UNITED STATES v TEXAS: NUEVE PALABRAS QUE CONFIRMAN LA NULIDAD DE UNA ACTUACIÓN PRESIDENCIAL.

Obama

Ayer día 23 de junio de 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha confirmado el varapalo judicial a la lamentable (desde el punto de vista jurídico) actuación del Presidente Barack Obama, y lo ha hecho con tan sólo nueve palabras. En efecto, si el lector curioso decide consultar el texto de la sentencia United States et al. v. Texas et. al., comprobará que la misma se limita a una simple frase: “The judgement is affirmed by an equally divided Court” (Se confirma la sentencia por existir empate entre los magistrados). Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo que ha ocurrido en realidad es que actualmente, tras el súbito fallecimiento del juez Antonin Scalia el pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo ha quedado reducido a ocho miembros sin que hasta el momento se haya cubierto la vacante. Y existe en el ordenamiento jurídico estadounidense un principio consolidado según el cual, en el supuesto de empate a votos entre jueces del Tribunal Supremo, se confirma sin más la resolución impugnada. Quiere ello decir que el Tribunal Supremo, en puridad, no es el responsable último del bofetón legal sufrido por el Presidente, pues tal cachete se lo da en los carrillos al mandatario estadounidense la mucho más extensa sentencia State of Texas et al. v. United States et al. que el pasado 9 de noviembre de 2015 dictó el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito Judicial. Aunque, ya puestos a ser puristas, en realidad la responsabilidad última corresponde al juzgado federal de distrito que conoció el asunto en primera instancia, cuya sentencia de 16 de febrero de 2015 el Tribunal de Apelaciones confirma en todos sus extremos. Esta primera resolución del juzgado federal fue debidamente glosada en este blog, en un análisis que el lector puede encontrar aquí.

Resumiendo a sus líneas maestras el fondo del asunto, nos encontramos ante un pleito típicamente administrativo. La friolera de veintiséis estados impugnan un acto administrativo del Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security) elaborado en noviembre de 2014 y en base al cual se amplían generosamente los criterios en base a los cuales las personas que residen ilegalmente en los Estados Unidos pueden obtener un permiso de residencia. Esta actuación no suponía más que el cumplimiento de la expresa amenaza que Barack Obama efectuó al Congreso de los Estados Unidos, al que había manifestado expresamente que de no aprobar las medidas legislativas tendentes a lograr los objetivos que se había marcado el mandatario norteamericano, éste utilizaría las potestades que a la Presidencia otorga la Constitución para adoptar unilateralmente ese paquete de medidas desde el Poder ejecutivo. La impugnación se fundamentaba en tres motivos jurídicos, que la Sentencia del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito didácticamente resume en un único párrafo: “The states sued to prevent DAPA´s implementation on three grounds. First, they asserted that DAPA [Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents] violated the procedural requirements of the APA [Administrative Procedure Act] as a substantive rule that did not undergo the requisite notice and comment rulemaking. Second, the states claimed that DHS [Department of Homeland Security] lacked the authority to implement the programe even if it followed the correct rulemaking process, such that DAPA was substantively unlawful under the APA. Third, the states urged that DAPA was an abrogation of the President´s constitutional duty to take care that the Laws will be faithfully executed.” (Los estados impugnan la ejecutividad del DAPA [Suspensión de actuaciones relativas a padres de americanos y residentes legales permanentes] en base a tres motivos. En primer lugar, sostienen que incumple los requisitos procedimentales de la APA [Ley de Procedimiento Administrativo], pues dicha actuación administrativa omitió los requisitos de información pública exigidos. Segundo, los estados argumentan que el DHS [Departamento de Seguridad Interior) carece de la potestad para ejecutar el programa incluso aunque hubiera cumplimentado los requisitos procedimentales, dado que el DAPA es materialmente ilegal según la APA. Tercero, argumentan que con la DAPA el Presidente vulnera su deber constitucional de asegurar que las leyes son correctamente ejecutadas). Con ser la argumentación jurídicamente muy fundamentada, lo realmente grave era la tercera de las imputaciones, dado que mientras los dos primeros argumentos eran de estricta legalidad, el tercero era un auténtico dardo envenenado contra el Presidente, pues se le acusaba de efectuar actuaciones que vulneraban no preceptos legales, sino el propio texto constitucional. El juzgado federal estima la solicitud al avalar que la actuación administrativa vulneraba los preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo al omitir el trámite de información pública, no entrando a pronunciarse sobre los otros dos motivos. Los Estados Unidos impugnan dicha resolución argumentando que en el caso concreto no era necesaria esa información pública, pero el Tribunal de Apelaciones rechaza esa tesis y confirma expresamente la sentencia de instancia.

