MONTANILE v BOARD OF TRUSTEES OF N.E.I.H.B. CUANDO LAS ASEGURADORAS NO PUEDEN RECOBRAR IMPORTES SATISFECHOS A ASEGURADOS.

Money Loan. Bank officer loaning stack of euro banknotes money.

Hoy me permito traer a colación una reciente sentencia norteamericana que aborda un supuesto altamente frecuente, al que da una solución cuando menos curiosa. De ahí que, en primer lugar, exponga los hechos para a continuación ofrecer la peculiar respuesta ofrecida al caso.

Robert Montanile es un ciudadano estadounidense que tenía suscrito un seguro privado en virtud del cual éste se encargaba de abonar todos los gastos médicos en que el asegurado incurriese, si bien con la salvedad que si el asegurado ejercitaba una acción judicial derivada del siniestro y lograba obtener una compensación económica debería reintegrar a la compañía las cantidades que ésta hubiese destinado al abono de los gastos médicos. En diciembre de 2008 Montanile tuvo un accidente de coche al ser embestido su vehículo por otro que no sólo se había saltado un stop, sino que su conductor lo hacía bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La compañía aseguradora cumplió con su obligación y abonó 121.044 dólares en concepto de gastos médicos, si bien el asegurado firmó un documento en el que de nuevo se comprometía, tal y como así venía en la póliza, a reintegrar a la compañía las cantidades que obtuviese a consecuencia del ejercicio de una acción judicial contra el responsable (obviamente, con el límite máximo de las cantidades abonadas por la aseguradora). Ulteriormente, el perjudicado entabla una acción judicial contra el conductor del vehículo, si bien no llegó a dictarse sentencia dado que se llegó a un acuerdo entre las partes, en virtud del cual el responsable de la colisión abonó a Montanile medio millón de dólares, de los cuales 260.000 las abonó a los abogados que le defendieron (200.000 correspondían a honorarios profesionales y 60.000 el reembolso de cantidades adelantadas por el bufete para gastos procesales), por lo que aún conservó 240.000 dólares en su bolsillo. Enterada la compañía aseguradora, solicitó a Montanile el reembolso de las cantidades por ella abobadas, pero el asegurado se negó argumentando que legalmente no estaba obligado a reintegrarlas. En este sentido, los abogados de Montanile (que aún tenían en su poder los 240.000 dólares pertenecientes a su defendido) informaron expresamente a la compañía aseguradora que entregarían el dinero a éste salvo que ésta, en el plazo de dos semanas, mostrase su oposición. Ante el silencio de la compañía, los abogados entregaron el dinero a su defendido. Poco después la aseguradora reclamó judicialmente el dinero al asegurado, quien se opuso argumentando que…..¡ya lo había gastado casi todo! La compañía aseguradora obtuvo un pronunciamiento favorable tanto en primera instancia en el Juzgado federal como en el Tribunal de Apelaciones del Undécimo circuito. Montanile, erre que erre, impugna esta última sentencia ante el Tribunal Supremo, quien acepta conocer el asunto.

