PENA RODRIGUEZ v COLORADO: ABATIENDO EL MURO QUE RODEA EL SECRETISMO DEL JURADO.

Doce hombres sin piedad

Las deliberaciones del jurado no sólo son secretas, sino que se encuentran especialmente protegidas. Durante ellas, sus miembros no sólo están aislados del mundanal ruido, sino al amparo de toda influencia ajena, de ahí que salvo en la fase de tacha, toda persona elegida como jurado tiene el escudo protector frente a todo intento exterior de penetrar en el proceso de deliberación, que incluso se prolong más allá de pronunciado el veredicto. No obstante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha aceptado conocer un asunto que tiene como núcleo esencial precisamente ese, es decir, si es posible de alguna manera acceder a ese reducto impenetrable para verificar si han existido influencias debidas a fobias o filias personales de uno de sus miembros. El caso en cuestión es Pena-Rodriguez v. Colorado, y la cuestión jurídica a debatir es si con posterioridad a las deliberaciones y del veredicto uno de los miembros del jurado puede ser interrogado acerca de si el voto de otro de sus colegas pudo estar influenciado por motivos raciales. Y es que el caso en cuestión afecta a la condena de un hispano, a quien se condenó por acoso sexual a dos chicas menores, tras lo cual la defensa tuvo conocimiento a través de dos miembros del jurado que otro de ellos había efectuado numerosos comentarios racistas durante el proceso de deliberación. Se trata, por tanto, de verificar si es constitucionalmente lícito abrir una pequeño hueco en ese grueso muro defensivo y que tiene como principal objetivo precisamente garantizar la independencia y la protección del jurado.

El jurado es una institución típica de los países anglosajones, y en virtud de la cual el ciudadano participa directamente en la Administración de Justicia. En nuestro país estamos familiarizados con la institución del jurado gracias, sobre todo, a las series y películas estadounidenses, donde existe una distinción entre el grand jury o gran jurado (que es quien decide si la fiscalía tiene suficientes pruebas como para sostener o no una acusación) y el jurado ordinario, que es quien decide o no acerca de la culpabilidad o no del acusado, quedando reservada para el juez la imposición de la sentencia. En nuestro país se trató de importar esta institución a través de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, pero se trata, como siempre, de una adaptación a la castiza: se prescinde de la fase preliminar o “gran jurado”, y se reduce incomprensiblemente el número de miembros a nueve, frente a los doce tradicionales.

Con todo, si bien se trata de un instituto profundamente democrático, no deja de tener sus riesgos debido a la posible “contaminación” de las personas que lo integran, para lo cual existe en los Estados Unidos una fase previa que permite a defensa y acusación recusar a un determinado número de entre los potenciales miembros. Pero aun así, existen casos en los que en el seno de un jurado simpatías o antipatías personales pueden hacer manipulable el mismo. No hace falta acudir a ejemplos de la novela de ambientes jurídicos (cuyo exponente máximo es la novela de John Grisham titulada precisamente El jurado, donde se revela que una de las grandes estrategias de los litigantes radica en una elección del jurado y cómo puede orientarse un veredicto desde dentro) o del séptimo arte (me remito al impagable film Doce hombres sin piedad, dirigido por Sidney Lumet, donde se revela que no siempre las fobias y filias personales se orillan a la hora de decidir un asunto). Uno de los casos que más revela las potenciales carencias del jurado lo proporciona el affaire protagonizado en diciembre de 1984 por Bernhard Goetz, que inspiró, por cierto, el segundo episodio de la temporada inicial de la serie Law & Order, titulado Subterranean home blues. El 22 de diciembre de 1984 el citado Goetz viajaba en el metro de Nueva York cuando se le acercan cuatro jóvenes de color. En una rápida secuencia de acontecimientos, Goetz efectuó cinco disparos que hirieron de gravedad a todos ellos. Unos días después, se entregó a la policía. Las versiones sobre los hechos diferían, pues mientras los cuatro jóvenes indicaron que únicamente le habían preguntado cómo se encontraba, Goetz indicó que lo acorralaron para alejarle del resto de pasajeros, presuntamente con intención de atracarle. Ciertamente, por aquel entonces (mediados de los ochenta) las estadísticas revelaban un incremento de los delitos, y el propio Goetz había sido atracado en varias ocasiones. Pues bien, fue procesado y sometido a juicio (tras un sobreseimiento inicial que fue revocado por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York), siendo así que un jurado integrado mayoritariamente por blancos (siete de los cuales habían sido víctimas de atracos) le declaró no culpable del delito de tentativa de homicidio, aunque le declaró culpable de un delito menor, dado que carecía de licencia para el arma que portaba. No obstante, para ser honestos conviene decir que si salió indemne de la vía penal, no tuvo el mismo éxito en fase civil, puesto que otro jurado le condenó a indemnizar con cuarenta y tres millones de dólares a los cuatro chicos a quienes había disparado.

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