VIEJA Y NUEVA CONSTITUCIÓN: BRILLANTE CIERRE DE SANTIAGO MUÑOZ MACHADO A SU TRILOGÍA SOBRE LA CRISIS INSTITUCIONAL Y SUS POSIBLES SOLUCIONES.

Vieja y nueva constitución

En el ámbito literario y cinematográfico son frecuentes las trilogías. Desde la antigüedad clásica donde los autores griegos acudían a los festivales representando tres dramas con unidad de temática (siendo el ejemplo típico la Orestíada de Esquilo) hasta J.R.R. Tolkien y su celebérrima El señor de los Anillos. Ésta saga literaria conoció una adaptación a la gran pantalla convertida igualmente en trilogía cinematográfica, coetánea en el tiempo con otro célebre trío de films, el correspondiente a Star Wars (en este caso, el segundo ciclo de la serie, que desde el punto de vista de los acontecimientos narrados en el film sería cronológicamente el primero), sin que podamos olvidarnos de una magnífica e inolvidable saga que adoptó igualmente la forma trina: El Padrino, de Francis Ford Coppola. Pero las trilogías, tan abundantes, como hemos visto, en la gran pantalla y en el mundo literario, no lo son tanto en el sector más específico de la literatura jurídica. Sin embargo, existen notables excepciones que, por su temática y calidad, destacan sobremanera. Y precisamente este año se acaba de poner el broche a una de las sagas jurídicas más lúcidas que hayan visto la luz en los últimos tiempos.

Hace apenas un par de semanas salía al mercado el libro Vieja y nueva Constitución, el nuevo libro del prolífico Catedrático de Derecho Administrativo y Académico Santiago Muñoz Machado, y con el que se cierra la trilogía iniciada en el año 2012 con el imprescindible Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo y continuada en el 2014 por Cataluña y las demás Españas. No son los únicos libros del autor, pues precisamente acaba de salir al mercado el libro homenaje que, con el título Memorial para la reforma del Estado, ha publicado en tres volúmenes el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en homenaje a Muñoz Machado con motivo de su jubilación, y en cuyo volumen primero se contiene un listado completo de las publicaciones del homenajeado que permiten al lector hacerse una idea de lo fecundo y variado de los asuntos que Muñoz Machado aborda en sus libros, artículos e intervenciones. Pero esta tríada de ensayos viene presidida por una unidad temática: la preocupación por el desbordamiento (mejor decir, descarrilamiento) del estado autonómico y el reto soberanista catalán, al que se pretende dar una respuesta con estos tres volúmenes. Esta preocupación del autor por la exacerbación de las autonomías no es nuevo, y así ya en el año 2005 daba a la luz en la editorial Iustel el ensayo El problema de la vertebración del Estado en España, donde hacía un recorrido histórico por la organización territorial desde los Decretos de Nueva Planta hasta el inicio de la ruptura o desbordamiento del cauce constitucional que se iniciaba precisamente esos años con la tramitación de lo que ulteriormente se convertiría en Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Si Informe sobre España centraba su análisis en la crisis institucional, apuntando a las causas endógenas o intrínsecas de la misma y apuntando posibles soluciones a la deficiente regulación constitucional de las autonomías (que el autor, en un gesto de honestidad intelectual, califica expresamente de “desastre sin paliativos”) y Cataluña y las demás Españas aborda específicamente el asunto catalán (con un erudito análisis que acompasa historia española y europea con un dominio del ordenamiento jurídico español, internacional y comparado), Vieja y nueva Constitución nos acerca a la meta del recorrido mediante la reflexión sobre un viejo tema nuevo: el de la duración de las constituciones y su reforma. Porque, en efecto, el planteamiento de si los acuerdos o pactos tomados por una generación puede vincular a las posteriores (no en vano la obra que comentamos se inicia con las reflexiones que sobre el particular hacía Thomas Jefferson, para quien los textos constitucionales debían tener una duración limitada a diecinueve años, el tiempo que dura una generación), la obra se adentra en la dogmática constitucional e incluso en la historia del constitucionalismo, abordando un análisis histórico de los diferentes textos constitucionales y las vías o medios que cada una de ellas establecía para su reforma. Paradójicamente, los textos constitucionales más revolucionarios o que rompían abiertamente con la situación anterior (los de 1812, 1931 y 1978) recogen unos sistemas de reforma tan agravados o rígidos que en la práctica hacen imposible un cambio constitucional por las vías ordinarias, mientras que las constituciones más conservadoras apenas establecían procedimientos reforzados. Pero no es ese el único mérito del libro, sino que al albur de la experiencia histórica el autor analiza los modos o formas que en nuestro pasado se han utilizado para alterar las reglas o principios constitucionales, para terminar con “el más original e inédito de los cambios constitucionales intentados en España en toda la historia”, que consiste en “el proyectado por los movimientos nacionalistas catalanes para romper la constitución española y aprobar una propia que instituya la República catalana como un estado independiente”, a cuyo análisis dedica el capítulo VIII del libro. Con todo, son interesantísimas las reflexiones contenidas en los dos últimos capítulos, donde se abordan los cambios que los ordenamientos supranacionales, y en especial en nuestro caso el ordenamiento jurídico comunitario europeo, han proyectado sobre las constituciones.

