DOS GRAVÍSIMAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN MENOS DE UN AÑO POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN MATERIA DE ACCESO A EMPLEO PÚBLICO.

Salto

En los últimos nueve meses la Universidad de Oviedo ha recibido dos sonoros varapalos judiciales que cuestionan el peculiar modo de actuar de un órgano en concreto, el Vicerrectorado de tal institución precisamente en un tema tan delicado cual es el empleo público. Se podrá decir que se trata de casos aislados, y en efecto, podría ser que se trate de simples disfunciones ocasionales, mas lo cierto es que cuando un comportamiento se repite una vez hay motivos para la sospecha, y si se repite más de una para barruntar que se trata de un patrón de conducta. Analicemos ambos casos.

I.- MODIFICACIÓN UNILATERAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR EL VICERRECTOR PARA NOMBRAR AD HOC A PERSONAS CONCRETAS COMO PROFESORES AYUDANTES DOCTORES SIN CONCURSO PÚBLICO.

El primero de los casos es, ciertamente, curioso y daría para un auténtico tratado de práctica jurídica. Un Jefe de Departamento, “siguiendo instrucciones del Vicerrector de Profesorado y Actuación Universitaria” (sic) saca a concurso una plaza de Profesor Ayudante, pero sin mediar la convocatoria pública preceptiva. La cuestión es que se presentaron varios candidatos y uno de ellos impugnó la convocatoria al Rector, alegando tanto la incompetencia del órgano convocante (dado que es el Rector de la Universidad quien ostenta legalmente la potestad para ello) como por la falta de publicidad. La cuestión era tan clara que el propio Rector estima el recurso de alzada. El Vicerrector (que, por cierto, no dejó de actuar con cierta cobardía, dado que en lugar de asumir como propio el comportamiento irregular da órdenes a otro para que lo cometa) se ve obligado a actuar. Y lo hace de una manera ciertamente curiosa: en unidad de acto modifica unilateralmente y sin procedimiento administrativo alguno la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de Oviedo para transformar la plaza de Profesor Ayudante en una de Profesor Ayudante Doctor, y en el mismo acto nombra a la misma a la persona ungida, poseedora de un ilustre apellido vinculado a la filología hispánica. Todo ello, obviamente, sin publicidad alguna, dado que ni la modificación ni el nombramiento se publicaron oficialmente.

Pues bien, la misma persona que impugnó el anterior nombramiento solicitó acceso al expediente y, una vez tuvo acceso al mismo (y, por tanto, conocimiento del acto concreto) lo impugna vía recurso de alzada ante el rectorado, quien lo desestima en una resolución de tres líneas que no entra para nada en la cuestión de la ilegalidad del acto; es más, implícitamente parece asumir la irregularidad de la actuación, pues su única argumentación es la esta: “Obviamente, se trata de una solución transitoria, dadas las actuales limitaciones para la convocatoria de plazas, y con el fin de asegurar la docencia para el presente curso. De dicha solución transitoria, que tuvo carácter general en todos los casos similares, se informó a la Mesa de Negociación del Personal Docente e Investigador y al Comité de Empresa. Por lo expuesto, dado el carácter temporal y excepcional de la contratación y dado que no se ha producido convocatoria de plazas, no resultan de aplicación las normas invocadas por el recurrente, lo que conlleva la desestimación del recurso.” La resolución es, ciertamente, impagable por dos motivos: la primera, porque, como hemos dicho, implícitamente reconoce la irregularidad, que pretende justificar en la imposibilidad legal de convocar las plazas; y la segunda, porque reconoce que ese comportamiento no es aislado, sino general. Y la conclusión es obvia: como no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, es decir, como no se han convocado legalmente las plazas, no es de aplicación la normativa que rige para ello y, por tanto, se desestima. No le quedó otra opción al interesado que acudir a la vía judicial donde, pásmense ustedes, la Universidad opuso en conclusiones que se había actuado de dicha manera porque, dada la imposibilidad legal de convocar plazas, hubo que proceder de tal manera para “evitar la publicidad y la ulterior impugnación” (sic).

