CUANDO SÓLO HABÍA 36 ABOGADOS EN NUEVA YORK.

Court

Hubo una época en que en Nueva York contaba únicamente con treinta y seis abogados. Una época en que la ciudad, una de las más populosas de la costa este, tenía dieciocho mil almas y territorialmente se limitaba a una pequeña franja en el área sur de lo que hoy es Manhattan. Una época en que no existían facultades de derecho y donde los futuros letrados se iniciaban en el aprendizaje a través de la pasantía en los despachos ya abiertos. Una época donde el ciudadano podía acudir a los tribunales de derecho y a los de equidad. Una época en que las leyes aprobadas duraban décadas, e incluso centurias. Una época en que los abogados portaban toga negra y peluca corta, mientras que los jueces se adornaban con toga rojinegra y peluca larga rizada. Una época, en fin, donde la abogacía, al igual que el comercio, era considerada una profesión no sólo digna, sino lucrativa, y quienes las desempeñaban eran considerados la élite intelectual de la ciudad.

Lo anterior no es una fabulación, sino una simple descripción de Nueva York a mediados del siglo XVIII. La colonia, antiguamente denominada Nueva Amsterdam y que mutó ulteriormente su nombre a Nueva York tras la conquista británica (en homenaje al hermano del rey Carlos II, por entonces duque de York, y que ascendería al trono en 1685 con el nombre de Jacobo II) era una de las ciudades más densamente pobladas de la costa este norteamericana, pese a no llegar ni tan siquiera a los veinte mil habitantes. Pues bien, según consta documentalmente, tan sólo treinta y seis personas se encargaban de la abogacía en el territorio. Pero no es ya que el colectivo tuviese garantizado un elevado nivel de ingresos debido a lo reducido de su número, sino que tenía en sus manos la posibilidad de congelar el acceso de nuevos miembros a la profesión simplemente negándose a acoger pasantes en sus bufetes. Y es que, por aquel entonces, no existían facultades de derecho, sino que los futuros letrados se adentraban en el mundo de los tecnicismos jurídicos a través de una pasantía en un despacho de abogados, en el que debía permanecer como mínimo cinco años antes de poder emanciparse y pasar a ser un nuevo y flamante miembro de lo que antaño y hogaño se conoce en terminología anglosajona como “the bar”. La vida del law clerk a mediados del siglo XVIII era dura, pues no sólo era un aprendiz de letrado y como tal efectuar tareas que ayudasen a consolidar en su intelecto un sólido poso de sapiencia jurídica (consulta a los libros existentes, búsqueda de jurisprudencia, que por entonces no era tan accesible como lo es hoy) sino que en numerosas ocasiones debía efectuar la no tan envidiable tarea de amanuense. La abogacía neoyorkina adoptó en octubre de 1756 un acuerdo según el cual durante los próximos quince años, los abogados ejercientes en el territorio no acogerían en sus despachos a ningún nuevo pasante. Pese a todo, ese acuerdo se dejó sin efecto el 5 de enero de 1764, y apenas un año más tarde el Tribunal Supremo de Nueva York acordó reducir el periodo de pasantía de cinco a tres años. Se podrá objetar que el sistema era defectuoso, pero lo cierto es que funcionaba a la perfección, y no olvidemos que todo un nutrido grupo de excelentes abogados (desde John Jay a John Marshall, pasando por Alexander Hamilton, Edmund Randolph o Aaron Burr) se formaron en tales condiciones.

Es evidente que tal situación no podría sostenerse hoy en día, y ello por varias razones:

1.- En primer lugar, por motivos geodemográficos. Es evidente que el Nueva York de mediados del siglo XVIII en nada se parece al de la segunda década del siglo XXI, ni en extensión ni en población. Es evidente que el territorio de la antigua colonia y el del actual empire state no han variado mucho, pero sí que la extensión de la ciudad desborda y con creces el reducidísimo marco territorial que ostentaba en el siglo de las luces, cuando la ciudad aún se encontraba protegida por cercas y murallas. No digamos ya la auténtica explosión demográfica, puesto que los apenas dos decenas de habitantes que tenía la urbe en 1760 se multiplicaron hasta llegar a los doscientos mil en la primera década del siglo XIX, teniendo en cuenta que en la primera década del siglo XIX y en el año 2016 alcanza los ocho millones y medio.

