LA RENUNCIA A LA INVESTIDURA: CONSIDERACIONES A LA LUZ DEL DERECHO Y LA CIENCIA POLÍTICA.

Mariano Rajoy

El día 20 de marzo de 1782 en el Reino Unido de Gran Bretaña se produjo un terremoto político de primera magnitud. Frederick North, segundo conde de Guilford y primer ministro del reino desde el año 1770, presentaba su dimisión al rey Jorge III. De conformidad con las leyes inglesas, el poder ejecutivo correspondía al monarca y éste podía elegir a quienes deseara para llevar a cabo su política, y lo cierto es que North gozaba plenamente de la confianza regia. No obstante, el Parlamento había presentado una moción retirando la confianza hacia el primer ministro, por lo que éste consideró que no tenía sentido continuar en el puesto cuando el legislativo le había retirado su confianza. North se convertía, así, en el primer dirigente político en dimitir a consecuencia de la pérdida de confianza del Parlamento.

Ayer día 22 de enero de 2016 se produjo una situación insólita en nuestro país. El líder de la fuerza más votada indica en una rueda de prensa que únicamente puede ser calificada como surrealista, que no optará a la investidura en este momento “por no tener los apoyos suficientes”, pero que “se mantiene como candidato” (sic). El Partido Socialista Obrero Español, en un comunicado emitido hoy día 23 de enero, considera “inaceptable” la decisión de Rajoy y defiende “el cumplimiento escrupuloso de los procedimientos democráticos y, por tanto cree que Rajoy tiene la obligación constitucional de aceptar el encargo real y de presentar su candidatura a la investidura o renunciar definitivamente a ella” (sic). El líder de la tercera fuerza más votada, en un tour de force incomprensible, comparece públicamente rodeado por la plana mayor de su formación y da a conocer los miembros de un futuro gabinete que, con él como vicepresidente, encabezaría Pedro Sánchez, quien no sólo debería aceptar tales exigencias y ofrecer incluso una cartera a Izquierda Unida (cuyo portavoz, por cierto, manifestó desconocer el contenido material de la comparecencia de Pablo Iglesias) sino que debería incluso agradecer el inmenso favor que se le estaba haciendo. El monarca, por su parte, ante la situación creada por la decisión de Mariano Rajoy, opta por efectuar una nueva ronda de consultas.

Como siempre, para analizar la anterior situación ha de deslindarse cuidadosamente el ámbito estrictamente jurídico del político, si bien en esta ocasión ambos están intrínsecamente ligados, pues se trata nada más y nada menos que de la elección del Presidente del Gobierno.

1.- ASPECTOS JURÍDICOS. En este caso ha de partirse necesariamente del artículo 99 de la Constitución de 1978, que es el precepto clave que rige todo el procedimiento. La dicción literal del mismo es la siguiente: “1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 2.El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4 Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.” De dicho texto legal se puede deducir, desde el punto de vista estrictamente jurídico, lo siguiente:

A.- El monarca ha de reunirse con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, siendo necesario precisar que no hace falta que sean los portavoces de los grupos, ni tan siquiera que sean diputados de las formaciones, pues el precepto simplemente habla de “representantes designados” por los grupos políticos. Quien suscribe podría ser perfectamente recibido por el monarca si fuese designado como representante a estos efectos por cualquier grupo con representación en el Congreso. Evidentemente, esas consultas tienen como objetivo que el Jefe del Estado se haga una idea de quien puede obtener los apoyos necesarios para acceder a la Presidencia y quien no.

B.- El monarca posee una libertad absoluta a la hora de proponer el candidato a Presidente. No tiene por qué ser la persona que encabeza la lista más votada. De hecho, ni siquiera tiene por qué ostentar la condición de diputado (a diferencia de lo que ocurre con los ejecutivos autonómicos, donde la Constitución establece que el Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido por la Asamblea “de entre sus miembros”). Por tanto, jurídicamente hablando el monarca ostenta una potestad absolutamente discrecional para designar a quien considere oportuno.

C.- En ningún lugar del texto constitucional establece que la persona designada por el monarca haya de aceptar necesariamente el encargo. Eso sí, de hacerlo, ha de someterse al procedimiento de investidura con los requisitos que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 99 (exposición del programa político y votaciones de investidura).

D.- De no obtenerse la confianza, se tramitarán sucesivas propuestas “en la forma prevista en los apartados anteriores” (es decir, consultas, proposición regia, exposición del programa político, votaciones de investidura).