El asunto fue resuelto por la Sentencia 100/2015 de 30 de abril del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Oviedo dictada en procedimiento abreviado número 101/2014. La misma es demoledora para la Universidad. Tras desestimar las excepciones formales que planteó el codemandado, la resolución judicial comienza reconociendo que “en principio, resulta sorprendente que se justifique la actuación administrativa con el fin de evitar la aplicación del artículo 23 de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2013, cuando, tal y como exige el artículo 103.1 la Constitución Española [sic] la Administración Pública debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho…”. En cuanto a las dos cuestiones planteadas (incompetencia del Vicerrector para modificar la Relación de Puestos de Trabajo y la omisión del procedimiento establecido para la convocatoria) son sucesivamente resueltas por la sentencia. Así, en cuanto a la incompetencia del Vicerrector para modificar la Relación de Puestos de Trabajo, se razona, en términos rotundos y muy duros para con dicha autoridad académica, que:

En este sentido, no pueden sino compartirse los argumentos expuestos por el demandante en el escrito rector del procedimiento. El art. 149.4 del Decreto 12/2010 de 3 de febrero por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo permite, efectivamente, que la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador pueda modificarse por ampliación o transformación de las plazas existentes. Ahora bien, el art. 149.5 señala que el Rector ordenará la elaboración de la plantilla y la citada RPT de cada ejercicio de acuerdo con las necesidades existentes, considerando las propuestas de los Departamentos y el informe de los órganos de representación del personal mencionado y, en su caso, previa negociación con dichos órganos. A continuación, tal y como exige el nº 6 de ese precepto, elaborará una propuesta y la remitirá al Consejo de gobierno, que es quien aprobará en cada ejercicio la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad, con expresión de las modificaciones que se introduzcan en la del ejercicio anterior. Se acompañará posteriormente al presupuesto anual de la Universidad, con inclusión en su estado de gastos de una evaluación del coste de la relación.

A la vista de cómo se ha actuado en este caso, y en el resto de los que aparecen en el expediente administrativo en donde hay numerosas amortizaciones-transformaciones de plazas con idéntica forma de proceder, la vulneración de la norma es clara. No consta que el Rector haya intervenido, ni que se hayan solicitado los informes oportunos, ni se acredita la existencia de negociaciones o de elaboración de las propuestas oportunas para la modificación ni, en ´ultima instancia, hay acuerdo del Consejo de gobierno, que es el órgano competente para decidir una modificación de la relación de puestos de trabajo del profesorado, como instrumento técnico para la ordenación del personal docente investigador de la Universidad, tal y como se desprende asimismo del art. 52.n de los Estatutos de la Universidad de Oviedo. De todo ello se deduce que hay una manifiesta, patente e injustificable falta de competencia del Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica para adoptar una decisión de transformación de la plaza como la que se llevó a cabo, con evidente omisión del procedimiento…..

En cuanto al segundo de los motivos de nulidad, es decir, la omisión del procedimiento legalmente establecido, la Sentencia considera que se ha actuado igualmente de forma irregular, y lo hace en términos no menos tajantes y rotundos:

Aún cuando se partiera de una transformación de la plaza ajustada a derecho, su cobertura posterior exigía inexorablemente que se acudiese a un concurso público, con la necesaria publicidad, a fin de permitir el acceso de los posibles interesados bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Así lo imponen los artículos 48.3 y 50 de la Ley Orgánica de Universidades y 158 del Decreto 12/2010 por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Asimismo, era imperativo respetar los requisitos generales y específicos contemplados en los arts. 3 y 21 del Reglamento para los concursos de provisión de plazas de Cuerpos docentes universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador contratado en régimen de derecho laboral, aprobado por Acuerdo de 26 de junio de 2008 del Consejo de Gobierno.

En última instancia ni siquiera consta que la contratación haya sido realizada por el Rector, tal y como disponen los artículos 22.6 del Reglamento para los concursos de provisión de plazas de Cuerpos docentes universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador contratado en régimen laboral y 60.ñ de los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

Todo este derecho vigente ha sido orillado de manera flagrante en el presente caso.

Buena prueba de la flagrante irregularidad es que la Universidad no apela la sentencia, y ni tan siquiera se persona en el recurso de apelación planteado por el profesor universitario afectado. Y la Sentencia 863/2015 de 30 de noviembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso número 158/2015, desestima la apelación confirmando íntegramente la sentencia de instancia. Tras reconocer que “apelante en realidad se limita a reiterar motivaciones que fueron resueltas por el poco entiende esta Sala que deba añadir a lo allí expuesto, por cuanto en esta fase de apelación la parte juzgador de instancia en la sentencia apelada”, confirma en todos sus extremos la misma con este breve razonamiento:

En este último aspecto, resulta clara la conclusión a la que ha de llegarse de declarar la nulidad de la actuación administrativa impugnada, como acertadamente se hace en la instancia, no solo por la falta de competencia del Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica para adoptar una decisión de transformación de la plaza controvertida, sino por la total omisión de procedimiento, sustrayendo a eventuales terceros interesados la posibilidad de acceder a la misma en condiciones de respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad constitucionalmente reconocidos.

