UN PÁRRAFO DE THOMAS PAINE APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS ACTUALES JUZGADOS ESPAÑOLES.

Thomas Paine

En el año 1776, un autor británico que estaba llamado a ejercer una poderosa influencia no sólo en los Estados Unidos, sino en Europa, efectuaba la siguiente reflexión: “Absolute governments (tho´the disgrace of human nature) have this advantage with them, they are simple; if the people suffer, they know the head from which their suffering springs; know likewise the remedy; and are not bewildered by a variety of causes and cures. But the constitution of England is so exceedingly complex, that the nation may suffer for years together without being able to discover in which part the fault lies; some will say in one and some in another, and every political physician will advise a different medicine” (Los gobiernos absolutos, a pesar de ser una desgracia para la naturaleza humana) tienen esta ventaja: que son simples; si el pueblo sufre, sabe la causa de donde surge sus sufrimientos, conoce asimismo el remedio y no anda preocupado con la variedad de causas y cuidados. Sin embargo, la Constitución de Inglaterra es tan desorbitadamente compleja que la nación puede sufrir durante años sin ser capaz de descubrir en qué sitio reside la falta; unos dirán que en tal lugar y otros que en aquel otro, y cada médico de la política aconsejará una medicina diferente). El responsable de esta adaptación a la ciencia política del viejo refrán “divide y vencerás”, se llamaba Thomas Paine, y el libro en cuestión, escrito en abierto apoyo de los colonos americanos en su enfrentamiento con Gran Bretaña, se titulaba Common sense.

La anterior reflexión goza de muy rabiosa actualidad. Son múltiples, cientos de organismos los que pueblan nuestro Estado y que reivindican, celosos, el aumento de sus competencias. Pero a la hora de asumir la responsabilidad de su ejercicio, todo es mirar para otro lado, y toda pelota que lanza el ciudadano se apresuran a desviarla a saque de esquina, a ver si el peligro se aleja. Así, existen materias en donde intervienen hasta tres Administraciones distintas, que es el modo seguro para que nada funcione. Pero donde el asunto ha alcanzado el paroxismo es en la organización interna de los juzgados, descrita magistralmente y con el habitual sentido del humor que le caracteriza, por el profesor Francisco Sosa Wagner en su reciente estudio La independencia del juez ¿una fábula?. Y es que, en efecto, si existe un denominador común en las críticas dirigidas a la Administración de Justicia es el de la falta de medios y su congénita lentitud. Ahora bien, a la hora de intentar buscar los orígenes del mal, es cuando viene como anillo al dedo la afirmación de Thomas Paine con la que iniciábamos nuestra entrada.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL JUZGADO. Analicemos un poco el tema. ¿Cómo es la estructura interna de un juzgado?

1.- El Juez. Al frente del Juzgado se encuentra el juez o magistrado. No está sujeto a nada ni a nadie más que a la ley, pues la independencia constitucionalmente garantizada implica que no están sujetos más que al ordenamiento jurídico. Carecen de superior jerárquico alguno (pues la jerarquía de órganos judiciales no implica la sumisión jerárquica de los titulares de órganos inferiores a los superiores) sin perjuicio de que estén sujetos a la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. La responsabilidad penal apenas existe en la práctica (dado que, en este sentido, el noventa y nueve coma nueve por ciento de los jueces españoles son rectos, honestos e íntegros -en este caso la excepción, mínima, no hace más que aseverar la regla general) y la civil ya no existe ni sobre el papel, puesto que al igual que ocurre con el resto de empleados públicos, quien responde es la Administración, que nunca hasta ahora ha ejercido la acción de regreso (ni contra un juez ni contra ningún empleado público) en el caso de declararse la responsabilidad. Como tal, el Juez es el responsable máximo de resolver las disputas y dictar las correspondientes sentencias y autos. Es, pues, o eso parece, omnipotente, pero también se encuentra solo. Esta reflexión no es del autor de este blog, sino que fue efectuada en voz alta hace ya casi veinte años, al profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor en unas jornadas sobre la reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa celebradas en el Ayuntamiento de Gijón en el año 1999, aunque dicho profesor sorprendió al auditorio al continuar su reflexión con una conclusión ciertamente peculiar, aunque era evidente tanto por el tono como por las formas que la hacía evidentemente animus iocandi, porque su afirmación, que copié literalmente por la perplejidad que causó la misma en quien todavía era un joven e inexperto letrado, fue la siguiente: “El juez, en su juzgado, es omnipotente. Pero a la vez, se encuentra sólo porque en su labor no tiene ayuda. Y todos sabemos que la omnipotencia acompañada de la soledad, genera locura. No, no se sorprendan, esta última conclusión no es mía, sino de Sigmun Freud”. Ahora bien, muchas cosas han cambiado desde entonces, y las facultades del juez han quedado muy mermadas, y se limitan prácticamente al dictado de las sentencias. En efecto, tras la reforma operada por la Ley 13/2009 de 3 de noviembre las facultades del juez han quedado reducidas a la mínima expresión. Muchas de las tareas burocráticas que consumían parte de su tiempo en esfuerzos estériles se trasladaron a otras manos, pero el desapoderamiento ha sido de tal calibre que el titular del juzgado ya no es el responsable de su agenda, es decir, de la fijación de los asuntos.

Por tanto, tenemos un juez que es el titular del juzgado, que carece de superior jerárquico, que no maneja la agenda y que, igualmente, como veremos a continuación, carece de mando directo alguno sobre el resto del personas que trabajan en el órgano judicial.