E.- Si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, se convocarán nuevas elecciones.

2.- ASPECTOS POLÍTICOS. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ha de tenerse en cuenta que, desde el punto de vista ya completamente ajeno al mundo del Derecho constitucional, pueden efectuarse las siguientes consideraciones:

A.- Aunque el monarca goza de discrecionalidad jurídica, es claro y evidente que desde el punto de vista político ha de ejercitar esta facultad con absoluto respeto a la composición del Congreso, pues en caso contrario la posición y el prestigio de la Corona quedaría sumamente mermado.

B.- La actuación de Mariano Rajoy es absolutamente impresentable. Es absolutamente claro, lícito, comprensible y admisible por cualquier persona con un mínimo de racionalidad que a nadie puede exigírsele ser masoquista. Por tanto, si considera que carece de los apoyos para ser investido Presidente renuncie a presentar su candidatura. Hasta ahí todo correcto. Lo que ya no tiene un pase es decir que se renuncia a la investidura “en este momento” y que “se mantiene como candidato”, lo cual es incomprensible para cualquiera salvo que utilice los códigos lingüísticos del inmortal Mario Moreno “Cantinflas”. Por tanto, es legítimo que renuncie a su candidatura si cree que no tiene apoyos, mas en tal caso lo lógico y correcto es que lo hiciera sin reservas y actuase como lo haría cualquier político europeo, es decir, marchándose a su casa. Lo contrario únicamente se explica por el egotismo del personaje o por un inconsciente deseo de emular a Sansón y que con él caigan todos los filisteos (hablando en plata: si yo muero, el partido lo hace conmigo).

C.- La posición del Partido Socialista Obrero Español es aún más incomprensible. Parece que dicha formación considera que es una obligación presentarse al debate de investidura, pero no es así, de igual manera que si alguien se presenta a una oposición y pasa el primer examen, pero no tiene posibilidades de alcanzar plaza por lo escaso de su puntuación, no está ni mucho menos obligado a continuar hasta el final del proceso selectivo. Quiere ello decir que si a una persona, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez la nombra Secretario de Estado o Director General no puede renunciar, tiene obligatoriamente que aceptar tal nombramiento? Ridículo.

D.- La actitud de Podemos no deja de ser menos sorprendente, máxime aún en un grupo que se presenta como azote de “la casta”. En efecto, la comparecencia del líder rodeado de su plana mayor, a quienes presenta como miembros de un gabinete en el cual el señor Iglesias actuaría como Vicepresidente es un ejercicio de prepotencia tal que no puede dejar de producir sonrojo. Máxime cuando no ha hablado de programas, sino de nombres; no de ideas, sino de cargos. Que, además, se imponen, no se sugieren. Con ello se deja en mal lugar a Pedro Sánchez, a quien se le impone un “trágala” que, de aceptarlo, le debilitará no sólo ante su partido, sino ante la ciudadanía.

E.- Por último, creo, dicho sea con todos los respetos, que el monarca tampoco ha acertado completamente a la hora de abrir un nuevo periodo de consultas. Me explico. Si no se ha propuesto un candidato o si éste no ha llegado a exponer el programa político del gobierno que se propusiese formar, la Constitución no impone abrir una nueva ronda de consultas, que únicamente forzando la letra del texto constitucional, de llevarse a cabo ello tendría lugar una vez rechazado un candidato, pero no antes. Además, el monarca tiene en su mano toda la información precisa. Es más, un uso abusivo de las consultas suele ser más perjudicial que beneficioso, como los asesores jurídicos del monarca podrían comprobar simplemente echando un vistazo al brillantísimo artículo que con el título La formación del gobierno durante la Segunda República, publicara Joaquín Tomás Villarroya en el número 204 (noviembre-diciembre de 1975) de la Revista de Estudios Políticos.

En fin, que como decía hace poco un entrañable amigo, lo que parece necesita más que nada este Congreso de los Diputados es que sea visitado por El Tío La Vara. Ya saben…”Sus vi a crujir vivooooos. A tóos.” Y es que, “no es bueno que la vara quede con veneno dentro

Anuncios

Un comentario el “LA RENUNCIA A LA INVESTIDURA: CONSIDERACIONES A LA LUZ DEL DERECHO Y LA CIENCIA POLÍTICA.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s