En definitiva, todo un sonoro bofetón judicial en el administrativo rostro de la Universidad de Oviedo, que se caracterizó en este punto por haberse saltado a la torera todas las normas habidas y por haber. Pero, como veremos a continuación, dicho ente público lejos de escarmentar continuó haciendo de las suyas.

II.- EXCLUSIÓN POR EL VICERRECTOR DE CANDIDATOS PARA UNA PLAZA DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR POR ESTAR “SOBRECUALIFICADOS”, Y PURGA DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN DISCONFORMES CON SU ACTUAR.

En esta ocasión, se produce una convocatoria en forma legal, pero tres candidatos inicialmente admitidos, son ulteriormente excluidos del proceso al alegarse una “sobrecualificación” (sic). La cuestión era tan sangrante que tres miembros de la Comisión de Selección se negaron a avalar tal cuestión, por lo que el Vicerrector, ni corto ni perezoso, nombra a una nueva Comisión en la que excluye a los tres miembros discrepantes. Vamos, que rigor rigor, como no sea rigor mortis, no es que haya mucho.

La cuestión llega de nuevo a la vía judicial y es resuelta por la recentísima Sentencia 18/2016 de 26 de enero del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Oviedo dictada en Procedimiento Abreviado 374/2015, que estima el recurso y anula la actuación administrativa impugnada. Respecto de la pretendida sobrecualificación, argumenta lo siguiente:

Por tanto y con los límites, especialmente temporales que establece la Ley Orgánica de Universidades, lo cierto es que no se aprecia una sobrecualificación en ninguno de los tres candidatos. En efecto, tal y como resultó probado en el juicio del mismo modo que la finalidad del contrato de quien sea adjudicataria/o de la plaza controvertida será la de desarrollar tareas docentes y de investigación, se cumple también de manera temporal y precaria en el caso de los profesores titulares interinos a tiempo parcial. De hecho, como explicó una profesora titular que testificó, la carga docente del ayudante llega en muchos casos a ser más considerable que la de los propios profesores titulares.

Por tanto, es preciso reconocer el derecho de los recurrentes a que se les incluya en el procedimiento selectivo y se les otorgue las puntuaciones a los efectos oportunos.

Pero en la segunda de las cuestiones, es decir, la “purga” de los miembros discrepantes de la Comisión, la Sentencia es rotunda:

…se deduce inequívocamente que se excluyó a los tres miembros de la comisión por no estar de acuerdo en el baremo ni en los modos que se desarrollaba y se levantaba acta de las reuniones de la comisión de selección.

Sobre este particular, debe señalarse que por esta vía se ha pretendido establecer una nueva comisión que, además de la composición del presidente y del secretario, sea más dócil precisamente a estos dos miembros de la comisión […] Por tanto, este Juzgado no comprende que dentro de la comisión de selección no se haya seguido tales normas y hayan tenido que ser tres miembros de la comisión, luego excluidos de la misma, los que hayan tenido que manifestar sus discrepancias que no se hicieron constar en las actas correspondientes por la secretaria de tal comisión. Ahora bien, que ya roza el absurdo es que el mismo Rectorado anule las actuaciones de la comisión de selección por haber quedado la comisión con menos de tres miembros y ordene el sorteo de una nueva comisión excluyendo a los tres profesores discrepantes. Por tanto, debe reconocerse que tal proceder es manifiestamente contrario a Derecho y debe anularse en la medida en que se excluye a los tres miembros discrepantes.

Motivos por los que estima el recurso con expresa imposición de costas a la Universidad, siendo algo llamativo que, en contra de lo que suele ser habitual, no se limiten las mismas hasta una cifra máxima, lo que da idea de la gravedad del asunto.

III- CONCLUSIÓN.

La actuación seguida en ambos casos por la Universidad de Oviedo recuerda la célebre frase que se atribuía al juez Roy Bean cuando una persona que tuvo el dudoso honor de caer en sus manos clamaba por su derecho a un proceso con todas las garantías: “Por supuesto que tendrás un juicio justo. Y luego te ahorcaré. Y con mis propias manos.” Todo parece indicar que a la hora de seleccionar el profesorado la pulcritud en el respeto a las normas procedimentales brilla precisamente por su ausencia.

De todas formas, creo honestamente que la actuación del Vicerrector de Profesorado y Ordenación Universitaria, a la vista de cómo ha procedido en su actuar vulnerando toda la normativa habida y por haber, es acreedor al mismo honor que en la divertidísima obra La venganza de don Mendo, el rey Alfonso VII otorgaba al marqués de Toro por su infatigable labor desarrollada para “tomar Baños”: un escudo nobiliario con cinco banderillas por enseña sobre las cuales se estampase la divisa “No hay barreras para mi, pues si hay barreras las salto.”

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