EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS OCASIONADOS POR UN PIQUETE INFORMATIVO.

Piquete

El pasado jueves se hacía pública la Sentencia de 28 de abril de 2016 del Pleno del Tribunal Constitucional dictada en recurso de amparo número 3660/2013, que resuelve la demanda de amparo presentada por el líder de un piquete informativo que había sido condenado al abono de una indemnización por daños personales y materiales. Estamos ante un nuevo ejemplo de cómo este organismo pretende ejercer sus funciones con criterios netamente políticos, pretendiendo agradar a tirios y troyanos cuando, en realidad, lo que hará es granjearse la enemistad de ambos. Pero, desgranemos como siempre los hechos y las interpretaciones.

 

I.- LOS HECHOS.

 

Retroceda el amable lector a la jornada de huelga general que tuvo lugar el día 29 de septiembre de 2010. Un líder local de uno de los dos sindicatos de mayor implantación en el ámbito nacional (sarcasmo legal que encubre una tasa nacional de afiliación de las más bajas de Europa) encabeza un grupo de cien personas integrantes de un “piquete informativo” (otro sarcasmo legal, sobre el que hablaremos más adelante). El grupo se dirigió al dueño de un pub que había decidido no secundar la huelga, a quien se coaccionó activamente para que procediera al cierre de su negocio y secundara el parón acordado por los dos sindicatos más representativos, llegando al punto de que un grupo de personas integrante del piquete penetró en el local lanzando petardos y ocasionando rotura de vasos hasta conseguir que los clientes abandonasen el local. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol, puesto que en nuestro país son habituales los desagradables espectáculos de tal naturaleza que se perpetran en jornadas de huelga general, perpetrados con la seguridad de que, como ocurrió en Fuenteovejuna, la masa amorfa es el mayor escudo protector frente al ejercicio de acciones judiciales, pues la acción de responsabilidad se diluiría como azucarillo en agua al amparo de la imposibilidad de imputar el hecho dañoso a una persona o personas concretas, sino a un colectivo, añadiendo a lo anterior que siempre se puede echar mano del argumento de los “incontrolados” o “personas ajenas a la organización”

I.- LA SENTENCIA DE INSTANCIA.

El dueño del pub que se vio forzado de tal manera procede a interponer una acción judicial frente al líder o cabecilla del grupo, reclamando una indemnización por daños personales por lesiones y daños materiales por lucro cesante derivado del cierre de su local. La Sentencia de 18 de enero de 2013 del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Albacete dictada en autos de juicio verbal número 195/2013 consideraba acreditados los daños sufridos por el demandante, pero no pudo acreditar que fuese el denunciado, cabecilla del piquete, quien hubiese sido el autor material de los mismos, sin perjuicio de considerar acreditada la autoría por personas sin identificar pero integrantes del grupo y tener por fehacientemente verificado que la persona demandada era quien, altavoz en mano “indicaba lo que se hacía y lo que no” y que, según las declaraciones de los testigos, miembros del Cuerpo de Policía Nacional, “las expresiones del demandado no eran apaciguadoras, sino todo lo contrario”. Es más, en el atestado que incoaron las fuerzas de seguridad consta que el líder del piquete se dirigía al dueño del negocio manifestándole, entre otras lindezas “cabrón, cierra hijo de puta, qué hacéis ahí”, y los testigos, deponentes en el acto de la vista, reconocieron que el demandado incitó en todo momento a que se cerrara el pub a toda costa, cuando el dueño del mismo, trabajador autónomo, pretendía mantener abierto al público el local. En base a todo ello, la Sentencia estima la demanda y condena al líder del piquete, toda vez que entiende que existe una colisión de derechos y que el ejercicio del derecho de huelga no comprende la posibilidad de ejercer violencia sobre los trabajadores, incluso la violencia de alcance intimidatorio o coactivo, por lo que se entendió que en el caso enjuiciado se sobrepasaron los límites constitucionalmente protegidos.

III.- LA DEMANDA DE AMPARO.

