FORMALISMOS Y LIMITACIONES EN EL CERTIORARI Y EN LA CASACIÓN CONTENCIOSA: ESTADOS UNIDOS v ESPAÑA.

Boeing boeing

En la célebre comedia Boeing, Boeing, uno de sus protagonistas, Bernard Lawrence (interpretado por Tony Curtis) mantiene una relación sentimental con tres azafatas a la vez, sin que ninguna de ellas tenga conocimiento de la existencia de una relación de su pareja con las otras dos compañeras. Cuando Lawrence recibe la visita de su amigo Robert Reed (Jerry Lewis) y éste descubre accidentalmente el affaire, recibe atónito la siguiente explicación justificativa: “Poseo todas las ventajas de la vida matrimonial y ninguno de sus inconvenientes.”

Viene la anterior cita a colación del reciente Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, por el que se fijan “la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala tercera”, Acuerdo que fue brillantemente glosado por José Ramón Chaves en su rigurosa amén de divertida entrada que, con el significativo título El tamaño del recurso de casación importa, publicó el pasado sábado día 7 de mayo en su bitácora dedicada al derecho público, y en donde incluso se puede acceder al documento glosado. La reforma operada en la casación contencioso-administrativa por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio ha pretendido dotar a la Sala Tercera del Tribunal Supremo del Reino de España de todas las ventajas que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ostenta a la hora de tramitar los denominados writ of certiorari, pero sin equipararle al mismo en todos sus extremos, evitando a Sus Señorías Ilustrísimas los trámites más enojosos. Cualquier persona interesada puede acceder a la página web del Tribunal Supremo norteamericano y, en la misma, descargarse las denominadas Rules of the Supreme Court of the United States, aprobadas el día 19 de abril de 2013 y que entraron en vigor el día 1 de julio de dicho año (lo que en la práctica supone decir octubre, dado que el año judicial estadounidense comienza el primer lunes del mes de octubre, y el Tribunal Supremo finaliza sus sesiones el último día de junio). Se trata de un documento muy extenso (ochenta y cuatro páginas, incluyendo los índices) que no sólo se limita a la regulación de aspectos procesales como la forma extrínseca y contenido de los escritos a presentar ante el supremo órgano judicial de la federación estadounidense, sino que uno puede encontrar si bucea en el documento otras cuestiones como por ejemplo, el uso de la biblioteca del Tribunal Supremo (artículo 2, que permite a los abogados en ejercicio facultados para ejercer en dicho órgano judicial para acceder a la biblioteca y consultar los volúmenes obrantes en la misma, si bien prohibiendo la retirada de obras en préstamo, privilegio que únicamente ostentan los jueces del Tribunal), el horario en el cual tienen lugar las vistas orales de los casos (artículo 4, según el cual el inicio del periodo de sesiones tiene lugar el primer lunes de octubre a las 10 de la mañana, siendo el horario regular de 10 a 12 y de 13 a 15 horas) o los requisitos para que un abogado en ejercicio pueda desempeñar sus funciones en el Tribunal Supremo (artículo 5, dado que en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, no cualquier letrado puede comparecer ante el Tribunal Supremo sin más), entre otras cuestiones. Ulteriormente, las propias normas van desgranando los distintos casos en los que un asunto puede llegar ante el Tribunal Supremo, siendo la vía ordinaria el writ of certiorari (y que, por ello, goza de una regulación más extensa, nada menos que siete artículos que engloban la Parte III de las normas), pero no la única, puesto que existen otros casos, en la práctica menos frecuentes, en los que el asunto puede llegar a dicho órgano judicial, como por ejemplo, asuntos en los que el Tribunal conoce en única instancia (que, si bien tuvieron su importancia en los años iniciales, hoy en día constituyen un diminuto apéndice en el funcionamiento cotidiano, pero que aparece no obstante contemplado en el artículo 17) o la apelación directa de una sentencia dictada por el juzgado de distrito. Para finalizar, se regula el régimen de los escritos de formalización una vez admitido a trámite el asunto y el desarrollo de las vistas orales. En definitiva, y esto es lo importante, que se trata de un documento que regula las actuaciones no sólo de terceros, sino del propio Tribunal, es decir, que no se limita únicamente las actuaciones de quienes comparecen ante el órgano judicial, sino que éste se autolimita al imponerse a su vez unos requisitos y unos cánones de actuación.

