LA FALTA DE MEDIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: ENTRE UNA REALIDAD INNEGABLE Y UNA EXCUSA MANIDA.

Modernización justicia

Cuando se habla de falta de medios en la Administración de Justicia no se hace otra cosa que constatar una realidad evidente para cualquiera que ejerza de forma cotidiana sus tareas profesionales en dicho ámbito. Pero no es menos cierto que esa falta de medios también es utilizada como excusa para tapar o esconder hechos que nada tienen que ver con ello.

I.- LA FALTA DE MEDIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO REALIDAD.

La Administración de Justicia es la “hermana pobre”, la auténtica Cenicienta del Estado. De los tres poderes, es el más sistemáticamente olvidado y ninguneado por los otros dos. Si Alexander Hamilton decía, refiriéndose al Poder Judicial, que el mismo era “the least dangerous branch” (el menos peligroso de los poderes), parece que, sin embargo, no deja de ser el más temido. No es que cuando el Poder Judicial deba resolver las controversias o litigios entre particulares ejerza una función temible o preocupante, pero cuando ha de resolver asuntos donde una de las partes es la Administración, la cosa cambia. No digamos ya cuando se trata de enjuiciar el comportamiento penalmente reprochable de ciertas autoridades. Por ello, para mantener a este incómodo hermano menor dentro de sus dependencias y que moleste lo menos posible, la mejor forma de reducir o disminuir la eficacia del mismo es desapoderarlo de facto. Esa labor de desapoderamiento puede efectuarse por dos vías no necesariamente excluyentes. La primera, reduciendo notablemente sus funciones; la segunda no dotarle de los medios materiales precisos o, en el mejor de los casos y para cubrir las apariencias, ofrecerle unas dotaciones claramente insuficientes cuando no arcaicas o desfasadas. En cuanto a lo segundo, compare el ciudadano los medios de los que goza la más humilde dependencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con los que gozan algunos de los órganos judiciales no precisamente más importantes.

También ha de reconocerse que junto a esos factores que pudiéramos llamar extrínsecos (por ser ajenos a la voluntad del Poder Judicial) existen otros factores intrínsecos. Estos a su vez pueden clasificarse en dos: generales o comunes y privativos de la Justicia. Entre los primeros destacan la clásica e irremisible querencia de nuestro país por todo lo que signifique burocracia, papeleo y trámites inútiles o superfluos. Entre los segundos la inercia tradicional de la Justicia y su proverbial carácter reacio a toda modificación. Detengámonos un momento en ambas.

1.- España ha sido tradicionalmente el país de la burocracia, de las barreras formales, de la acumulación del papeleo, de las presentaciones por duplicado, triplicado e incluso cuadriplicado. Folios y folios que se amontonaban en las dependencias legislativas, administrativas y judiciales. Ello ha llevado en ocasiones a consecuencias realmente paradójicas como, por ejemplo, que esa burocracia enfermiza ha permitido a los historiadores conocer los procesos tramitados por la Inquisición española de una forma mucho más exhaustiva y completa que la de sus homólogas europeas, más preocupadas por el fondo que por la forma. Pero lo cierto es que esa innecesaria acumulación de trámites y amontonamiento de escritos inevitablemente terminaría por ahogar físicamente cualquier dependencia legislativa, administrativa o judicial, incluso mediando el correspondiente expurgo de documentos. Por ello, evidentemente cuesta y choca con el carácter tradicionalmente burocrático y clásico innovaciones tales como la eliminación del papeleo.

2.- A la anterior nota típicamente española ha de añadirse la nota general común a la Administración de Justicia de cualquier país, cual es la renuencia a cualquier cambio brusco que suponga una innovación. Esta nota característica no es privativa de nuestro país, y no en vano hace justo un año comentábamos desde esta misma bitácora, en la entrada que llevaba por título https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2015/01/29/justicia-y-nuevas-tecnologias-en-el-informe-anual-del-chief-justice/, cómo el chief justice John Roberts dedicaba su informe anual a este tema e incidía en el hecho de que “los Tribunales siempre actuarán prudentemente a la hora de acoger las grandes novedades.”. Esa prudencia, en España, tiene unas cotas mucho más elevadas que en otros países, y sin negar en absoluto determinadas carencias (que son reales y evidentes) no es menos cierto que muchos de los empleados públicos vinculados a la Administración de Justicia ven no con muy buenos ojos la modernización.

