EL PODER AMORDAZADO: UNA LÚCIDA “LLAMADA DE AUXILIO” EFECTUADA POR EL MAGISTRADO JESÚS VILLEGAS

El poder amordazado

A través de un joven amigo opositor a judicatura, conocí la existencia del libro El poder amordazado. La historia oculta de cómo el poder político se ha infiltrado en la justicia española, del que es autor Jesús Villegas, un magistrado en activo. No es la primera vez ni seguramente será la última que se escriba sobre el tema. A los dos clásicos trabajos del maestro Alejandro Nieto (El desgobierno judicial y El malestar de los jueces y el modelo judicial) se une el impagable estudio de Diego Íñiguez Hernández (El fracaso del autogobierno judicial) y el debido al José Luís Requero Ibáñez, hoy magistrado del Tribunal Supremo, publicado en el 2009 con el significativo título de Asalto a la Justicia: la última barrera ante el totalitarismo. Dado que el tema me interesa sobremanera, no pude resistir la tentación de adquirir el libro el sábado por la mañana, y al día siguiente ya reposaba sobre mi estante tras haber sido culminada con éxito su atenta lectura.

El libro no sólo es interesante, ameno, ilustrativo y escrito con un estilo sencillo y asequible al profano. Tiene una cualidad adicional: es valiente. El propio Jesús Villegas lo califica más que como estudio o análisis (que lo es, y muy exhaustivo pese a lo reducido de su tamaño) como una “llamada de auxilio”. En efecto, la tesis central del libro es la corrupción del sistema judicial debido a la infiltración del mortal virus de la política en las instituciones judiciales, inoculado por los dirigentes políticos pero (y esta es lo importante, no por lo novedoso de la tesis sino por ser reconocida expresamente por un integrante del Poder Judicial) con la inestimable colaboración de algunos integrantes de la magistratura. Es evidente que el tener el autor la categoría de magistrado dota al estudio de unas ventajas, pero también de algunos inconvenientes. La ventaja es que se habla desde el privilegio de conocer la situación desde dentro, es decir, que se escribe intramuros del sistema, por lo que indudablemente habla con un perfecto conocimiento interno de la situación. No obstante, y de forma paradójica, esta ventaja supone también uno de los mayores inconveniente, dado que pese a que el autor intenta noblemente realizar un esfuerzo de objetividad que en gran parte consigue, no logra del todo desprenderse de algunas taras que caracterizan a los jueces de oposición.

Quisiera resumir algunos de los puntos que me han llamado la atención.

1.- “La tesis central de este libro consiste en que la politización es la mayor enfermedad que padece el poder judicial. Ahora bien, los políticos no lograrían inmiscuirse si no contasen con cierta ayuda en la propia carrera judicial, si desde dentro no les pasaran las llaves para colarse en la alcoba de la justicia.” Es un gesto de valentía que un juez en activo reconozca lo que, por otra parte, no es otra cosa que un secreto a voces: la imprescindible colaboración de algunos miembros del poder judicial, es decir, con la ayuda de políticos con toga más que jueces con simpatías políticas. Existen, pues, auténticos caballos de Troya en el seno del Poder Judicial, personas que como el duque Van Guld en las célebres novelas de Emilio Salgari han logrado abatir desde dentro una heroica resistencia a cambio de una jugosa retribución en forma de gobernación de una importante colonia española en forma de destino. Tampoco en esta ocasión han faltado, como en el célebre episodio de los gansos de Roma, avisos que alertaran del ataque, pero (y aquí es donde me aparto levemente del autor) no he visto en los jueces una resistencia muy activa hasta que les ha afectado directamente la cuestión. Parece que únicamente cuando esa infiltración amenaza personalmente a alguno de sus integrantes el Poder aletargado despierta para dar algún coletazo. Es cierto que en los últimos años se ha despertado en los magistrados de nuestro país un vigoroso espíritu de reivindicación de la independencia judicial, pero no he visto, por ejemplo, reacción alguna del colectivo cuando el Juan Fernando López Aguilar (ex ministro de Justicia, nada menos), dijese abiertamente que el Consejo no es un “órgano de gobierno de los jueces” sino un “órgano político” para controlar a la magistratura; o cuando el inefable Álvaro Cuesta justificase su nombramiento como vocal de dicha institución no en base a sus méritos como jurista, sino por ser un “político honrado” (sic).

