TEXAS v UNITED STATES: SONORO VARAPALO DE UN JUEZ FEDERAL A LOS ABOGADOS DEL ESTADO POR MENTIR CONSCIENTEMENTE EN JUICIO.

Ethics

Uno no puede sentir más que envidia sana de determinados aspectos del ordenamiento jurídico norteamericano. No sólo por ser los Estados Unidos el país por excelencia donde florecen los litigios, sino porque en determinadas cuestiones la experiencia práctica está años luz de la penosa situación que existe en nuestro país. Una de esas cuestiones, es la de la vulneración por parte de un abogado de las normas deontológicas. En España existe una intolerable dualidad de regímenes, puesto que en el caso de un abogado particular el asunto tiene un iter procedimental específico: denuncia al colegio profesional, recurso ante el Consejo General de la Abogacía y, finalmente, vía contencioso-administrativa. Por el contrario, en el caso de los funcionarios que integran los servicios jurídicos de las distintas Administraciones que pueblan nuestro rico y variopinto país, la denuncia ha de hacerse ante la propia Administración para la que trabajan y la experiencia demuestra que ésta suele ser muy comprensiva con su personal; baste como ejemplo que consta en la página 98 de la Memoria de la Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado del año 2014 se han incoado únicamente 2 expedientes disciplinarios (no se especifica si los mismos concluyeron con un archivo o no), mientras que, por ejemplo, en el mismo periodo 2014 en el caso de Gijón se han impuesto 11 sanciones disciplinarias, mientras que otros 40 procedimientos se archivaron sin imposición de sanción alguna. Como se ve, disciplinariamente hablando, los empleados públicos que asumen labores de asesoramiento en juicio de las Administraciones públicas no parece que tengan que responder mucho de su actividad, incluso en casos de vulneración de normas deontológicas. Y faltaría a la verdad quien dijese que los miembros de los distintos servicios jurídicos de las Administraciones públicas españolas tengan por norma orillar la deontología profesional (en muchas ocasiones, sobre todo en las generaciones más jóvenes, el trato suele ser exquisito a todos los niveles) pero sería igualmente faltar a la verdad quien dijese que no existen comportamientos no que bordeen, sino que traspasen de lleno los muros de la infracción disciplinaria.

Por ello, es asombroso a ojos de un jurista continental la impresionante Resolución que el pasado día 19 de mayo de 2016 hizo pública Andrew S. Hanen, titular del Juzgado Federal del Distrito Sureste de Texas, en el asunto State of Texas et al. v United States, donde se enfrenta a la infracción disciplinaria cometida por el personal encargado de la defensa judicial de los Estados Unidos en los procedimientos impugnatorios relativos a la decisión del Presidente de los Estados Unidos en virtud de la cual mediante actos administrativos pretende suavizar el cumplimiento de la legislación inmigratoria. El asunto principal se encuentra en la actualidad pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (pues la vista oral del caso tuvo lugar el diecisiete de abril) pero el juez federal se enfrenta a una cuestión de notable importancia tanto procesal como ética: ¿Qué ha de hacerse cuando los abogados del Departamento de Justicia han mentido conscientemente en la vista?

La resolución judicial que comentamos tiene varios puntos que la hacen insólita a los ojos de un espectador habituado a contemplar este asunto desde el punto de vista de un ordenamiento europeo:

1.- Para empezar, el juez ilustra el fondo del asunto con una cita cinematográfica, pues, como dice la frase inicial de la resolución: “una conversación entre dos personajes de un reciente y popular film ejemplifica el núcleo de este asunto”. La película en cuestión no es otra que Bridge of spies (El puente de los espías), y la frase decisiva, que además aparece subrayada en la resolución, es la siguiente: “I´m Irish, you´re German, but what makes us both americans? Just one thing…the rulebook. We call it the Constitution and we agree to the rules and that´s what makes us Americans. It´s all that makes us americans, so don´t tell me there´s no rulebook” (Soy irlandés y usted alemán. Qué nos convierte a ambos en Americanos? Tan sólo una cosa: las normas. Las llamamos Constitución, y estamos de acuerdo en cumplir las normas y que ello nos hace americanos. Es todo lo que nos hace americanos, así que no me diga que no existen reglas). Citas literarias y cinematográficas, sin ser del todo frecuentes ciertamente no son extrañas en las resoluciones judiciales estadounidenses, y de hecho, casi al final de la resolución judicial se vuelve a transcribir un diálogo de una película, en esta ocasión del clásico Miracle on the 34th Street (penosamente traducido en España como De ilusión también se vive). En nuestro país una cita literaria o cinematográfica en una sentencia sería, hoy en día, inimaginable.

