CUANDO UN VOTO PARTICULAR SE CONVIERTE EN UNA PEQUEÑA OBRA DE ARTE: BANK MARKAZI v PETERSON

Henry Higgins

Imagina que el vecino te demanda alegando que tu cerca es de su propiedad, aportando como única prueba una carta del anterior propietario de tu vivienda aceptando su versión, mientras que tu defensa consiste en una cartografía pública donde, aplicando la normativa estatal, se fijan los lindes de las fincas y muestra claramente que la cerca en cuestión está dentro de tu propiedad. De igual forma, la reclamación de tu vecino ha prescrito al presentarse seis meses después del plazo legalmente fijado para entablar la acción.

Ahora, imaginemos que pendiente el juicio, tu vecino logra convencer al legislador para que apruebe una nueva ley. Dicha norma legal establece que para el caso, únicamente para ese caso, la carta de un vecino a otro es una prueba fehaciente y acreditativa de los linderos de la propiedad. Tu vecino gana el pleito. Quién dirías que ha resuelto tu caso ¿El legislativo, que ha orientado tu asunto para eliminar específicamente tu línea de defensa asegurando la victoria de tu contrario, o el Tribunal, colocado en una situación de hechos consumados?

No nos encontramos ante un caso práctico ni mucho menos, sino ante el inicio del voto particular discrepante formulado por el chief justice John Roberts (y al que, por cierto, se adhirió Sonia Sotomayor) en el caso Bank Markazi v. Peterson resuelto el pasado día 20 de abril de 2016 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Si uno tiene la curiosidad de leer el voto particular en su idioma original (la traducción, evidentemente, no le hace justicia) puede comprobar cómo el ejercicio de la función judicial es perfectamente compatible con el uso de un lenguaje sencillo y cuidado, amén de una prosa tan didáctica que incluso el lego en Derecho puede beneficiarse de su lectura. Y si, además, quien se asoma por ese párrafo es un jurista español no podrá menos que envidiar la elegancia de un estilo forense muy pulido y brillante, tan alejado de las pedestres y antipedagógicas formas de las que hacen gala en nuestro país el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que en esto no le va a la zaga al nefasto intérprete constitucional. Evidentemente existen en nuestro país jueces que cuidan muy mucho la redacción de sus escritos, haciendo compatible el noble arte de juzgar con el no menos noble arte de la literatura, pudiendo encontrarse así auténticas obras maestras, pero en este caso concreto la regla general es la contraria: sentencias que son, por utilizar la célebre expresión del profesor Henry Higgins, un “asesinato a sangre fría de la lengua.” Y si tan estricto profesor alegaba que la pobre Eliza Doolitle, que al fin y al cabo no era más que una “criatura del arroyo, debía “por ley ser capturada y colgada” por ser una ofensa a la lengua de Shakespeare y “condenarse en cada sílaba que pronuncia”, imagínense qué diría al asomarse por algunas resoluciones judiciales españolas, algunas de las cuales, pese a emanar de personas con sólida formación, son una auténtica tortura para ojos y oídos de juristas que peinan canas, así que imagínense para no iniciados. Algunos jueces pueden esgrimir en su defensa que, encontrándose literalmente inundados de asuntos no pueden en conciencia permitirse demoras, por mínimas que sean, con el único objeto de convertir las resoluciones judiciales en florituras lingüísticas o literarias. Quizá no les falte razón, pero cuando el Tribunal Supremo del Reino de España ha decidido emular a su homólogo allende los mares a la hora de establecer un régimen de casación draconiano para los abogados, es de suponer que Sus Señorías optarán indudablemente por elevar el nivel de exigencia para con la propia judicatura y procederán, en consecuencia, a depurar la manifiestamente mejorable calidad literaria de sus sentencias y autos.

Con la metáfora que anteriormente hemos transcrito, pretendía el chief justice explicar el núcleo esencial del caso: “Desde el año 2008 los demandados han reclamado 1,75 billones de dólares en bienes propiedad del Banco Markazi, el banco central iraní, para hacer efectivas las condenas frente a Irán por actos de terrorismo. El banco se ha opuesto en numerosas ocasiones a esos intentos esgrimiendo varias líneas de defensa. Así, en 2012, cuando el pleito ya iba por su cuarto año, los demandados persuadieron al Congreso para aprobar una ley que, aplicable únicamente a este asunto, dejaba sin efecto todos y cada uno de los argumentos de los demandados. Así, habiendo obtenido del Congreso el medio para lograr una respuesta positiva en su favor, los demandados regresaron a los Tribunales….y ganaron.” Roberts se oponía así a la mayoría de sus colegas, y lo hace en un voto particular jurídicamente muy fundado, en el que sostiene que “Contrariamente a la mayoría, creo que la ley en cuestión viola la separación de poderes. Al igual que si la ley aprobada hubiese dicho “ganan los demandados”, el Congreso ha decidido este asunto aprobando una norma hecha a la medida de la resolución en favor de uno de los litigantes.”

Orillo toda polémica relativa a cuestiones de justicia material en el caso concreto enjuiciado. Con esta entrada simplemente deseo explicitar dos cuestiones. La primera, que en todas partes cuecen habas, y en todos los sistemas jurídicos existen intervenciones del legislativo que pretenden orientar la acción judicial, incluso en un país como los Estados Unidos donde la independencia judicial ha arraigado desde hace tiempo. Y la segunda, que la argumentación jurídica no está reñida con el lenguaje, la literatura, y ni mucho menos con el estilo didáctico. Sin duda alguna, el voto particular de John Roberts es la mejor prueba de ello.

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