El demandado interpone incidente de nulidad de actuaciones considerando, sorprendentemente, que se ha vulnerado su derecho fundamental a la huelga, incidente que es desestimado por el Juzgado. Ulteriormente, presenta una demanda de amparo considerando lesionado su derecho a la huelga y justifica la trascendencia constitucional del recuso en la “inexistencia de doctrina constitucional sobre la responsabilidad civil de quienes participan de forma activa en los piquetes de huelga respecto de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar terceras personas indeterminadas que integran el mismo piquete, cuando no queda acreditado que exista ningún tipo de dependencia o relación jurídica entre aquél y estos” y llega a decir incluso cosas tan inauditas como que de confirmarse la constitucionalidad de la sentencia “existirán en el futuro pocos o ningún dirigentes [sic] de piquetes informativos, salvo que tal función la desempeñen personas insolventes patrimonialmente de forma vitalicia”. En resumen, que pese a vivir en la sociedad de la información, de las telecomunicaciones, de internet, el demandante de amparo considera que los “piquetes informativos” son un elemento imprescindible, pero no sólo eso, sino que incluso tiene el descaro de avanzar ya con total crudeza y descaro la forma de burlar ulteriores fallos judiciales condenatorios en caso de que el Tribunal Constitucional desestime la demanda de amparo. Critica, en definitiva, que se impute al líder o cabecilla de un piquete los daños ocasionador por integrantes del mismo, aunque no tengan relación alguna con él.

El Ministerio Fiscal, que no pasa precisamente por su mejor momento, pretende salvar la cara solicitando una sentencia estimatoria pero (y he aquí lo curioso) solicitando la retroacción de las actuaciones para que la juez dicte sentencia respecto a la responsabilidad civil por lucro cesante derivada del cierre del local. Es decir, que no serían resarcibles los daños personales sufridos, pero sí los materiales.

IV.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Y llega la hora de resolver. El Tribunal, como es habitual en él, demora la entrada en el fondo del asunto hasta el punto que inicia el análisis del asunto en el párrafo inicial del folio decimoséptimo, cuando la sentencia ocupa veintiuno (el vigésimosegundo contiene exclusivamente el fallo).

La resolución de este “legislador negativo” y ocasional tercera instancia judicial parece inclinarse, en principio, por denegar el amparo, pues con carácter previo a analizar en concreto el asunto sometido a su consideración, reconoce que “las conductas que han dado origen a la condena por responsabilidad civil ahora cuestionada –básicamente, agresión física e insultos dirigidos al cierre de un local de trabajo- no pueden considerarse incluidas en el derecho fundamental a la huelga, situándose extramuros de éste, en tanto sobrepasan los límites constitucionalmente protegidos en orden a asegurar el libre desarrollo de las tareas de información, persuasión y presión (STC 137/1997 FJ 4). Ha de partirse de la idea de que, efectivamente, tales conductas desarrolladas en el contexto de una huelga pueden dar lugar al nacimiento de responsabilidad civil a efectos de resarcir los daños causados, máxime teniendo en cuenta que los dañados son también titulares de otros derechos constitucionales que puedan quedar afectados –v. gr. El derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15), el derecho al trabajo (art. 35 CE), la libertad de empresa (art. 38). En todo caso es evidente que para que nazca la obligación de reparación a favor de los dañados es necesaria la concurrencia de determinados presupuestos, cuya apreciación en cada supuesto ha de ser respetuosa con los derechos fundamentales de aquéllos a quienes se imputa la responsabilidad.” Es decir, que sí pero no, puesto que ha de determinarse caso por caso. El Tribunal Constitucional aprovecha para tirar balones fuera y desviar el tiro a puerta que le lanzan, pues viene a decir en el fondo que todo esto es consecuencia de un vacío legal pues en el fondo, todo gira “en torno a la imputación subjetiva de la citada responsabilidad civil, aspecto sobre el que la actual normativa en materia de huelga no establece una regla específica, a diferencia de lo que ocurre en relación con los daños causados durante el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho de reunión (art. 4 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio)”

Pues bien, sorprendentemente, la Sentencia estima parcialmente el recurso, de tal manera que por unos mismos hechos el demandado responde por unos daños y no por otros. Y ello porque la Sentencia analiza separadamente los daños personales y los materiales.