2.- El Juzgado plantea la cuestión a resolver en toda su crudeza. Es consciente de que el asunto principal pende en el Tribunal Supremo. Pero “What remains before this Court is the question of whether the Government´s lawyers must play by the rules. In other words, the propriety of the Defendant´s actions now lies on the Supreme Court, but the question of how to deal with the conduct or misconduct of their counsel rest with this Court” (Lo que permanece ante este Tribunal para resolver es si los abogados del Estado han de actuar según las normas. En otras palabras, la actuación de dichos profesionales pende en la actualidad ante el Tribunal Supremo, pero el asunto de cómo abordar su posible vulneración de las normas deontológicas ha de resolverlo este juzgado). Lenguaje tan directo, claro y tajante sería inconcebible en cualquier órgano judicial de nuestro país que hubiese de enfrentarse ante la impugnación de una sanción disciplinaria (en el ya más que difícil supuesto de que exista dicho acto sancionador) a un miembro de los Servicios Jurídicos del Estado. No es que el juez experimente regocijo o placer en enfrentarse a tan delicada cuestión, pues reconoce abiertamente que: “This Court neither takes joy nor finds satisfaction in the issuance of this Order. To the contrary, this Court is disappointed that it has to address the subject of lawyer behavior when it has many more pressing matters on its docket” (Este juzgado no encuentra alegría o satisfacción en emitir esta resolución. Al contrario, manifiesta su disgusto por tener que abordar el asunto del comportamiento de un letrado cuando tiene asuntos más urgentes en su agenda).

3.- El comportamiento o falta de ética que se imputa a los abogados es descrito en la resolución de forma clara: tanto oralmente como por escrito aseguraron que las medidas anunciadas por Barack Obama no comenzarían a aplicarse hasta el 18 de febrero de 2015 (identificándose los momentos en concreto –tanto por escrito como en la vista oral del caso-) en que se realizaron tales manifestaciones. En base a las mismas se actuó a efectos de señalamiento de vistas y plazos. No obstante, ese mes de febrero ya se habían otorgado 100.000 solicitudes en base a la normativa que, según los abogados encargados de la defensa de los Estados Unidos, no se comenzaría a aplicar hasta entonces. El Gobierno federal intentó salvar la cara de sus abogados diciendo que habían “malinterpretado” las instrucciones federales e incluso que habían cometido un leve error que les llevó a dicha errónea conclusión. Pero el juez reconoce que “tras el análisis de los escritos del Estado en este asunto, no puede llegar más que a una conclusión inevitable: los abogados del departamento de justicia conocían los hechos y falsaron los mismos en múltiples ocasiones a los ciudadanos de los veintiséis estados demandantes, a sus abogados y a este Tribunal.” Una amarga píldora para el Departamento de Justicia y para los abogados de dicho ente público, máxime cuando unas páginas más abajo incide en tal circunstancia al indicar de nuevo que: “Tal comportamiento fue más que una mera omisión: fue deliberado” Y es que, tras la divertida cita del film Miracle on 34th Street, la sentencia profundiza en la herida abierta en la credibilidad del Departamento de Justicia: “The need to tell the truth, especially in court, was obvious to a finctional Young Tommy Mara jr in 1947, yet there are certain attorneys in the Justice Department who apparently have not received that message, or more likely have just decided they are above such trivial concepts” (El deber de decir la verdad, especialmente ante un Tribunal, aunque era obvio para el ficticio personaje del joven Tommy Mara jr en 1947, parece que no lo era tanto para ciertos abogados del Departamento de Justicia, quienes aparentemente no tenían claro el particular o, más propiamente, decidieron que están por encima de esos triviales principios).

4.- La corrección disciplinaria judicialmente impuesta es más simbólica que real, pues está muy limitada tanto subjetiva como objetivamente: impone a los abogados del Departamento de Justicia que participen en cualquiera de los pleitos derivados de este asunto (la actuación administrativa en materia de inmigración) la obligación de comparecer personalmente a un curso de ética profesional impartido por un profesional de reconocido prestigio que no esté empleado por el Departamento de Justicia. No obstante, pese a ser simbólica, es evidente que la mera adopción de la medida y, sobre todo, la tajante actitud del Juez ha tenido que levantar ampollas entre los afectados.

Conviene hacer una precisión para no llamar a equívocos. No se está penalizando a los abogados del Departamento de Justicia por actuar de forma temeraria o por defender una pretensión absurda (ello entra dentro de los límites del derecho de defensa), sino por falsear consciente y deliberadamente los hechos, algo que si es ya grave en un particular, lo es todavía más cuando el letrado forma parte del Departamento de Justicia.

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