2.- Valoración negativa del Consejo General del Poder Judicial en su composición actual. En este sentido, el libro es muy crítico con la actual forma de designación de los vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces. No obstante, aquí he de reconocer que el autor se muestra quizá en exceso escrupuloso, pues estamos ante una de las poquísimas ocasiones donde el Consejo General Poder Judicial en su momento actuó con dignidad, siendo el único y exclusivo culpable de la situación el nefasto Tribunal Constitucional (órgano, por cierto, que según el autor el libro que glosamos se “ha degradado hasta convertirse en una de las instituciones más sectarias de nuestro país, prótesis togada del poder político”, valoración que suscribo íntegramente y que si de algo peca es de un excesivamente generoso pudor), auténtica peste negra de nuestro ordenamiento jurídico. Me explicaré.

Cuando se aprueba la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, el Consejo General del Poder Judicial, entonces presidido por Federico Carlos Sáinz de Robles (por cierto, hijo de uno de los grandes expertos en nuestra literatura a quien se deben los estudios introductorios a autores como Alejandro Casona, Pérez Galdós o Lope de Vega en las ediciones de las Obras completas publicadas en su día por Aguilar) interpuso ante el máximo intérprete de la Constitución un conflicto entre órganos constitucionales del Estado, el único que se ha presentado hasta hoy. Pues bien, en su Sentencia 45/1986 de 17 de abril del Pleno del Tribunal Constitucional, se desestima el recurso por motivos exclusivamente técnicos y de legitimación, al entender de forma harto discutible que “las atribuciones que se reivindican, las referentes a la elección de determinados Vocales, los judiciales, del Consejo General del Poder Judicial aunque referidos al modo de integrarse el propio órgano, no se reivindica para el propio Consejo, ni siquiera para el Poder Judicial como tal, en cuanto ejercicio de potestades jurisdiccionales, sino, respecto a la intervención en el proceso de designación de aquéllos de los Jueces y Magistrados de carrera, y por tanto, como un derecho de sufragio atribuido a sujetos titulares de órganos judiciales para integrar parcialmente, mediante su ejercicio un órgano del Estado. Ejerciendo tal derecho los Jueces y Magistrados no desplegarían competencias o atribuciones públicas «constitucionales», imputables al Estado como tales órganos estatales, sino más bien, un derecho electoral personal, de carácter subjetivo, cuya actuación no implicaría el ejercicio de potestades de imperio. Se trataría, pues, de una posición subjetiva, vinculada a la condición de miembro de carrera integrante del Poder Judicial, pero ajeno del todo al ámbito de los conflictos constitucionales.” No obstante, esa auténtica calamidad pública que por desgracia tiene aún la condición de intérprete supremo de la Constitución, culmina su degradación institucional y moral en la Sentencia 108/1986 de 29 de julio del Pleno del Tribunal Constitucional, donde este pretendió convertirse en una mezcla de Poncio Pilatos y de Casandra. En una de las resoluciones más vergonzosas y lamentables que la historia jurídica recuerda, el Tribunal declara conforme a la Constitución el nuevo modo de elección de vocales razonando, entre otras cosas, que: “la posición de los integrantes de un órgano no tiene por qué depender de manera ineludible de quienes sean los encargados de su designación sino que deriva de la situación que les otorgue el ordenamiento jurídico. En el caso del Consejo, todos sus Vocales, incluidos los que forzosamente han de ser propuestos por las Cámaras y los que lo sean por cualquier otro mecanismo, no están vinculados al órgano proponente, como lo demuestra la prohibición del mandato imperativo (art. 119.2 de la LOPJ) y la fijación de un plazo determinado de mandato (cinco años), que no coincide con el de las Cámaras y durante los cuales no pueden ser removidos más que en los casos taxativamente determinados en la Ley Orgánica (art. 119.2 citada)”. No obstante, la mala conciencia subyacente se explicita en la sentencia y el máximo responsable de esta situación pretendía salvaguardarse frente a futuras críticas con el siguiente y sorprendente párrafo, absolutamente innecesario salvo para intentar templar gaitas y tratar de nadar y guardar la ropa: “pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 LOPJ). Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.” Ya conoce el lector el viejo aserto excusatio non petita, acusatio manifiesta.

