ADMINISTRACIÓN Y CONTROL JUDICIAL EN LOS DERECHOS ESPAÑOL Y NORTEAMERICANO

Justicia

Sin duda alguna la diferencia crucial existente entre el Derecho administrativo español y el norteamericano es que el primero tiene unas bases constitucionales de las que el segundo carece. En efecto, la Administración española goza de una relevancia constitucional, y así mediante un examen somero de algunos preceptos constitucionales verificaremos que aquélla “sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” (artículo 103.1), que se encuentra bajo la dirección del Gobierno –a quien se reconoce explícitamente la potestad reglamentaria (artículo 97.1)- y que la legalidad de su actuación es controlada por los Tribunales (artículo 106.1). En definitiva, que los rasgos constitucionales de nuestra Administración se encuentran claramente delimitados: objetividad de su actuación, dirigida por el Gobierno y sometida al control judicial en cuanto a su legalidad. Ninguno de esos rasgos podemos encontrarlos en la benemérita y veterana Constitución de los Estados Unidos de América.

En efecto, la Constitución norteamericana no sólo no contiene mención alguna a la Administración, sino que por mencionar no menciona ni al Gobierno, dado que su Artículo II únicamente se refiere al Presidente de los Estados Unidos, a quien se atribuye todo el Poder Ejecutivo, y al Vicepresidente, cuya relevancia actual es infinitamente mayor que la que tenía en los años iniciales, donde la única atribución real que ostentaba era la presidencia del Senado, por lo que su poder real se limitaba a deshacer un eventual empate con su voto de calidad; de ahí que el primer vicepresidente de los Estados Unidos, John Adams, se lamentase por vía epistolar de esa carencia de funciones: “My country has contrived for me the most insignificant office that ever the invention of man contrived or his imagination conceived.” Ello no quiere decir que no hubiese una Administración desde el mismo arrancar de la nueva nación, pero la misma no adquirió importancia nada menos que hasta finales del siglo XIX, en lo que la doctrina ha denominado Administrative state; todo lo contrario, pues, que en el viejo continente, donde en países como Francia o España desde principios del siglo XIX el poder ejecutivo y la Administración adquirieron una importancia crucial en el desarrollo social.

En los Estados Unidos, la norma básica en materia administrativa continúa siendo la Act to improve the administration of justice by prescribing fair administrative procedure, cuya denominación abreviada es Administrative Procedure Act, sancionada por el Presidente Truman el 11 de junio de 1946. Pero junto con esa norma básica o elemental adquieren una importancia crucial las leyes de creación de cada agencia administrativa (enabling statutes) y ello por dos razones: la primera, porque son esas leyes de creación de los entes quienes delimitan sus objetivos pero la segunda, y más importante, es que la carencia de una cláusula general que atribuya la potestad reglamentaria hace que sean precisamente estas normas las que contengan una cláusula general de habilitación tanto para dictar normas (rules) como actos administrativos. De hecho, en la doctrina iuspublicista califica la potestad de dictar normas de quasilegislative, mientras que la competencia para dictar actos administrativos es definida como quasijudicial.

Conviene tener igualmente en cuenta que en lo referente al acceso a los Tribunales la legislación puede imponer una serie de requisitos esenciales de tal manera que si el demandante no logra cumplir los mismos se encontrará con que los órganos judiciales rechazarán de plano el asunto. Se trata de la distinción entre elementos “jurisdiccionales” y “no jurisdiccionales”. Respecto a los primeros, elementos jurisdiccionales, se trata de aquéllos que la ley configura como esenciales para obtener una tutela judicial sobre el fondo, de tal manera que si el demandante no logra demostrar que concurren los mismos verá inadmitida de plano su pretensión sin entrar sobre el fondo; por el contrario, la carencia de los elementos “no jurisdiccionales” no impiden a los juzgados conocer el fondo del asunto, sin perjuicio de que el demandado pueda invocar su inexistencia, pero no implican necesariamente que el caso se cierre en falso sin entrar sobre el fondo. Esta distinción la abordó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia Jennifer Arbaugh v. Y & H Corporation, DBA The moonlight café, hecha pública el día 22 de febrero de 2006 y que contó con el voto unánime de los ocho magistrados (el juez Samuel Alito no tomó parte en el caso) donde se sentó como doctrina que para considerar un elemento como jurisdiccional el Congreso ha de establecerlo en la norma legal de forma clara, y no imprecisa o implícita. Es decir, que dado que se trata de elementos decisivos cuya falta de concurrencia impide un pronunciamiento sobre el fondo, el Tribunal Supremo optó por una interpretación restrictiva de dicho término, para orientarlo de forma más favorable hacia el derecho de defensa. La importancia de esta distinción en el ámbito del Derecho administrativo es evidente, pues la Administrative Procedure Actauthorizes judicial review only of final agency action for which there is no other adequate remedy in a court” (“únicamente permite el control judicial de las actuaciones administrativas finales para las que no existe otro remedio judicial adecuado”). La división jurisprudencial existente en la materia es analizada en el segundo epígrafe del recentísimo artículo Jurisdictional rules and final agency action, publicado en la Revista de Derecho de Yale, cuya lectura recomendamos al lector interesado.

En definitiva, dos sistemas diferentes, cada uno con sus rasgos específicos adecuados a las sociedades que los vieron nacer.

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