BETTERMAN v MONTANA: CUANDO LA CORRECTA ELECCIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL VULNERADO SÍ IMPORTA.

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Cuando se alega una vulneración constitucional, la invocación del precepto concreto adquiere una vital importancia, de tal forma que en ocasiones el error en la elección puede determinar el fracaso de la acción tendente a anular determinada acción constitucional. Un evidente ejemplo de este aserto podemos encontrarlo en el caso Betterman v Montana, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública el pasado día 19 de mayo. Dicha sentencia tiene, además, el añadido de que ha sido adoptada por unanimidad, y aunque existen dos votos particulares (los de Samuel Alito y Sonia Sotomayor) ambos son concurrentes, es decir, que coinciden en el resultado final alcanzados por sus colegas.

Los hechos determinantes del caso son relativamente sencillos. Un ciudadano que había sido procesado pero que se encontraba en libertad bajo fianza, no comparece en el acto del juicio, por lo que el juez dicta orden de detención contra el mismo y, una vez detenido, es acusado de un nuevo delito, en concreto el denominado bail jumping (delito autónomo en que incurre el detenido por otro delito que, en libertad bajo fianza, no comparece en el juicio). Celebrado el juicio por este segundo delito, el acusado se declara culpable, y permanece en prisión mientras que se dicta la sentencia, algo que se demoró en el tiempo durante catorce meses por causas no imputables al detenido, sino a “retrasos institucionales” (cinco meses se tardó en completar los autos, “varios meses” en denegar dos mociones anteriores a la sentencia y demora en la fijación de la vista para dictar sentencia). Finalmente, se condena al acusado a siete años de prisión, cuatro de ellos con la sentencia en suspenso.

A la vista de lo anterior, el condenado impugna la sentencia basándose en la “speedy trial clause” garantizada en la sexta enmienda de la Constitución, según la cual “en toda causa criminal el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público ante un jurado imparcial del distrito y estado en que el delito se haya cometido.” Sin embargo, esta pretensión es desestimada por el Tribunal Supremo de Montana, quien sostiene que el ámbito objetivo de dicha enmienda se extiende únicamente desde la detención hasta la condena o absolución, pero no se extiende al tiempo que media desde la condena hasta la sentencia. El asunto llega al Tribunal Supremo.

Pues bien, en su breve sentencia, el Alto Tribunal desgrana las tres fases del proceso penal y las protecciones y garantías que el texto constitucional ofrece en cada una de ellas. Así, es posible distinguir tres “discrete phases” en los procedimientos criminales, en cada una de las cuales existen mecanismos de garantía distintos y específicos en función del estadio en que se encuentre la causa:

1.- En la primera fase, “el Estado efectúa las investigaciones tendentes a determinar si puede arrestarse y procesar a un sospechoso”. Es, por tanto, un lapso de tiempo que comprende desde la comisión o conocimiento de los hechos hasta la detención física e imputación del sospechoso. En este primer estado, que podría denominarse fase preprocesal o policial, las normas legales “ofrecen una protección básica frente a las dilaciones, con la cláusula de protección debida a modo de salvaguarda fundamentalmente contra actuaciones ilegales en la investigación.”

2.- La segunda fase, en la cual “una vez imputado, el sospechoso es acusado, pero se le presume inocente hasta la condena en juicio o asunción propia de culpabilidad.” Según el Tribunal Supremo, “La cláusula de procedimiento sin dilaciones de la sexta enmienda rige en esta segunda fase: desde el arresto o procesamiento hasta la condena. Nuestros precedentes dejan claro que este derecho constitucional no entra en juego hasta el inicio de esta fase, esto es, cuando se detiene o acusa formalmente al sospechoso.” En esta fase, “al acusado se le protege con la presunción de inocencia, piedra angular y principio axiomático y elemental en cuyo cumplimiento descansa la base de la administración de justicia criminal. La cláusula de procedimiento sin dilaciones protege dicha presunción evitando encarcelaciones indebidas y opresivas anteriores al juicio…minimizando la ansiedad y preocupaciones inherentes a toda acusación pública…”

3.- La última de las fases se extiende “desde la condena hasta que el Tribunal impone la sentencia.” En esta última fase ya no rige la presunción de inocencia, pero ello no implica que “el condenado carezca de protección alguna frente a dilaciones indebidas en estos momentos.” Y aunque la protección en este caso radica en otro principio, en el due process, y no en la speedy trial clause y no constitucional, la sentencia recuerda que “tras la condena, el derecho del procesado a la libertad, aunque disminuido, aún está presente, pues mantiene el interés en que el procedimiento seguido a la hora de dictar sentencia sea fundamentalmente justo

La sentencia, de la cual ha sido ponente Ruth Bader Gisburn, hace un recorrido por la historia y los objetivos de la “speedy trial clause” recogida en la sexta enmienda y en la cual el acusado basaba su pretensión. El Tribunal deja bien claro que ese principio constitucional no se extiende a la última de las fases, dada principalmente su finalidad, que es la de proteger a un acusado hasta tanto su presunción de inocencia sea enervada por confesión de culpabilidad o por condena. Por el contrario, “De existir discrepancias fácticas a la hora de sentenciar, no afectan al elemento culpabilístico, sino que las mismas se circunscriben de verificar si la resolución judicial se encuentra dentro de los límites mínimos y máximos.” Por tanto, a la hora de desestimar el recurso, el Tribunal lo hace por motivos formales y sin entrar en el fondo: el acusado se había amparado en la cláusula de dilaciones indebidas, que no rige en la última fase del procedimiento criminal, donde rige la cláusula del proceso debido. Por ello, y dado que el acusado “no esgrime pretensión alguna relacionada con el proceso debido, no efectuamos manifestación alguna en cuanto a las posibilidades existentes en caso de haber invocado el principio más adecuado.

 

Una buena prueba de que la elección del precepto constitucional sí importa a la hora de fundamentar vulneraciones de principios con base en la carta magna.

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