UN EXCELENTE ANÁLISIS SOBRE LA NUEVA CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y EL ´”INTERÉS CASACIONAL”

Justicia

José Ramón Chaves García en una entrada que con el título Cuenta atrás para el despegue del recurso de casación contencioso-administrativo publicaba ayer en su imprescindible blog de derecho público, abordaba magistralmente el tema del nuevo régimen de la casación en el orden contencioso-administrativo, facilitando diversos trabajos sobre el tema, entre ellos con enorme generosidad citaba expresamente una entrada que publicábamos en este blog. Pues bien, quisiera añadir un par de trabajos más a los facilitados en dicho post. El primero de ellos es el artículo titulado Una aproximación al nuevo sistema casacional, que Juan Alfonso Santamaría Pastor publica en el número 198 (septiembre-diciembre de 2015) de la Revista de Administración Pública. El segundo trabajo se debe a Raúl César Cancio Fernández, y es el breve librito publicado en Thomson Reuters Aranzadi con el título El nuevo recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, y es el que vamos a comentar sucintamente en esta entrada.

La aproximación que se hace al nuevo sistema casacional en el libro es meritorio por muchos motivos. En primer lugar, porque su autor ostenta la condición de Letrado del Tribunal Supremo, lo cual dota a la obra de un innegable carácter práctico. En segundo lugar, porque el análisis no es en modo alguno extenso ni farragoso, sino que, por el contrario, es breve, directo, conciso y accesible, centrándose directamente en los aspectos más importantes, acreditando una vez más el aserto de que “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. En tercer lugar, porque el libro, en formato papel, ofrece la posibilidad de acceder a la versión electrónica del mismo lo cual es utilísimo en un mundo donde pese a las resistencias lo tecnológico se va imponiendo poco a poco. Y cuarto, porque la obra en cuestión tiene un coste muy reducido y asumible para cualquier bolsillo.

El núcleo esencial del libro se encuentra en los dos primeros capítulos de los cinco que lo integran. El primero analiza la modificación operada en la Ley 29/1998 de 13 de julio por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, y lo hace sistemáticamente, artículo por artículo. La segunda aborda lo que es el pilar o base de la nueva reforma, es decir, el “interés casacional”. Y ese análisis se efectúa con referencias históricas, jurisprudenciales y, sobre todo, como no podía ser menos, con un análisis jurídico del sistema norteamericano del writ of certiorari ya que, como indicamos en esta bitácora en nuestro análisis de urgencia efectuado el día 22 de julio de 2015 (es decir, mismo día que el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio), para alguien mínimamente familiarizado con el sistema judicial estadounidense quedaba meridianamente claro que el certiorari era la clara inspiración del nuevo sistema casacional que la reforma de 2015 erige.

En el libro no rehúsa el autor efectuar algunas opiniones que, sin duda alguna, darán pie a una jugosa polémica. Como, por ejemplo, la contenida en la página 26 cuando en forma de interrogante plantea una interesante cuestión: “Por qué no, en fin, coordinadamente con el Consejo General de la Abogacía, establecer una especial cualificación a los abogados para actuar profesionalmente ante las magistraturas superiores, de manera que esa restricción en el ejercicio de la abogacía ante el Tribunal Supremo opere como filtro adicional de entrada, constituido no tanto desde la perspectiva del órgano como sobre el reforzamiento de la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a los tribunales de los justiciables, que se verán respaldados por el asesoramiento técnico del más alto nivel, acorde con las exigencias preparatorias del nuevo sistema casacional?” Es cierto que esa cualificación adicional se exige en los Estados Unidos, pero me atrevería humildemente a indicar que de contestar de forma afirmativa a ese interrogante, es decir, de exigir esa cualificación adicional, ello evidentemente supondría un incremento en las tarifas o minutas de los letrados, y conllevaría necesariamente que el Tribunal Supremo revisase su cicatera e infumable doctrina a la hora de reducir las minutas de los profesionales con los criterios más imaginativos que causarían sin duda perplejidad y sonrojo al otro lado del Atlántico. Y cabría recordar, también, que en la actualidad todos los jueces del Tribunal Supremo han sido, con anterioridad, abogados en ejercicio, y su presidente, John Roberts ha sido, en palabras de su colega Elena Kagan, el mejor abogado que ha pasado por dicha institución.

No dejan de ser interesantes las reflexiones contenidas en el cuarto capítulo del libro, donde analiza el papel del Tribunal Supremo ante el nuevo régimen casacional, con especial referencia al Gabinete Técnico (versión castiza del cert pool norteamericano) como órgano de asistencia a la hora de admitir los recursos. En el mismo efectúa una serie de comparaciones estadísticas que no dejan de ser curiosas. Por ejemplo, cuando se contrasta la organización de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del Reino de España (treinta y ocho magistrados y veintitrés letrados del gabinete técnico) con la de su homólogo estadounidense (nueve magistrados con treinta y siete letrados); pero mientras el estadounidense recibió durante el año 2014 un total de casi diez mil peticiones de certiorari y resolvió únicamente setenta y seis, el español, según esta obra, recibió “5565 asuntos, resolviendo 5566” (sic). Algo que convendría matizar. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene nueve miembros, pero no está distribuido en salas, es decir, que únicamente funciona en Pleno, y es el órgano máximo para todas las jurisdicciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español cuadriplica el número de miembros y recibe justo la mitad de asuntos que su homólogo estadounidense. Parece bien claro que la nueva reforma lo      que persigue es lo mismo que ocurre en Estados Unidos: que sea el propio Tribunal Supremo el único responsable de su ritmo y manera de actuar.

El libro se cierra con un cuadro sinóptico y comparativo donde se permite contrastar la redacción anterior y actual de los preceptos de la Ley 29/1998 de 13 de julio, y donde el autor destaca tanto las partes eliminadas como las añadidas por la nueva Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, lo que hace de este apéndice un instrumento utilísimo.

En definitiva, una obra clara, didáctica y muy recomendable para adentrarse en ese mar de los sargazos que constituirá el nuevo régimen casacional.

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