WHOLE WOMAN´S HEALTH v. HELLERSTEDT. DE NUEVO SOBRE LAS RESTRICCIONES LEGISLATIVAS A LA PRÁCTICA DE ABORTOS.

Pro-choice activists block the road as US Capitol Police escort the March For Life's front of the US Supreme Court (rear) in Washington, DC, on January 22, 2015. Tens of thousands of Americans who oppose abortion are in Washington for the annual March for Life, marking the 42nd anniversary of the Supreme Court's Roe v. Wade decision. AFP PHOTO/JIM WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

El pasado lunes día 27 de junio de 2016, último día hábil del año judicial, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia Whole woman´s Health et al. v. Hellerstedt Commissioner, Texas Department of State Health Services et. al., el caso que algunas organizaciones pro-choice han calificado ya como el Roe v. Wade del siglo XXI. En dicha sentencia, de la que fue ponente el juez Stephen Breyer y que contó con el apoyo de otros cuatro de sus colegas (Anthony Kennedy, Ruth Bader Gisburn, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) se anula una legislación del estado de Texas que imponía determinadas restricciones legales a las clínicas que practicaban interrupciones del embarazo. No obstante, en una de las entradas imprescindible Supreme Court of the United States Blog donde se glosa esta importante resolución judicial, es significativo no sólo que dicha afirmación se transforme en un interrogante (Is Hellerstdet this Generation´s Roe?) sino que se cuestione abiertamente si el beneficiario real de la sentencia son las mujeres o las clínicas abortistas: “There is no question that the Supreme Court’s decision yesterday in Whole Woman’s Health v. Hellerstedt is a win for abortion clinics and their doctors. Whether the decision is a victory for women and for liberty, we ought not be so sure.” (No hay duda que la sentencia del Tribunal Supremo resolviendo el caso Whole Woman´s Health v. Hellerstdet, hecha pública ayer, es una victoria de las clínicas abortistas y sus médicos. No es tan seguro que la misma sea una victoria para las mujeres).

En efecto, desde la célebre sentencia Roe v. Wade, quedó bien claro que era contrario al texto constitucional tipificar con carácter general la interrupción voluntaria del embarazo como un delito, amparándose para ello en el derecho a la intimidad (privacy) de la mujer. No obstante, dicha resolución judicial se estableció un fraccionamiento del proceso de gestación por etapas, en la cual si en el primer trimestre la libertad de la mujer es absoluta, en el último de los trimestres la legislación estatal sí puede imponer restricciones a la práctica de abortos. La polémica resolución no contribuyó a aplacar el encendido debate que existe en la sociedad americana entre partidarios y detractores del aborto, de tal manera que unos y otros intentan que sus posturas lleguen al Tribunal Supremo. Porque los legisladores estatales aprendieron la lección y, en lugar de atacar frontalmente la cuestión, decidieron actuar muy sibilinamente aceptando como legal la interrupción voluntaria del embarazo, pero imponiendo a nivel legislativo determinadas restricciones para que los abortos pudiesen efectuarse de forma legal. Con dicho estado de cosas, en 1992 llega a la máxima instancia jurisdiccional en caso Planed Parenthood v. Casey, donde se planteaba abiertamente si la doctrina jurisprudencial del caso Roe debía ser revocada. En aquel entonces el Tribunal Supremo contaba con una abrumadora presencia de jueces nombrados por presidentes republicanos, y en un principio el borrador de sentencia elaborado por William H. Rehnquist, sin declarar formalmente superada la doctrina Roe, en la práctica la dejaba sin efecto. No obstante, una maniobra de última hora de los jueces David Souter (el muñidor último de la trama), Sandra Day O´Connor y Anthony Kennedy lograron inclinar la balanza y confirmar de forma expresa la doctrina Roe, de tal manera que, a partir de entonces, a la hora de abordar el análisis de las restricciones legales impuestas a la práctica de abortos, el elemento clave para determinar si los mismos son o no ajustados al texto constitucional radica en verificar si los mismos constituyen una “undue burden” (restricción injustificada), precisando que estamos ante dicha circunstancia cuando el propósito de la restricción sea “establecer un obstáculo esencial a que la mujer pueda practicar un aborto previamente a que el feto adquiera viabilidad”. Esto es, pues, el elemento clave a aplicar en este tipo de casos.

La sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Supremo sigue el criterio anteriormente expuesto. La sentencia ha de afrontar la constitucionalidad de una legislación del estado de Texas (curiosamente, el mismo estado al que afectaba el caso Roe), denominada House Bill 2, que imponía dos restricciones básicas a las clínicas que practicasen los abortos. El primero, es el requisito denominado “admiting privilege”: el médico que practique el aborto, en la fecha en que éste se efectúe ha de ser médico ejerciente en un hospital sito a no más de treinta millas de la localidad donde se practique dicho aborto. El segundo, es el requisito que afecta a los medios o recursos materiales de la clínica abortista: los estándar mínimos para que el centro pueda practicar el aborto han de ser equivalentes a los mínimos adoptados para los centros ambulatorios quirúrgicos por el Código de Salud y Seguridad de Texas. El desarrollo del caso (que abarca dos procesos, uno de los cuales no llega al Tribunal Supremo sino que se detiene en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, mientras que el segundo caso es el que finalmente sí llega al Tribunal Supremo) hace que el Alto Tribunal efectúe unas interesantes reflexiones sobre el concepto de res iudicata, latinismo con el que en el ámbito norteamericano se identifica a la cosa juzgada (curioso que mientras en nuestro país se eliminan las expresiones en latín pero se mantenga el plúmbeo, ampuloso y no pocas ocasiones oscuro lenguaje en las sentencias -salpimentado en determinados casos con un preocupante olvido de las más elementales reglas de la sintaxis- en Estados Unidos las resoluciones judiciales mantengan las citas cultas, cuando sus sentencias suelen ser auténticos ejemplos de cómo aunar rigor jurídico, sencillez explicativa y estilo depurado). Tras exponer cuidadosamente los antecedentes fácticos del caso, la resolución aborda en párrafos distintos (divididos a su vez en subapartados) las motivaciones referidas a la cosa juzgada y al fondo del asunto. Y a la hora de abordar la constitucionalidad de la regulación material, parte de la premisa mayor, es decir, de la doctrina vigente tras el caso Planned Parenthood v. Casey anteriormente expuesta: “unnecesary health regulations that have the purpose of effect of presenting a substantial obstacle to a woman seeking an abortion impose an undue burden on the right” (Constituyen una restricción injustificada del derecho las normativas sanitarias que impongan restricciones innecesarias con el propósito o efecto de suponer un obstáculo sustancial a la mujer que desee practicar un aborto). En lo que respecta a la primera de las restricciones, el Tribunal es de una demoledora crudeza: “No hemos encontrado en el expediente prueba alguna que acredite que respecto a la situación anterior (donde únicamente se exigía al médico que practicase el aborto la asociación con un médico que trabajase en un hospital) que la nueva ley profundice el interés del estado de Texas en incrementar la protección de la salud de las mujeres”, e incluso va más allá, pues “al ser directamente preguntado en la vista oral si Texas tenía conocimiento de algún caso donde la nueva exigencia facilitase a la mujer un mejor tratamiento, Texas admitió que no existía en el expediente prueba alguna sobre el particular.” Si a ello se une que las pruebas llevan claramente a la conclusión de que el requisito impuesto constituye un “obstáculo sustancial en la decisión de la mujer de practicar el aborto”, la decisión última del Tribunal Supremo lleva a anular dicho requisito por ser contrario a la Constitución. En cuanto al segundo de los requisitos (el de la equipación material que ha de tener la clínica) el Tribunal incide en lo mismo: “queda claro en los autos que el requisito no supone ningún beneficio cuando surgen complicaciones en un aborto inducido a través de la medicación.” El órgano judicial aplica un riguroso escrutinio y análisis estadístico con datos empíricos que permiten  acreditar que el nuevo requisito no añade ninguna protección adicional a la salud de la mujer, por lo que el mismo ha de reputarse igualmente como un evidente intento de imponer restricciones indebidas a la práctica de abortos.

En definitiva, nos encontramos ante un tema recurrente en la jurisprudencia norteamericana, que mucho nos tememos no ha terminado ni mucho menos.

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