UN CASO SOBRE LA ACTUACIÓN DE UNA ASEGURADORA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ABOGADOS.

Aseguradoras

El pasado viernes día 20 de mayo de 2016, una Circular del Colegio de Abogados de Gijón informaba a los colegiados que la Compañía Aseguradora de Responsabilidad Civil de los Abogados había manifestado, cito textualmente, “su decisión irrevocable de no renovar la póliza, ni con este Colegio ni con el resto de los que la tenían concertada en toda España, debido a la elevada siniestralidad producida en los tres últimos años de su vigencia.” A consecuencia de ello la nueva póliza suscrita incrementa su cuantía en el 100%. Ante ello, y vista la excusa puesta, es sumamente clarificador informar el trato sufrido por un compañero en la única ocasión en que, en sus dieciséis años de ejercicio, se vio obligado a comunicar un siniestro a la compañía aseguradora, por entonces Dual Ibérica Riesgos Profesionales. Aclaro que la persona afectada me ha permitido, a los efectos oportunos, la consulta de la documentación del caso la cual, por ser dicho compañero la persona directamente afectada y no existir ninguna que tenga el carácter de reservado o confidencial, está plenamente facultado legal y profesionalmente para hacerlo en cuanto no existían terceros cuyos datos deban ser objeto de protección.

1.- ORIGEN DEL SINIESTRO. El origen del siniestro se remontaba a un asunto en el que al compañero en cuestión se le encargó contestar a una demanda de responsabilidad civil. El cliente en dicho caso fue quien contactó directamente con el perito encargado de hacer el informe. En vista de que se la pericial demoraba por causas no imputables al perito ni al letrado, éste optó (dado que no le gustaba apurar plazos) a presentar en tiempo y forma la contestación a la demanda, anunciando mediante otrosí la presentación de la pericial. Advertido el cliente de que fuera a hacer el poder apud acta al procurador, por las razones que fuera no lo hizo, por lo que se tuvo por no contestada la demanda. El abogado contactó con el perito tanto telefónicamente como por mail para intentar de todas formas aportar el informe cinco días antes de la audiencia previa, pero el perito indicó que no pudo hacerlo porque había contactado con el cliente para que le facilitara cierta información y no lo había hecho. Celebrado el juicio, acabó con una estimación parcial de la demanda sin condena en costas.

2.- DEMANDA DEL CLIENTE. El profesional condenado en vía civil exigió responsabilidad civil al procurador y al abogado. Desde el mismo momento en que tuvo conocimiento de la demanda, el letrado informó al colegio y a la compañía aseguradora, tanto telefónicamente como por correo ordinario y electrónico. Cuando en el primer contacto telefónico indicó que en el ejercicio de la facultad (expresamente contemplada en la póliza) de designar a profesionales para su defensa distintos de la compañía aseguradora, la persona encargada de atender la reclamación, con una corrección exquisita, manifestó que en efecto, esa cláusula existía, pero que “a las aseguradoras no les suele gustar que se haga uso de la misma” (sic). En todo caso, y alertado por esta afirmación, el compañero no sólo remitió la demanda y la documental mediante correo certificado con acuse de recibo, sino mediante correo electrónico, comunicando de forma expresa en ambos su decisión de designar profesionales encargados de su representación y defensa y facilitando los datos de los mismos. Es más, ante el silencio de la aseguradora se puso en contacto nuevamente con ellos para verificar si habían recibido la designa, recibiendo la siguiente respuesta escrita: “La compañía aseguradora conoce que ha designado su propia defensa.” A partir de ese momento, y hasta la sentencia de instancia, todas las actuaciones fueron comunicadas expresamente por correo electrónico y a tiempo real a la aseguradora.

3.- EL JUICIO Y LA SENTENCIA. El juicio en instancia fue una verdadera caza de los profesionales, pues el juez a quien se turnó la demanda odia cordialmente a los abogados y no pierde ocasión de demostrarlo. En esta ocasión, no era discutido que el abogado había presentado la demanda dentro de los veinte días. Es más, el perito encargado de elaborar el informe a instancias del cliente, reconoció en la testifical no sólo que el abogado se había puesto en contacto con él para ver si podía tener listo el informe para aportarlo cinco días antes de la audiencia del primer juicio (es más, en su declaración incluso leyó el correo remitido por el letrado indicando la fecha) sino que reconoció que si no pudo hacerlo fue por culpa del propio cliente. Es decir, que el compañero tenía todo a su favor, pues en la contestación a la demanda había hecho referencia expresamente a la Sentencia 801/2006 de 27 de julio de la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en recurso número 4466/1999 que, en un caso materialmente idéntico (la única salvedad es que en dicha sentencia la reclamación se basaba en la no interposición de un recurso de casación) el alto tribunal desestimaba la pretensión ejercitada frente al abogado al entender que las cuestiones relativas al apoderamiento son competencia exclusiva del procurador.

Pues bien, a la hora de resolver el juez condena a ambos profesionales, llegando, en uno de los extremos más bochornosos de la resolución, a decir que al abogado se debió “la imposibilidad de que pudiera presentarse un informe pericial en el que se sustentaran las pretensiones de su cliente”, para lo que tuvo que omitir las declaraciones del perito. Quizá, dicho sea animus iocandi, ello se deba a que el perito depuso a una hora bastante avanzada (cerca de las dos menos cuarto de la tarde) y nada más finalizar su declaración el juez exhortó a las partes a abreviar sus conclusiones o a fijar otro día para las mismas, porque estaba “no tenía edad” (sic) para estar a las dos de la tarde en Sala. Quizá por ello, dado lo avanzado de la hora y de la edad del juzgador, no se percató del testimonio. De todas formas, dicho sea en estricta justicia, el juez redujo a la cuarta parte la cantidad solicitada por el demandante.