Pero vayamos ahora a lo importante, el contenido material que ha de contener una petición de certiorari. Debemos distinguir entre la forma y el contenido del documento. Veamos la importancia de la distinción:

1.- En cuanto a los requisitos estrictamente formales, es decir, la vestimenta formal o traje de etiqueta, el artículo 14.3 remite al artículo 33, donde se contienen varias limitaciones no sólo en cuanto a la extensión, sino incluso al propio color del documento. El escrito ha de presentarse en un formato de letra concreto (se impone el estilo “century family”, es decir, que dentro de ese conjunto el interesado puede optar por cualquiera de los estilos), tamaño 12 y párrafo doble. Los escritos de interposición y de oposición han de estar limitados a 9.000 palabras (ojo, no confundir: no se trata de “caracteres”, sino de “palabras”) pero incluso han diferenciarse visualmente por colores, de tal forma que en el artículo 33.1.g podemos encontrar una curiosísima tabla donde aparecen desglosados el tipo de escritos, la extensión máxima y el color del documento. Así, por ejemplo, la interposición del certiorari ha de estar limitada a 9000 palabras y en folio normal, pero el escrito de impugnación, pese a contar con la misma limitación en cuanto a la extensión de las palabras, ha de presentarse en folio de color naranja.

2.- En cuanto al contenido material, es decir, la “ropa interior” del escrito, el artículo 14.1 enumera las cuestiones que han de abordarse, caracterizándose en este sentido por un formalismo muy riguroso y donde han de combinarse rigor, orden y, sobre todo, brevedad, pues el precepto en cuestión repite en varias ocasiones que han de evitarse “repeticiones innecesarias” e incluso el apartado cuarto faculta al Tribunal para inadmitir el asunto basándose en la carencia de brevedad o por no ser el escrito lo suficientemente claro, al indicar que “The failure of a petitioner to present with accuracy, brevity and clarity whatever is essential to ready and adequate understanding of the point requiring consideration is sufficient reason for the Court to deny a petition”. Adquiere una importancia vital el apartado “questions presented”, que son las que han de encabezar el escrito, y que la letra a) del precepto comentado aborda de la siguiente manera:  “The questions presented for review, expressed con­cisely in relation to the circumstances of the case, without unnecessary detail. The questions should be short and should not be argumentative or repetitive. If the petitioner or respondent is under a death sentence that may be affected by the disposition of the petition, the notation “capital case” shall precede the questions presented. The questions shall be set out on the first page following the cover, and no other information may appear on that page. The statement of any question presented is deemed to comprise every subsidiary question fairly included therein. Only the questions set out in the petition, or fairly included therein, will be considered by the Court.” A continuación, han de abordarse en párrafos separados y numerados aspectos tales como las partes del caso, un listado de las sentencias citadas en el escrito, una justificación de la competencia que ostenta el Tribunal para conocer el asunto, la normativa que ha de utilizarse para resolver apropiadamente el caso, un breve resumen fáctico, y una síntesis de los motivos por los que el asunto reviste interés que justifique su admisión a trámite. ¿Les suena familiar este precepto de unas normas orgánicas de un Tribunal foráneo? Pues evidentemente, recuerdan sobremanera a la redacción que al artículo 89.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio otorga la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, que no puede negar su inspiración.

Existen, eso sí, algunas diferencias. En nuestro país, que, como siempre, goza con todo lo que sea rigor, exigencia de formalidades extremas, aparentemente es más “benévolo” al no exigir las cuarenta copias que han de aportarse en los Estados Unidos de cualquier solicitud de certiorari, ante lo cual alguien podría pensar que, en efecto, por una vez nuestro país ha dulcificado el rigorismo formal existente allende los mares. Pero, ¿qué ocurre si el escrito no reúne los requisitos formales? El nuevo artículo 89.4 de la Ley 29/1998 en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio es tajante: “Si, aún presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo”; en otras palabras, la muerte súbita decretada por el Tribunal inferior, ante el que se presenta el escrito. ¿Y en los Estados Unidos? Pues en este caso no se da este rigorismo extremo, pues según el artículo 14.5 “Si el Secretario observa que una solicitud presentada en tiempo y de buena fe no reúne los requisitos formales exigidos en el presente artículo así como en el 34 y el 35, lo devolverá al solicitante indicándole los defectos formales observados. Si el recurrente presenta de nuevo la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 en un plazo que no exceda de 60 días, se tendrá por interpuesto en tiempo y forma.” Es decir, que el Secretario del Tribunal Supremo (pues, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, la solicitud de certiorari no se presenta en el tribunal inferior, sino en el propio órgano encargado de tramitarlo y resolverlo, es decir, en el mismo Tribunal Supremo) no condena al recurrente a una “muerte súbita”, sino que le sitúa en lo que podemos denominar “corredor de la muerte”, donde permanecerá durante sesenta días, y del cual podrá salir si en ese término presenta nuevamente un escrito subsanando los defectos que le fueron indicados.

Como una imagen vale más que mil palabras (y nunca mejor dicho en un asunto donde precisamente la extensión es el problema) ofrecemos al lector interesado un ejemplo concreto: la solicitud de certiorari del caso United States v. Texas, presentado el pasado día 20 de noviembre de 2015 por el Solicitor General, Donald Verrilli jr. Conviene que tengamos muy, muy en cuenta este documento y nos familiaricemos con esta forma, porque este ha sido el modelo no declarado de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio.

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