Pues bien, para sorpresa de propios y extraños, ayer día veintiuno de enero de dos mil dieciséis el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace pública su sentencia Montanile v. Board of Trustees of the National Elevator Industry Health Benefit, no es ya que estime el recurso y revoque la sentencia, sino que lo hace por una amplísima mayoría, dado que el ponente de la misma, Clarence Thomas (juez que desde el año 2006 no efectúa ni una sola pregunta en las vistas horales) logra el apoyo de siete de sus colegas, con la juez Ruth Bader Gisburn como la única voz discordante. El problema radica en la legislación aplicable, la Employee Retirement Income Security Act aprobada el día 2 de septiembre de 1974, cuyo artículo 502.A.3.II establece que: “A civil action may be brought…by a participant, beneficiary or fiduciary….to obtain other appropriate equitable relief…to enforce any provisions of this title or the terms of the plan” (Estará legitimado para reclamar en vía civil….el interesado, el beneficiario y el subrogado…para obtener cualquier remedio equitativo apropiado….en cumplimiento de cualquier precepto de esta ley o los términos de la póliza). Clarence Thomas explica que la expresión “equitable relief” (remedio equitativo) se utilizaba cuando en los Estados Unidos aún se aplicaba la dicotomía (heredada de la tradición británica) entre derecho y equidad, ahora bien, tal distinción se abandonó con la aprobación en 1938 de las Federal Rules of Civil Procedure, que han sido objeto de reformas importantes con posterioridad (la última de ellas entró en vigor precisamente el pasado 1 de diciembre de 2015 y a ella se refería el chief justice en su informe anual, tal y como indicamos en un anterior post publicado este mismo mes). Por tanto, a la hora de interpretar dicha expresión el Tribunal, con cita de jurisprudencia, entiende que cabe invocar a través de un procedimiento civil un “equitable relief” cuando existe identidad material entre la pretensión solicitada y lo que anteriormente podría solicitarse en un juicio de equidad. Ahora bien, tras analizar tres casos anteriormente resueltos por el Tribunal, se plantea una duda a la hora de resolver el caso, y el núcleo esencial de la sentencia se contiene en el siguiente párrafo: “the nature of the Board´s underlying remedy would have been equitable had it immediately sued to enforce the lien against the settlement fund then in Montanile´s possession. That does not resolve this case, however. Our prior cases do not address whether a plan is still seeking equitable remedy when de defendant, who once possessed the setlement fund, has dissipated it all, and the plan then seeks to recover out of the defendant´s general assets” (la naturaleza de la pretensión solicitada por la aseguradora sería de equidad en su naturaleza si la hubiese ejercitado inmediatamente frente al importe económico logrado en el acuerdo cuando aún se encontrase en posesión de Montanile. Pero ese no es el caso a enjuiciar. Los precedentes analizados no indican si estamos ante una pretensión de equidad cuando la aseguradora pretende recobrar el importe una vez el asegurado ha gastado totalmente las cantidades). La respuesta, pues, el Tribunal ha de buscarla en los antiguos tratados sobre equidad, y la respuesta no puede ser menos que sorprendente: “those treatises main clear that a plaintiff could ordinarily enforce an equitable lien only against specifically identified funds that remain in the defendant´s possession or against traceable ítems that the defendant purchased with the funds (e.g., identifiable property like a car). A defendant´s expenditure of the entire identifiable fundo n nontraceable ítems (like food or travel) destroys an equitable lien.” (dichos tratados dejan bien claro que un demandante puede de ordinario ejercitar una pretensión de equidad únicamente frente al importe que permanezca en manos del asegurado o frente a los bienes concretos e identificables [por ejemplo, un coche] que haya adquirido con tales fondos; un gasto en bienes no identificables [por ejemplo, comida, viaje] destruyen la acción de equidad. Dado que en el caso concreto el asegurado había gastado casi todo el importe del dinero en bienes no concretos e identificables, el Tribunal admite el recurso y anula la sentencia, dejando a la aseguradora con tres palmos de narices.

En esta ocasión, con todos los respetos debidos y con la admiración que el redactor de este blog tiene hacia la máxima institución judicial estadounidense, creo que la sentencia es absurda desde todos los puntos de vista, y acierta totalmente la juez Ruth Bader Gisburn en su brevísimo pero atinado voto particular: “Montanile recibió 500.000 dólares de un acuerdo, de los cuales se le reclaman 121.044 a consecuencia de los gastos asumidos por su aseguradora en gastos médicos. El Tribunal ha resuelto que puede evitar dicho reembolso deshaciéndose rápidamente del dinero en bienes no identificables. Qué ha llevado al Tribunal a conclusión tan absurda?” Y es que, en efecto, el mensaje que el Tribunal Supremo está enviando a los asegurados es que, una vez recibida una indemnización de un particular, se deshagan de la misma rápidamente para evitar que las aseguradoras se la reclamen; es más, incluso ha tenido a bien apuntar en qué tipo de bienes puede hacerlo. No obstante, dicho sea de paso, el Tribunal Supremo apunta una circunstancia que en este caso quizá tuvo en cuenta a la hora de resolver: la negligencia de la aseguradora: “Most notably, when negotiations broke down and Montanile’s lawyer expressed his intent to disburse the remaining settlement funds to Montanile unless the plan objected within 14 days, the Board could have—but did not—object. Moreover, the Board could have filed suit immediately, rather than waiting half a year” (Lo que es más importante, cuando se rompieron las negociaciones y los abogados de Montanile expresaron su intención de entregar a éste las cantidades de la indemnización obtenida salvo que la aseguradora se opusiese en 14 días, ésta pudo haber objetado y no lo hizo. Más aún, pudo haber entablado el pleito de forma inmediata en lugar de esperar medio año.) Negligencia de la aseguradora hubo, en efecto, pero ello no es excusa para llegar a la conclusión a la que en este caso se ha llegado.

En fin, en todas partes cuecen habas, e incluso el mejor escribano echa un borrón.

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