OBSERVACIONES SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN DE LA CASACIÓN A RAÍZ DEL ACUERDO DE 19 DE MAYO DE 2016 DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Tribunal Supremo

NOTA: Esta entrada reproduce, de forma literal, el artículo publicado por el letrado Jorge Pérez Alonso en su perfil de la página Abogalista.com.

I.- REFLEXIONES GENERALES ACERCA DEL NUEVO SISTEMA Y DUDAS SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE SUBSANAR LOS DEFECTOS FORMALES DEL ESCRITO DE PREPARACIÓN

El próximo viernes día 22 de julio de 2016 entrará en vigor el nuevo régimen que al recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo articuló la Ley Orgánica 7/2015 de 12 de julio. Recordemos que el nuevo artículo 88.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2015 de 12 de julio articula como auténtico eje o pilar central del nuevo recurso el concepto de “interés casacional”, y así, mientras el artículo 88.2 establece hasta nueve motivos donde la Sala “podrá apreciar” que existe dicho interés, por el contrario en el párrafo tercero de dicho precepto se contienen cinco supuestos en los que la concurrencia de tal requisito se presume. No obstante, en este último caso, es decir, en la presunción legal de existencia de interés casacional, la misma no pasa de ser una simple presunción iuris tantum, en tanto en cuanto en tres de los supuestos la propia Sala puede mediante auto motivado inadmitir el recurso cuando aprecie que el asunto “carece manifiestamente de interés casacional objetivo”. La ley utiliza el adverbio “manifiestamente” y añade el vocablo “objetivo” a la expresión “interés casacional”, por lo que ha de entenderse que sólo en casos extremos donde es evidente que no existe dicho interés es posible inadmitir el recurso.

Con todo, las novedades más relevantes son la imposición de una serie de requisitos formales ad solemnitatem en los escritos, puesto que el artículo 89.4 de la Ley 29/1998 de 14 de julio establece que el incumplimiento de las formas es insubsanable, dado que, según dicho precepto, “si aún presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo.” A este respecto, hemos ha de tenerse en cuenta que, en efecto, el artículo 89.2 establece una serie de requisitos formales del escrito de preparación, según el cual “deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de lo que trate”, enumerando a continuación seis apartados. A ello debe añadirse que el artículo 87.bis tres deja la puerta abierta a que “la Sala de Gobierno del Tribunal supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación”, precepto que el Alto Tribunal se apresuró a cumplir mediante el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, publicado en la Sección III del Boletín Oficial del Estado del pasado día 6 de julio de 2016, y que impone unas formalidades a las que ulteriormente nos referiremos brevemente.

Cabe plantearse ciertas dudas sobre los vicios formales que determinen la inadmisión. Porque, en efecto, el artículo 89.4 vincula dicha imposibilidad de subsanación al incumplimiento de los requisitos “del apartado 2 de este artículo”, pero en nada se refiere a los requisitos adicionales que pueda establecer el Tribunal Supremo, por lo que en aras de la tutela judicial efectiva ha de entenderse que, dado que nos encontramos ante un precepto claramente restrictivo, ha de ser objeto de una interpretación estricta y, por ende, ha de efectuarse una lectura de dicho precepto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución, de tal manera que si el escrito de preparación se ajusta formalmente a lo dispuesto en el artículo 89.2 pero incumple los requisitos adicionales establecidos por el Tribunal Supremo, estos últimos sí serían susceptibles de subsanación.

Por cierto, que en este sentido la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo del Reino de España ha sido infinitamente más cicatera y roñosa que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuyas Rules of the Supreme Court of the United States, vigentes desde el 1 de julio de 2013, han sido claramente tomadas como modelo no declarado. Ahora bien, si uno echa un vistazo al decimonoveno apartado de la Regla 18, podrá encontrarse con el siguiente precepto: “If the Clerk determines that a jurisdictional statement submitted timely and in good faith is in a form that does not comply with this Rule or with Rule 33 or Rule 34, the Clerk will return it with a letter indicating the deficiency. If a corrected jurisdictional statement is submitted in accordance with Rule 29.2 no more than 60 days after the date of the Clerk’s letter it will be deemed timely.” Es decir, que se deposita sobre el Secretario la obligación de indicar a la parte los defectos formales, y se admite la subsanación en un plazo de hasta sesenta días.

