¿VEJACIÓN A LA POLICÍA LOCAL? UNA POLÉMICA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO DE GIJÓN.

Policía local

Hace apenas dos días el diario El Comercio de Gijón publicaba una noticia que, con el título 800 euros de multa por increpar a dos policías locales, se hacía eco de una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Gijón que consideraba “vejatoria” la conducta de una ciudadana de la localidad que había increpado a dos policías locales por sancionar a un vehículo que no obstaculizaba la circulación dándose la circunstancia que, al ubicar los agentes habían sus motocicletas en un espacio que impedía la correcta circulación de los autobuses, estaban causando más perjuicios que el vehículo denunciado. El titular de esta bitácora no quiso hacer valoración jurídica alguna hasta no hacerse con la resolución, que, en efecto, ha tenido ya la oportunidad de estudiar y valorar.

El asunto que aborda la noticia es el resuelto por la Sentencia 69/2016 de 21 de marzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictada en autos de Procedimiento Abreviado 237/2015, y aborda la impugnación de una sanción administrativa que impone 800 euros de multa por comportamiento o conducta vejatoria mediante insultos, burlas, molestias intencionadas y otros similares. La resolución judicial ya tiene un fallo capital (no privativo de dicho órgano, justo es decirlo) consistente en incurrir en un comportamiento que algunos jueces imputan a los letrados: confundir y mezclar antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos. En efecto, el fundamento jurídico primero debería incluirse en los antecedentes fácticos, lo mismo que gran parte del segundo (especialmente donde se resume la prueba testifical practicada). Pero orillando ese obstáculo formal, los hechos que se someten a consideración del juez son los siguientes:

1.- Hechos incontrovertidos. A las 19:27 horas del 27-12-2013 dos agentes de la Policía Local con el fin de multar a un vehículo pegado a unos contenedores estacionan sus motocicletas en la parada del autobús, bloqueando con ello la circulación cada vez que uno pretendía dejar o recoger pasajeros. Ante ello la persona sancionada se acercó a los agentes y se dirigió a ellos, profiriendo unas expresiones que, en este caso, son controvertidas pues hay dos versiones al respecto.

2.- Hechos controvertidos. Lo único que difieren las partes son en las expresiones utilizadas por la persona denunciada. Así, mientras los agentes de la policía local constataron que la frase utilizada y proferida a voces fue que “sólo estaban para tocar los cojones al ciudadano y sólo jodían” (sic) mientras que la persona sancionada sostenía que únicamente les había indicado en tono correcto que el vehículo al que pretendían multar no interrumpía la circulación y las motos dejadas en el medio de la parada de autobús sí interrumpían. En la prueba practicada uno de los testigos indicó que lo proferido por la sancionada era que “molestaban ellos con sus motos más que el coche, y mejor estaban haciendo algo más importante”, mientras que otro de los testigos indicó que lo dicho no era otra cosa que “estaban molestando más que el coche y no estaban más que para poner multas”.

La sanción impuesta por el Ayuntamiento de Gijón fue de 800 euros, pues se consideró que los hechos suponían una infracción grave tipificada en el artículo 43.3.4 de la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales de 24 de mayo de 2013 (según el cual constituye infracción grave el “comportamiento o conducta vejatoria, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas y otros similares”). La demanda sostenía que en modo alguno la conducta tipificada podía considerarse infracción administrativa, pero subsidiariamente, en el caso de constituir un ilícito administrativo, sería una falta leve del artículo 43.4.29 (“las cometidas contra las normas de esta Ordenanza que no estén calificadas expresamente como graves o muy graves”).

Conviene distinguir, como siempre, entre el plano estrictamente jurídico y el plano cívico o moral, que, como todo buen jurista sabe, no siempre son coincidentes, porque no todo lo lícito es moralmente aceptable y viceversa. Por tanto, debemos analizar el asunto ante la doble perspectiva tanto jurídica como moral.