En definitiva, que en este punto, la aprobación de la Ley Orgánica 6/1985, el Poder Judicial, a través de su Consejo, actuó con dignidad intachable. Quien se cubrió una vez más de lodo fue el Tribunal Constitucional, máximo responsable, como en tantos otros ámbitos, de la degradación de nuestro sistema democrático. Y es que si en algo tiene experiencia el máximo intérprete de la Constitución es en crear problemas donde no los hay.

3.- Papel del juez. La clásica dicotomía entre juez limitado a aplicar la ley y juez comprometido es abordada a lo largo de la obra. No es este un tema privativo que se limite a nuestras fronteras, sino que se reproduce en cualquier ordenamiento. Así, por ejemplo, en el ámbito norteamericano existe una división entre quienes defienden un judicial activism y quienes oponen a éste un judicial restrain, es decir, entre quienes sostienen que el Poder Judicial ha de limitarse a aplicar la ley y quienes, por el contrario, sostienen que el juez ha de ser un instrumento esencial para profundizar en la democracia. Un ejemplo clarísimo y reciente lo ofrece la sentencia Obergefell v. Hodges, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos vincula el matrimonio entre personas con mismo sexo con preceptos constitucionales. La sentencia es un típico ejemplo del judicial activism, porque se dota de rango constitucional a un derecho que no está recogido en la constitución, es decir, que el derecho es de creación jurisprudencial; en un voto particular, John Roberts discrepa de la sentencia no porque entienda que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho (es muy ilustrativo que el juez, católico practicante al igual que el ponente de la sentencia, reconozca que, en efecto, en cuanto al fondo los demandantes tienen muy poderosos argumentos a su favor) sino que su objeción es estrictamente formal, al entender que es el Poder Legislativo quien tiene que pronunciarse sobre el tema (como se ha hecho en nuestro país) y no el Poder Judicial. Y aunque el debate al otro lado del Atlántico es más académico y de filosofía jurídica que político, no dejan de subyacer motivos estrictamente políticos e incluso coyunturales a la hora de optar entre una u otra postura, pues quienes defienden un activismo judicial cuando las resoluciones judiciales coinciden con sus puntos de vista (como por ejemplo ocurre con los defensores de la era Warren o de la doctrina Roe) son los más furibundos defensores del judicial restrain cuando les disgusta el fondo de una sentencia. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en la obra (magnífica, por otra parte) de Jeffrey Toobin: no duda en elevar a los altares la jurisprudencia avanzada del Tribunal Supremo cuando fue presidido por Earl Warren, que se caracterizó por romper en muchos casos ataduras con el pasado y revocando jurisprudencia en algunos casos centenaria; pero ese mismo autor que defiende en este caso el judicial activism a la hora de analizar la época de Rehnquist o Roberts les critica….por apartarse de los precedentes de la era Warren!! Es decir, que lo que está bien para uno no lo está para otro. Es un tema, pues, muy complicado.

4.- La selección del juez. Nos encontramos ante un tema clave y esencial, pues nada beneficia más a un Estado que tener buenos jueces. En este sentido creo que en esta obra que glosamos se pueden encontrar muchas y muy buenas reflexiones, aunque introduzca una afirmación que a mi entender es errónea, cuando dice que “en otros países, como en el ámbito anglosajón, los magistrados pertenecen a los sectores privilegiados”; esto pudo ser así en otras épocas (también en nuestro país hasta hace bien poco únicamente podían acceder a la judicatura los “privilegiados) pero hoy en día esa afirmación hace aguas, pues no creo que Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Sandra Day O´Connor o el fallecido William Rehnquist puedan calificarse de “privilegiados”. Una de las poquísimas carencias del libro radica, en mi humilde opinión, en el escaso tratamiento que se hace de estos temas en el mundo anglosajón, un espejo ciertamente donde mirarse dado que la judicatura con más prestigio en el mundo es precisamente la británica.

Villegas defiende la oposición, pero eso sí, introduciendo algunas modificaciones, como ceder la primacía del memorismo en favor de otros aspectos como el razonamiento y la práctica. En este punto es bien clara y conocida la postura del responsable de este blog, lo cual le excusa de profundizar más. No obstante, sí me atrevería a hacer una sugerencia sin apartarse del criterio de oposición: aceptando la tesis expuesta en la obra, yo incluiría como enmienda de adición la posibilidad de efectuar convocatorias por ramas del ordenamiento. Porque, en efecto, no tiene sentido que a una persona cuyas orientaciones se inclinan al derecho laboral o administrativo y que desee ser juez se le obligue a zamparse un temario de civil, procesal civil, penal y procesal penal y peregrinar por un juzgado de instrucción, lo cual en muchas ocasiones puede ser un elemento disuasor.