Aunque existen conceptos que, aun tamizados por la diferencia radical de los ordenamientos, pueden sonar familiares (Ley de Procedimiento Administrativo, potestad reglamentaria, información pública), existen dos circunstancias que merece la pena llamar la atención:

1.- En primer lugar, la circunstancia de que una actuación nada menos que del Departamento de Seguridad Interior (es decir, el equivalente al Ministerio del Interior español) es enjuiciada por un juzgado federal. El Estado de Derecho no se resiente porque los juzgados sitos en la base de la pirámide judicial tengan competencia universal para conocer impugnaciones de actos ministeriales e, incluso, presidenciales.

2.- En segundo lugar, la celeridad con la que la impugnación se ha resuelto. Retengan las fechas: noviembre de 2014 (acto administrativo impugnado), febrero de 2015 (fallo del asunto en primera instancia por el juzgado federal), noviembre de 2015 (sentencia del recurso de apelación) y junio de 2015 (resolución final del Tribunal Supremo). Quiere ello decir que en un año y siete meses desde que se publica el acto administrativo impugnado el mismo ha sido resuelto en tres instancias procesales (que incluyen en los tres casos la fase escrita, la vista oral y, en el caso de los órganos colegiados, la votación y fallo). Reto a cualquier jurista español a que encuentre un solo caso en el no ya tres, sino tan solo dos instancias judiciales tramiten un asunto con tamaña celeridad.

Dado el lamentable y preocupante nivel de desinformación con que la prensa española aborda todo cuanto se refiere a asuntos que afectan a Barack Obama, conviene tener en cuenta varias cuestiones que han sido cuidadosamente silenciadas por la prensa española:

1.- Obama tenía plena consciencia de que su actuación, cuando menos, bordeaba peligrosamente el texto constitucional. Las competencias presidenciales son de ejecución, y no de legislación. Cuando amenazó literalmente al Congreso con actuar unilateralmente si éste no lo hacía aprobando leyes en la orientación pretendida por la Casa Blanca, no sólo cometió una ligereza y una falta de tacto que le granjeó la abierta oposición de muchos, sino que suscitó en su contra voces que apuntaron a que su actuación sería inconstitucional.

2.- La impugnación judicial la efectúan veintiséis estados, es decir, más de la mitad de los que integran la Unión. Es un dato muy significativo a tener en cuenta.

3.- Tanto en primera como en segunda instancia Barack Obama sufrió una expresa autorización con su actuar. Y era más que previsible que esa situación se confirmara en el Tribunal Supremo, aunque por muy reducido margen. El fallecimiento de Antonin Scalia y la no cobertura de la vacante lo único que ha propiciado es que el Tribunal Supremo no pudiera abordar el fondo del asunto y se limitase a ratificar la sentencia impugnada.

Conviene decir, en estricta Justicia, que en esta ocasión tanto el Senado como Barack Obama se han comportado de manera lamentable en lo que respecta a la cobertura de la vacante de Antonin Scalia. Era evidente que el mandatario afroamericano vio el cielo abierto con la posibilidad de reorientar en su favor la situación, y de forma inmediata propuso a Merrick Garland para cubrir el asiento vacío que existía en el Tribunal Supremo. Pero se encontró con la lamentable actuación del Senado, que ha decidido boicotear el nombramiento, pero no rechazándolo (algo que, aun siendo susceptible de críticas, podría ser comprensible) sino efectuando lo que en terminología política norteamericana se denomina filibustering, es decir, limitarse a imposibilitar la tramitación del asunto al no fijar fecha para iniciar el procedimiento correspondiente.

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