1.- En cuanto a los personales, el razonamiento del Tribunal no tiene desperdicio. Imputa a la Sentencia impugnada en amparo que vincule la responsabilidad por daños a la agresión física sufrida por el dueño del pub. , “fundamentándose la condena del ahora recurrente en su anuencia o consentimiento del acto dañoso, pero sin que conste acreditada ni su autoría material, ni tampoco que éste diera ninguna directriz para su comisión; y aunque es cierto que el órgano judicial indica que, en la declaración de los agentes de policía –única testifical imparcial con que la juzgadora dice [sic] contar- aquéllos señalaron que las expresiones del demandado no eran apaciguadoras sino todo lo contrario, también lo es que se refieren a ellas producido el tumulto e indicándose asimismo en la resolución que los agentes acudieron al lugar de los hechos inmediatamente después de su producción.” A esto se acoge como clavo ardiendo el nefasto organismo para imputar vulnerado el derecho fundamental de huelga del artículo 28.2. En definitiva, que en cuanto a daños personales, y “en ausencia de previsión legal que regule la cuestión” es posible generar responsabilidad civil, pero no por la mera condición de integrante “e incluso líder “del grupo agresor, que no constituye por sí título suficiente para la imputación. Con esta regla de tres, nos encontraríamos con que los hechos narrados en The Thomas Crown affair, la espléndida película dirigida en 1968 por Norman Jewison y protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway (el asalto a un banco perpetrado por cinco individuos armados) el protagonista e instigador en modo alguno podría ser acusado por el robo que perpetraban los cinco esbirros, puesto que ni todos ellos no se conocían entre sí y ninguno de ellos conocía la identidad de la persona para la que trabajaban, con lo cual no podría establecerse jurídicamente ligazón alguna entre ellos.

2.- Pero la cosa cambia al hablar de daños materiales. Aquí entiende el Tribunal que los hechos trascienden del derecho constitucionalmente protegido, pues aquí sí que consta acreditado que el líder del piquete se dirigió al dueño del pub instándole o, mejor dicho, conminándole a que cerrara el local. En consecuencia, en este aspecto no se entiende que la condena vulnere el derecho a la libertad sindical.

V.- LOS VOTOS PARTICULARES.

Dicha sentencia cuenta, no obstante, con tres votos particulares, dos de ellos totalmente discrepantes entre sí y un tercero que pretende integrarse, como la sentencia, en el justo medio.

1.- El voto particular que formulan Adela Asua Batarrita y Fernando Valdés Dal-Re discrepa de la sentencia por entender que debiera haberse estimado íntegramente el recurso. Y lo hace con un razonamiento que no puede menos que causar la perplejidad más absoluta en una mente con un mínimo de racionalidad: “no demuestra ni da sustento al fundamento argumental de la sentencia recurrida, a saber: que fuera el comportamiento del actor (incluso si se califica como intimidatorio o insultante) el determinante del cierre del local […] este Tribunal ha consentido que perviva un perjuicio económico impuesto como reacción contra el ejercicio del derecho de huelga, pese a que la responsabilidad imputada quede sostenida en elementos probatorios tan leves, básicamente especulativos, demostrativos a lo más, acaso, de un modo de actuar (presionante o con vocación de influir sobre otra persona –el titular de un negocio-para condicionar su comportamiento), pero no acreditativos de una expresión de conducta que fuera necesariamente la razón que llevó el cierre del local, como elemento desencadenante de la obligación de resarcir el daño.” Orillando el hecho de que el propio razonamiento expuesto en el voto particular contradice su tesis última (pues se reconoce que el modo de actuar es “presionante” y convocación de “condicionar su comportamiento”) el razonamiento es endeble y pueril. Por esa regla de tres, una persona que entre en un banco a punta de pistola, requiera al personal de la entidad para que le meta todos los billetes en un saco y éstos así lo hagan, no podría jamás ser condenado por robo, porque sin perjuicio de que el porte de un arma revele simplemente “un modo de actuar” tampoco sería descartable que ese hecho por sí solo fuese el único motivo por el que el personal de la entidad le entregase lo solicitado.