Nos encontramos ante un análisis serio, riguroso, erudito (buena prueba de ello lo muestra la amplia bibliografía citada por el autor en las páginas finales, donde no sólo se limita a autores españoles, sino que se manejan autores franceses, alemanes e incluso norteamericanos, incluyendo obras tan recientes como el último libro del juez Stephen Breyer The court and the world, publicado en septiembre del pasado año 2015) y que a buen seguro servirá como punto de partida para que los responsables se pongan manos a la obra y se proceda a reformar la constitución en lo que es preciso reformarla. El deseo de petrificar la Constitución evocando el consenso que presidió su elaboración es un inmenso error, no sólo porque a la generación que la elaboró ha sucedido otra, sino porque los tiempos han cambiado y, lógicamente, ello se proyecta sobre el propio texto constitucional. De igual forma que una persona no puede ponerse a los veinte años el traje que lució en su primera comunión, no es posible que la Constitución permanezca impasible ante el paso del tiempo. Hay valores y principios que, lógicamente, conservan plenamente su vigencia (caso de los derechos fundamentales), pero existen instituciones que, a la vista de la experiencia histórica o, simplemente, por un simple criterio de utilidad, es preciso meditar seriamente sobre su supresión (caso del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo) y otras sobre las que debería replantearse su naturaleza y regulación (caso del Senado). También, y a la vista de lo ocurrido tras las elecciones del pasado 20 de diciembre de 2015, no estaría de más modificar los preceptos constitucionales de los Títulos III y IV para reducir los plazos de constitución de las nuevas Cortes, del debate de investidura y, sobre todo, minorar drásticamente el plazo de dos meses establecido en el artículo 99.5. Cuando se aprobó la Constitución de 1978 los transportes y las redes de comunicaciones eran muy deficientes y lógicamente los plazos se adecuaban a la situación social del momento; pero en pleno siglo XXI, en la era de las redes sociales, los whatsapps y la alta velocidad, evidentemente la realidad social debe influir sobre esos plazos. Baste un ejemplo del derecho comparado. La Constitución de los Estados Unidos aprobada en 1787 establecía que el mandato del Presidente de los Estados Unidos se iniciaba al mediodía del 4 de marzo, es decir, casi cuatro meses después de celebrados los comicios. A principios del siglo XX se consideró dicho plazo excesivo, y la vigésima enmienda constitucional, aprobada en 1933, fija el inicio del mandato presidencial al mediodía del 20 de enero, algo mucho más adecuado en cuando a los plazos a la situación existente en el primer tercio del siglo XX, aunque hoy en día incluso tal demora entre los comicios y el inicio del mandato sería excesiva en la realidad social coetánea.

 

En definitiva, una obra de lectura obligada para plantearse y replantearse muchas cuestiones.

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