1.- Perspectiva jurídica. No comparto jurídicamente la argumentación de la sentenciaa. Y ello por dos potísimas razones:

A.- La primera y fundamental es que existiendo versiones contradictorias igualmente firmes (la declaración de los agentes frente a la declaración de dos testigos –que a su vez difieren entre sí, aunque coinciden en que en modo alguno se insultó ni vejó a los agentes-) el juzgador se inclina por la de los agentes al no considerar desvirtuada la presunción de veracidad, cuando debiera aplicarse en todos sus extremos el principio in dubio pro reo que, como indica el fundamento jurídico tercero de la Sentencia 61/2013 de 7 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso número 318/2012, “resulta de aplicación a la duda sobre la prueba de los hechos”. Es cierto que uno de los testigos era hermano de la sancionada y, por tanto, estaba incurso en tacha, pero el segundo de ellos no, aunque el juzgador para desvirtuarlo y defender la tesis de la Administración argumenta que “el mismo admitió que conocía a la actora de parar en el bar y de hecho estaban los tres juntos el día de los hechos (no es que la conociera el día de los hechos)”. Además, el Ayuntamiento de Gijón tiene la costumbre, incomprensiblemente tolerada por el Juzgado desde hace lustros, de incorporar en la vista oral en fase probatoria informes adicionales de los agentes elaborados uno o dos días antes de la vista (la sentencia recoge que “en el acto de la vista se aportó informe de 17-12-15 de los agentes intervinientes”, cuando la resolución sancionadora es de fecha 4 de febrero de 2014 y la resolución desestimatoria del recurso de reposición lleva fecha de 12 de mayo de 2015, por lo que el magistrado no sólo está admitiendo (y, lo que es más grave, dando por válida), por lo que tal incorporación en pleno acto de la vista, si posibilidad de interrogar a sus autores sobre su contenido coloca a la parte actora en una clarísima indefensión. Me consta personalmente (porque he sufrido esa práctica en más de una ocasión) que la tesis del titular del juzgado para aceptar dicho comportamiento jurídicamente inadmisible radica en la curiosa tesis de considerar dicho informe no como una “nueva declaración” sino una “ampliación” del informe obrante en el expediente, pero ello no obsta a que se introduzcan matizaciones y adiciones (en ocasiones harto significativas) que no venían ni en la denuncia ni en la ratificación) sin posibilidad de cuestionar o impugnar las mismas porque como su autor jamás comparece, se sitúa al demandante ante hechos consumados. Por todo ello (versiones contradictorias, informe adicional introducido en el acto de la vista que no debió ser no ya valorado, sino ni tan siquiera admitido) entiendo que debió inclinarse por la estricta aplicación del principio in dubio pro reo.

B.- A mayor abundamiento, no considero que ni tan siquiera las expresiones que constata la policía local sea posible considerarlas jurídicamente como un menosprecio a la dignidad profesional, y mucho menos para considerar que las mismas merezcan una sanción de 800 euros. Y ello porque toda manifestación ha de valorarse en su contexto. Y en el caso enjuiciado la propia sentencia admite como cierto que, en efecto, las motos de los agentes estorbaban más que el coche denunciado. Por tanto, en dicho contexto manifestar que mejor se estaba haciendo otra cosa no es en modo alguno una ofensa. Y decir, como dice la sentencia, se infringe un “trato desconsiderado” y que “menoscaba” la capacidad profesional de los policías locales manifestar incluso que “mejor estaban haciendo otra cosa” en el contexto en que se profirió esa afirmación es inaudito. Podrá ser de mal gusto (como tantas muchas cosas), pero en modo alguno un ilícito administrativo como el que se le imputaba.

2.- Perspectiva moral. Es evidente que, con independencia de que no considere los hechos una infracción administrativa, ello no quiere decir que sean admisibles o que no sean moralmente reprochables. Un profesional de la medicina (y estoy utilizando un ejemplo que tanto al juez cuya sentencia comento como al propio redactor de estas líneas toca muy muy de cerca) se vea en ocasiones obligado a soportar epítetos bastante más hirientes sin que jueces ni magistrados consideren los mismos reprochables no ya penalmente, sino incluso como simple menoscabo de la dignidad profesional. Es cierto que a la persona sancionada nada le iba en el asunto y que quizá debió permanecer en silencio por mucha razón que tuviera en reprochar la actuación de los agentes. Pero de ahí a considerar los hechos infracción administrativa y a mayor abundamiento imponerle una sanción de ochocientos euros es una auténtica barbaridad. Y si no, fíjense en la comparativa. Tres días antes de dictar la sentencia en cuestión, el mismo juzgado dictaba otra confirmando una sanción de 302 euros impuesta a un ciudadano por consumo, tenencia ilícita o abandono de útiles para consumo de sustancias estupefacientes. Quiere ello decir que a un ciudadano le sale más económico consumir o abandonar útiles para consumo de estupefacientes que decir a un policía local que “sólo están para poner multas”. Lo cual no deja de ser una curiosa escala de valores, por mucho que la anterior afirmación sea, como indicamos, moralmente cuestionable.

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