2.- El voto particular de Encarnación Roca Trías es totalmente distinto del anterior, pues entiende que no debiera estimarse el recurso. Y en su argumentación vierte una frase que, por sí misma, entiendo que resume perfectamente la cuestión: “el miembro del piquete que comete estos actos, en puridad no está ejerciendo el derecho de huelga.”

VI.- CONCLUSIÓN.

Ha de partirse de algo que, por ser tan evidente, en muchas ocasiones se olvida: tan legítimo y protegible es el derecho del trabajador a ejercer su derecho de huelga como el no ejercerlo, de tal manera que tan punible es la conducta del empresario que cercena o simplemente coacciona el derecho de huelga de los trabajadores como las de los trabajadores o, mejor dicho, grupos de trabajadores que amparándose en la doctrina “Fuenteovejuna” pretenden cercenar el derecho al trabajo de quienes no decidan acudir a la huelga. Ante ello, quisiera, no obstante, hacer una serie de reflexiones personales:

1.- Es altamente significativo que en nuestro país un derecho fundamental como es el de huelga se encuentre regulado en una norma preconstitucional, como es el Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, en la parte no afecta por la Sentencia 11/1981 de 8 de abril. Ningún gobierno de ningún partido ha tenido los arrestos para afrontar una regulación legal de tal derecho, con la excepción parcial de Felipe González, quien presentó un proyecto de Ley Orgánica en 1993, que caducó al ser disueltas las Cortes dicho año. Por tanto estamos ante una norma aprobada hace treinta y nueve años y que tenía por objeto adecuar la normativa entonces en vigor (el Fuero del Trabajo del año 1938 con las modificaciones operadas por la Ley Orgánica del Estado) a la situación real existente a mediados de los años setenta.

2.- La figura del “piquete informativo” es absolutamente anacrónica y desde los propios inicios encubre comportamientos clara y evidentemente coactivos, justo aquéllos que las personas rehúsan asumir individualmente pero que se encuentran muy cómodos practicándolos en masa. Me explico. La figura en cuestión se ampara en el artículo 6.6 del Real Decreto Ley 17/1977, según el cual “Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna”. Ahora bien, las normas han de interpretarse, según reza el artículo 3.1 del Código Civil, en relación con la realidad social en la que han de ser aplicadas. Es evidente que un mundo separa el año 1977 del año 2010, y creo que es absurdo que se sostenga que en la sociedad de la información, donde internet y las telecomunicaciones han alcanzado un grado de desarrollo tal que toda persona tiene la información necesaria a su alcance, en la primera década del siglo XXI alguien desconozca las razones o motivos por los que se convoca una huelga, máxime cuando ésta es de carácter general. No se puede justificar el piquete ni en la “información” ni en la “publicidad”, pues los distintos medios de comunicación tanto audiovisuales como digitales garantizan a todas las personas ambos aspectos.

3.- Sostener, como hace el voto particular de Adela Asua Batarrita que en una huelga general, la actuación de un piquete de cien personas que entra en un local de forma insultante, intimidatoria y produciendo daños sea un simple “modo de actuar” y no sea determinante por sí mismo de que el local asaltado ulteriormente cierre sería lo mismo que sostener que cuando en el Chicago de la prohibición los esbirros del siniestro Alfonso Capone ofrecían a las distintas tiendas que vendían ilegalmente licor “protección” frente a ataques indeseados estaban ejerciendo una actividad lícita. Porque, al fin y al cabo, el hecho de que los locales que contrataban la misma no sufriesen daño alguno y los que rehusaban amablemente dicho servicio sufrieran agresiones, asaltos e incluso ataques con bomba no pasaba de ser una mera casualidad, y ligar los mismos a la actividad de Capone era una mera suposición ayuna de pruebas.

 

 

 

 

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