega ni de lejos a la importancia que tiene el Solicitor General en los Estados Unidos, y ello por la particularidad que indicábamos al iniciar esta entrada: dicho profesional defiende los intereses de los Estados Unidos, pero lo hace exclusivamente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de ahí la importancia que el demandante en este caso atribuye a los emails cruzados entre éste y los jueces, siendo de destacar que no pide los correos particulares, sino los que se cruzan entre la oficina pública de dicho profesional.

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