2.- En segundo lugar, por motivos culturales y legales. El mundo de hoy es infinitamente más complejo en todos los aspectos. A ello debe añadirse que la legislación es muy diferente en la actualidad. Aquella legislación estable, consolidada, que aún se consideraba inspirada por la divinidad o por la razón, que gozaba de reconocimiento y estabilidad, muy simple en cuanto al sistema de fuentes, ha dado lugar a una pluralidad de fuentes y a un sistema donde las leyes se caracterizan por su volatilidad y por su fugacísima vigencia. De igual manera, la vieja distinción entre tribunales de derecho y de equidad se ha visto superada, de manera que esta última prácticamente ha desaparecido del mapa.

3.- Ante lo anterior, es necesaria una sólida formación que permita al jurista el orientarse en el sistema legal a través de una serie de principios mínimos o básicos que, lógicamente, no pueden aprenderse en los despachos. Hoy en día, tan peligroso es la práctica sin teoría como la teoría sin práctica. De ahí que las enseñanzas universitarias únicamente sean válidas para asentar sólidamente en el intelecto del futuro licenciado los cimientos del futuro edificio intelectual. De esa base, o auténtica viga maestra, depende el futuro del jurista. De la labor conjunta de la Universidad y el estudiante depende que los cimientos sean sólidos y puedan resistir cualquier terremoto o, por el contrario, que se asienten sobre una marisma y por tanto sean derribados a la mínima sacudida. Pero, como hemos indicado, por muy sólidos y firmes que sean esos cimientos no dejan de ser eso, unos simples y mínimos cimientos, y no puede pretenderse que los mismos sean el edificio completo, sino el simple esqueleto.

4.- Una vez asentada la base, procede erigir la construcción, y ello es lo que se consigue con la práctica. Este ha sido, es, y quizá siga siendo el principal defecto del sistema español, a diferencia del anglosajón. En los países del common law hoy en día a ninguna persona con un mínimo de raciocinio se le pasa por la cabeza sostener que ha de prescindirse de la formación universitaria; pero la diferencia principal radica en que ésta no es el final, sino, como hemos indicado, únicamente el principio, y que tanto o más importante que las ideas lo constituye la práctica cotidiana que es donde, al fin y al cabo, se va a curtir diariamente el abogado. Nuestro país siempre ha valorado infinitamente más el conocimiento teórico que la práctica, y la tradicional querencia por el papeleo, la burocracia, el conocimiento superfluo y prescindible sobre la práctica cotidiana y el ejercicio práctico ha lastrado y sigue lastrando en buena medida el sistema.

No obstante, existe una línea de continuidad en el tiempo. Si en 1790 el chief justice se llamaba John, en 2016 un homólogo ocupa el mismo cargo. Si John Jay había nacido en el estado de Nueva York, John Roberts vino al mundo también en el empire state. Si Jay estuvo cuatro años como law clerk en el despacho del abogado Benjamin Kissam, John Roberts ejerció las mismas funciones durante dos años, el primero para Henry Friendly (juez del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito) y el segundo para William Rehnquist (por entonces juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, del que aún no había llegado a ser chief justice). Si Jay tuvo una lucrativa carrera profesional como abogado durante seis años, Roberts también ejerció en el sector privado como abogado en el bufete Hogan & Hanson. Jay orilló la abogacía para dedicarse a la política como delegado de Nueva York al Congreso Continental en 1774, y Roberts dejó igualmente la abogacía para entrar en la oficina del Solicitor General. Claro que John Jay dimitió de su cargo en 1795 al ser elegido gobernador de su estado natal, y como ha indicado en alguna ocasión su lejano sucesor en el cargo, hoy en día nadie en su sano juicio haría algo así, aunque fuera comprensible la decisión de Jay si tenemos en cuenta tanto sus circunstancias personales y familiares como las penosas obligaciones del cargo, que en la década final del siglo XVIII y hasta el año 1891 obligaba a los jueces del Tribunal Supremo a desplazarse por todo el territorio para ejercer como jueces de apelación.

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