2.- El Letrado de la Administración de Justicia. Esta es la nueva y pomposa denominación que la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio otorga a los anteriormente llamados Secretarios Judiciales. A diferencia del juez, estamos ante harina de otro costal. En este caso, nos encontramos con un empleado público integrado en Juzgado, pero no sometido jerárquicamente al Juez, sino inserto en un cuerpo que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, y que se articulan siguiendo una línea estrictamente jerárquica. Así lo establecen el artículo 440 de la Ley Orgánica 6/1985 de 7 de julio, el Real Decreto 1608/2005 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y así lo han reconocido la Sentencia 163/2012 de 20 de septiembre del Pleno del Tribunal Constitucional (y han reiterado ulteriormente las Sentencias 224/2012 de 29 de noviembre y 18/2013 de 31 de enero, ambas del Pleno del Tribunal Constitucional), la primera de ellas resolutoria de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente al artículo 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, avala esa dependencia: “La dependencia del Cuerpo de Secretarios Judiciales del Ministerio de Justicia que establece el precepto impugnado se justifica precisamente por el carácter nacional de dicho cuerpo y por las funciones que los pertenecientes al mismo desarrollan. No obstante, la dependencia del Cuerpo de Secretarios Judiciales del Ministerio de Justicia no excluye el sometimiento de sus miembros a lo que dispongan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias asumidas por éstas.” Por tanto, nos encontramos ante un cuerpo jerarquizado y dependiente del Ministerio de Justicia que, actualmente, siendo la Secretaría General de la Administración de Justicia el órgano encargado de la “dirección, coordinación y demás competencias que corresponden al Secretario General de la Administración de Justicia respecto de los Secretarios de Gobierno y de los demás integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales” (artículo 3.2.a del Real Decreto 453/2012 de 5 de marzo por el que se regula la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia).

El Letrado de la Administración de Justicia es el responsable máximo de la tramitación de los asuntos, pues es el encargado de requerir de subsanación los posibles defectos que adolezcan los escritos, quien admite a trámite los mismos, quien fija las fechas para las vistas y comparecencias, quien resuelve las tasaciones de costas y las juras de cuentas e incluso quien da por finalizado el procedimiento en casos especiales (desistimiento, allanamiento, monitorios donde el deudor no comparece ni se opone, juicios verbales de arrendamientos donde el arrendatario no comparece, no paga ni se opone) y en las ejecuciones judiciales, donde el juez se limita a admitir a trámite la ejecución descargando en el Letrado de la Administración de Justicia las tareas concretas de ejecución. Como tal, en es el responsable del personal que presta sus servicios en el juzgado.

3.- Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, que son los tradicionales Oficiales, Auxiliares y Agentes, a los que ahora reciben una denominación mucho más vistosa: Gestión Procesal y Administrativa; Tramitación Procesal y Administrativa y, por último, el Auxilio Judicial. Estos empleados públicos dependían tradicionalmente del Ministerio de Justicia, pero he aquí la sorpresa: los mismos han sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. Véase, por ejemplo, el Real Decreto 2003/2008 de 5 de diciembre, en cuyo apartado C del Anexo se indica que el personal de dichos cuerpos “pasará a depender de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y las demás normas que en cada caso resulten aplicables”.

REFLEXIONES SOBRE EL PARTICULAR.

Tenemos, pues, la siguiente organización ciertamente digna de una película de los hermanos Marx. Un único órgano (el juzgado) cuyo titular es independiente, sin superior jerárquico y sujeto únicamente a efectos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial y que es quien decide el fondo de los asuntos mediante sentencia. Un Letrado de la Administración de Justicia que es el responsable máximo de la marcha del juzgado, pero que ni está sometido jerárquicamente al juez ni es el superior jerárquico de los Cuerpos al Servicio del a Administración de Justicia, en cuanto éstos han pasado a depender de otra Administración distinta de la del Estado, cual es la autonómica que, en numerosas ocasiones, es igualmente la responsable de dotar de medios a éstos. Cuando se produce una incidencia ¿Cuál es el origen último de la misma o el foco origen de la disfunción? ¿Del juez, del secretario o de los funcionarios auxiliares? Porque cada uno de ellos depende de una Administración distinta. Quien lo tiene mucho más fácil tras la reforma operada en la Ley 13/2009 es el Juez, a quien únicamente pueden imputarse las eventuales dilaciones en la elaboración de las sentencias. Pero ¿qué ocurre en el resto de los casos? A quién es imputable el retraso? El Letrado de la Administración de Justicia podrá desviar la responsabilidad al personal de auxilio, quien a su vez podrá derivarla al primero, y ambos podrán acusar a la Administración competente (ya sea la estatal o la autonómica en caso de cesión competencial) de no dotarles de los medios necesarios y así, ante un enemigo común ajeno, todos tan contentos.

Lo que es innegable es que dicho esquema organizativo es un potencial foco de conflictos, sobre todo si a lo anterior se añaden eventuales malquerencias personales o profesionales. Y lo que es igualmente innegable es que la misma demuestra lo acertado que estaba Thomas Paine hace dos siglos y medio cuando imputaba a las divisiones organizativas la indefensión de los ciudadanos, que ante tamaña confusión institucional son los más perjudicados al no ser capaces de verificar con claridad a tiempo cual es el origen real de un problema.

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