La implantación del sistema Lexnet en la Administración de Justicia desde el 1 de enero de 2016 ha sido muy contestada desde varios sectores. Con ser una medida muy deseable y necesaria, es cierto que se ha hecho haciendo gala de otra característica muy típica del mundo español: improvisación. En efecto, la implantación hubiera debido hacerse de forma gradual, escalonada, y lo que es más importante, tras haber dotado al sistema de unas características que le permitieran funcionar con cierta estabilidad y permitiendo el envío de documentos de gran capacidad. No se ha hecho así. Compárese con lo ocurrido en dos leyes aprobadas y publicadas con cuatro días de diferencia. La Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que la misma entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (plazo que se eleva a dos en el caso de creación de determinados registros electrónicos), mientras que la Disposición Final Duodécima de la Ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil dispone que la misma entra en vigor al día siguiente de su publicación, salvo en lo referente a la presentación telemática de escritos, que “generosamente” se demora al 1 de enero de 2016, es decir, menos de tres meses. En otras palabras, que lo que en el ámbito administrativo se hace de forma, permítaseme utilizar una expresión azoriniana, “pausada, lenta, melancólica” en el ámbito judicial el cambio es amazacotado, abrupto. Y, lo que es más grave, sin el reposo y estudio necesario para verificar si el sistema es capaz de prestar sus funciones de manera efectiva.

Quizá con ello las hermanas mayores de la cenicienta buscaban forzar de esta manera que el zapato de cristal no ahorme al pie de la Cenicienta Justicia.

II.- LA FALTA DE MEDIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO EXCUSA.

Siendo incuestionable la realidad expuesta en el punto anterior, lo cierto es que también dichas carencias son en ocasiones esgrimidas como excusa o argumento justificativo para tapar con su manto disfunciones no imputables precisamente al utillaje o medios materiales de la Administración de Justicia. Para ello, nada mejor que ilustrar esta tesis con un ejemplo práctico.
En una ciudad de España (de cuyo nombre me acuerdo perfectamente) existen cuatro juzgados de un determinado orden jurisdiccional. Todos ellos se encuentran ubicados en el mismo inmueble, tienen aproximadamente el mismo espacio físico, el mismo número de funcionarios, los mismos equipos informáticos y el mismo software. Pero mientras tres de ellos funcionan razonablemente bien, el cuarto (que no es precisamente el más antiguo) efectúa los señalamientos a un año vista, celebrada la cual el interesado verá cómo la sentencia se demora aún otro periodo que oscila entre los tres y cinco meses. Conste, lo decimos de antemano, que la persona encargada de ejercer la función jurisdiccional en dicho órgano es no sólo de trato amabilísimo, cordial en extremo y que nunca jamás ha tenido una mala palabra o gesto, dones a los que añade una naturaleza muy trabajadora. Pero, como decía Sherlock Holmes en uno de sus más célebres asertos, “cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, lo que quede, por muy improbable que parezca, es la verdad”. Es evidente que en supuestos como el descrito (y que en modo alguno supone un caso aislado) cuando determinadas características son idénticas la disfunción ha de buscarse en el elemento variable y, por tanto, las demoras y retrasos no pueden ser imputados a los medios materiales (idénticos en todos los casos), sino que la conclusión evidente, si seguimos el aserto holmesiano, es que falla el elemento cualitativo o personal, que es el único factor de diferenciación.
Lo cual me recuerda un hecho ciertamente inenarrable y típico de la naturaleza española. Si uno tiene la curiosidad de examinar quiénes integran las Unidades Inspectoras del Consejo General del Poder Judicial, podrá encontrarse con la sorpresa, tremenda sorpresa, que uno de los Inspectores Delegados es una persona de trato igualmente cordial, amable y educadísimo, pero que tiene como mérito curricular el haber llevado a una situación prácticamente de quiebra técnica a dos órganos jurisdiccionales, uno de ellos, además, de nueva creación. Indiscutible que experiencia en retrasos tiene, pero jamás la imaginación pudo concebir que ello pudiera constituir mérito suficiente para ser nombrado nada menos que responsable de la “inspección y vigilancia” para la “la comprobación y el control del buen funcionamiento de la Administración de Justicia” (así describe esa función inspectora el artículo 171 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio y se indica en la propia página web del Consejo General del Poder Judicial).

En fín tema éste de los medios en la Administración de Justicia que ha dado, da y de forma inevitable continuará dando mucho que hablar.

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