4.- LA ASEGURADORA Y LA APELACIÓN. Todo el mundo exhortó al compañero a apelar, porque la sentencia no se sostenía jurídicamente por ninguna parte. Dado que la sentencia se remitió el mismo día de su notificación a la aseguradora, a continuación se requirió de ésta para que le informase si se haría cargo de los costes de la apelación, limitados exclusivamente al abono de la tasa (pues los honorarios de su representación y defensa corrían del bolsillo de mi pobre amigo) y si se iba a consignar el importe correspondiente a la condena del abogado. Y aquí empieza la odisea. La compañía aseguradora demora su respuesta. Transcurridos cuatro días sin recibir comunicación alguna, el compañero se pone en contacto nuevamente con la aseguradora, recibiendo como única respuesta que “tenemos efectuada gestión urgente” (sic). Como pese a ello seguía sin recibirse respuesta, se enviaron dos nuevos mensajes, que recibieron el mismo elocuente silencio. Dado que el silencio de la aseguradora no suponía una paralización de los plazos procesales, el compañero en cuestión decidió por su cuenta y riesgo abonar la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (en aquéllas fechas las personas físicas aún debían de abonarla). Veintiún días naturales después del primer mensaje enviado, se recibe un lacónico “le informaremos en breve” (sic). Ya transcurrido el plazo para apelar, la aseguradora informa de que ha consignado el importe, pero en lo que respecta a la apelación, indica lo siguiente, citamos textualmente: “entiende la aseguradora que no son partidarios del recurso, aconsejando que si se presenta de contrario el mismo se conteste con la supervisión de la letrada [aquí se identificada a la abogada de la compañía] pues consideran que se debería hacer hincapié en varios puntos, que entendemos clave para la defensa” (sic). Es más, la compañía, pese a tener toda la documentación del caso (he podido comprobar en persona los acuses de recibo del correo enviado así como todos los mails enviados a la empresa) llegaba a decir que “no hemos podido estudiar la reclamación, al nombrarse el asegurado su propia defensa” (sic) A buenas horas, mangas verdes. A este respecto, conviene hacer dos precisiones:

A.- Si la compañía no pudo estudiar la reclamación no fue por imposibilidad física, sino por falta de voluntad, pues, como he indicado, constan (y mi compañero los guardó cuidadosamente, y por ello entre otras cosas he podido verificar este extremo mediante el examen cuidadoso de los mismos) tanto el primer correo enviado con acuse de recibo (donde se trasladaba a la aseguradora la demanda y la documental aneja a la misma) como los ulteriores correos electrónicos donde se trasladó a la aseguradora la contestación a la demanda y la sentencia.

B.- Frente a una sentencia únicamente caben dos opciones: considerarla ajustada a Derecho o no, impugnándola únicamente en el último caso. Ahora bien, decir que no se es partidario del recurso pero que si la otra parte la recurre se impugne igualmente lo único que da a entender es que sí existen motivos para la apelación, pues de lo contrario se dejaría como está. Lo que deja en evidencia esa actitud, o lo que da a entender es que la aseguradora pretende únicamente ahorrarse los 730 euros a que ascendía la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que no abonaría de ser la parte contraria quien tomase la iniciativa.

La cosa no acaba ahí, pues pese a aconsejar expresamente no apelar la sentencia y dejar bien claro que si el asegurado lo hacía lo haría por su cuenta y riesgo, la aseguradora solicitó del abogado que en caso de apelar se le facilitase copia del recurso de apelación.

En este sentido (y es en lo único que mi distinguido amigo y compañero se equivocó) remitió un correo electrónico a la aseguradora dejando patente su indignación e indicando que se consideraba libre para exponer lo que consideraba un trato deficiente de la aseguradora tanto al colegio profesional al que pertenecía como a sus compañeros de profesión, y en donde se ironizaba sobre la confianza que debían merecer las aseguradoras si se tenía en cuenta que la procuradora codemandada (que había optado por confiar ciegamente en su compañía) fue declarada en rebeldía precisamente porque a los tramitadores se les “olvidó” dar traslado de la demanda al despacho encargado de la defensa. Creo que ese correo, comprensible por la falta de seriedad de la aseguradora, estaba de más. Pero lo cierto es que, en cuanto me comentó el asunto le solicité el examen de la documentación para ponerlo en conocimiento de los lectores del blog. Hemos expuesto descarnadamente los hechos tal y como se desprende de la documentación analizada (fundamentalmente las comunicaciones entre asegurador y asegurado) y sin alterar ni un milímetro los hechos. Que sea cada lector quien saque sus propias conclusiones.

5.- LA APELACIÓN. El resultado óptimo para el compañero, pues no sólo se estimó íntegramente su recurso de apelación absolviéndosele de todas las pretensiones, sino que se condenó al demandante a abonarle las costas de primera instancia. Pero imagínense qué hubiera ocurrido de seguir el consejo de la aseguradora.

Sí, es cierto, es ella quien se hubiera hecho cargo de la condena (de cuantía ridícula, por cierto), pero el baldón en el historial del letrado hubiera quedado como baldón imborrable por la desidia de una compañía aseguradora.

 

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