II.- EL ACUERDO DE 19 DE MAYO DE 2016 DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Este Acuerdo contiene una serie de draconianas imposiciones de carácter formal, algunas de las cuales son francamente hilarantes si no fuera porque provienen de donde provienen. Analicemos las cuestiones separadamente.

1.- En cuanto a la extensión máxima, el indicado acuerdo establece en su apartado II.1 que: “Los escritos de interposición y contestación tendrán una extensión máxima de 50.000 ´caracteres con espacio`, equivalente a 25 folios. El texto figurará en una sola cara de la hoja (anverso) y no en ambas (anverso y reverso)” Esta última precisión no deja de tener cierta gracia, dado que con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 45/2015 se han implantado las relaciones por medios telemáticos con la Administración de Justicia, salvo en el caso de los particulares cuando no sea preceptiva la comparecencia con procurador y abogado (supuesto éste impensable en el caso del Tribunal Supremo); y de todos es sabido que en el mundo informático no existe “anverso y reverso” y mucho menos es posible hablar de “folio”, dado que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, éste consiste en la “hoja de un libro o de un cuaderno”, es decir, que el término únicamente tiene sentido en formato papel. Con todo, el tercer párrafo de este punto contiene una regla no menos curiosa: se establece que sea el propio Abogado “u otra persona que éste designe” (sic), quien “deberá certificar al final del mismo el número de caracteres que contiene el escrito que presenta.” Esto tiene claramente como objetivo evitar que sea el propio Tribunal Supremo quien verifique no se ha superado el umbral máximo de caracteres permitido. Ahora bien, como el letrado puede designar a “otra persona”, sin establecer ningún tipo de limitación, imaginemos que en el escrito el abogado hace constar lo siguiente: “En estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Regla II punto 1 párrafo tercero del Acuerdo de 19 de mayo de 2016, el letrado firmante del presente escrito designa al Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como la persona encargada de certificar el número de caracteres del escrito.” Es evidente que a la persona designada maldita gracia le haría, pero lo cierto es que no existe impedimento legal alguno para hacer constar dicha frase.

2.- En cuanto a la forma, se impone el formato Times New Roman, tamaño 12 puntos en el texto y 10 en las notas al pie (se ve que ya se acepta la costumbre norteamericana de incluir notas al pie en los recursos), el interlineado de 1,5, todos los márgenes (caras superior e inferior y extremos del documento) 2,5 y los folios numerados en la “esquina superior derecha del folio”. Curiosísimo formato y curiosísima fijación con ubicar la numeración en la parte superior cuando en la inmensa mayoría de las publicaciones aparece en la parte inferior. A mayor abundamiento, se introduce como elemento novedoso la obligación de iniciar los recursos con una “carátula” donde se contendrá un apretado resumen del caso (partes intervinientes, sus representantes y defensores, órgano de procedencia e identificación del tipo de escrito. Vamos, que lo que se pretende es que el encargado de tramitarlo pueda hacerse una idea del asunto con un simple vistazo.

 

III.- CONCLUSIONES

Es evidente que hasta que el sistema no empiece a funcionar y, sobre todo, hasta que no se hagan públicas las primeras resoluciones del Tribunal Supremo, no podremos hacernos una idea de por dónde van a ir los tiros. La verdad es que dados los precedentes, la situación no es para ser muy optimista, pues como indicaba una persona tan autorizada como Jesús González Pérez en el prólogo a la tercera edición de su excelente Manual de Derecho Procesal Administrativo (Civitas, Madrid, 2001, p. 55), “Está escrito después de cincuenta y cinco años de diario ejercicio en la profesión de Abogado en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en los que, al ver cómo se iba degradando la justicia administrativa y renacían con más vigor que nunca los viejos formulismos, la desilusión ha ido desplazando a la esperanza.”

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