5.- Juez instructor/fiscal instructor. Sobre esto el autor ya había escrito un notable estudio hace cuatro años. No puedo más que coincidir con Jesús Villegas en que depositar la instrucción de las causas penales en el Ministerio Fiscal en su actual configuración sería peor que una catástrofe, sería un peligro público. Es cierto que en otros países la instrucción la lleva la Fiscalía, pero no es menos cierto que la misma se encuentra configurada de diferente manera y que, como todo sistema, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Permítaseme poner un par de ejemplos de casos concretos.

A.- España. El Ministerio Fiscal se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, según dispone el artículo 2 de la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (dicho sea de paso, es de por sí significativo que la regulación del Poder Judicial exija una Ley Orgánica y para el Ministerio Fiscal baste una ley ordinaria). Quiere ello decir que el fiscal únicamente responde ante sus superiores y el vértice, el Fiscal General del Estado, teóricamente independiente, en la práctica es un apéndice del ejecutivo. Ejemplos hemos tenido de fiscales generales que darían para un esperpento valleinclanesco, desde el célebre Eligio Hernández “pollo del Pinar” (cuyo nombramiento, por cierto, fue anulado judicialmente) hasta el inefable Cándido Conde-Pumpido Tourón, el mismo que sostenía que los jueces debían mancharse las togas con el polvo del camino. Pues bien, veamos qué puede ocurrir cuando es el ministerio fiscal de quien depende el impulso de un proceso.

En determinada autonomía, se denuncia un comportamiento que afecta a varios altos cargos de dicho ente ante el Fiscal Jefe de la Comunidad. Éste (persona ya fallecida a quien, por cierto, llamaban “el archivador” por su invariable costumbre de archivar cuantas denuncias recibía) hace honor al apodo con que se le conocía en vida y deposita el asunto en el cementerio de los asuntos olvidados. Poco tiempo después, otra persona denuncia el mismo comportamiento ante un órgano judicial. El asunto prospera y tras una interminable instrucción hoy un exconsejero autonómico y varios de sus subordinados se enfrentan a penas de cárcel por varios delitos.

B.- Estados Unidos. En este caso los fiscales son de elección popular, lo que tiene una ventaja clarísima cual es su legitimación democrática directa, pero tiene un inconveniente que podemos ver en cualquier película o telefilm: el riesgo de que para lograr una reelección se cometan abusos e injusticias. No obstante, también como en nuestro país hay casos extraordinarios, como el protagonizado en 1924 por el fiscal Homer Cummings, quien a la hora de procesar a un detenido acusado de asesinar a un sacerdote católico muy querido en la localidad, demostró ante el juzgado que no pudo ser el acusado quien lo hiciera.

Las anteriores no son más que unas reflexiones a vuela pluma efectuadas con motivo de la lectura de esta excelente obrita que sin duda alguna no dejará indiferente a nadie. Insisto, el autor ha sido muy, muy valiente, no sólo por la toma de posición en asuntos candentes, sino por hacer análisis muy rigurosos amén de políticamente incorrectos sobre asuntos como el caso del juez Rafael Tirado (quien suscribe siempre ha manifestado que, de ser responsable el juez, debieran haberse incoado expedientes disciplinarios a los fiscales encargados del caso, y no consta que se les haya ni siquiera impuesto la sanción de apercibimiento), del juez Garzón (aunque en este caso aun siendo riguroso peca de excesivamente benévolo y generoso con el personaje), del fiscal Frago, uno de los episodios más lamentables en el seno de la ya de por sí lamentable Ministerio Fiscal español (ojo, entiéndase, Ministerio Fiscal, no fiscales, que son cosas distintas).

En definitiva, una lectura muy recomendable que esperemos sirva para robustecer el músculo de la judicatura española (atrofiado tras muchos años de inactividad pero que ya ha demostrado en el último lustro que se ha efectuado un más que saludable calentamiento) y para despertar muchas conciencias, dentro y fuera del Poder Judicial. Desde esta bitácora, quiero felicitar a Jesús Villegas por su valentía y por su coherencia a la hora de dar a luz esta obra.

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