MCDONELL v UNITED STATES: CORRUPCIÓN, TIPIFICACIÓN PENAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO. ¿QUÉ HA DE ENTENDERSE A EFECTOS PENALES POR “ACTO OFICIAL”?

Corruption

El pasado día 27 de junio de 2016 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia en el caso McDonell v. United States. ¿Qué tiene de peculiar este caso? Pues la rabiosa actualidad del mismo a ojos de un español, dado que afectaba a la condena penal de Robert McDonald (antiguo gobernador del estado de Virginia) y de su esposa por aceptar regalos de una entidad a cambio de utilizar su cargo para concertar determinados encuentros favorables para los intereses de la empresa, algo que está tipificado penalmente como delito federal. En concreto, y como indica la sentencia en su párrafo inicial, al antiguo gobernador estatal y a su mujer se les imputaba el “aceptar, mientras ejercía su cargo oficial, 175.000 dólares en bienes, regalos y otros beneficios del empresario virginiano Jonnie Williams, jefe ejecutivo de Star Scientific, una compañía virginiana que había desarrollado un complemento nutricional a base de anatabina, un componente encontrado en el tabaco. Star Scientific confiaba en que las universidades públicas estatales efectuarían estudios analíticos sobre la anatabina y Williams deseaba obtener la ayuda del gobernador McDonell para lograr dichos estudios.” McDonell fue condenado en primera instancia y su condena avalada por el Tribunal de Apelaciones, sin embargo, el Tribunal Supremo, por unanimidad, revoca su condena. ¿Cómo es posible ello, se preguntarán? ¿A qué se debe que si los hechos en base a los cuales se procesaba fuesen incontrovertidos, el más alto Tribunal de la federación norteamericana anule el veredicto condenatorio y, lo que es aún más infrecuente, por acuerdo unánime de los ocho jueces (recordemos que aún no se ha cubierto la vacante que dejó el fallecimiento del juez Antonin Scalia)?

La respuesta a tal interrogante es doble: por un lado, el conflicto jurídico en torno a qué debe entenderse por “acto oficial” a efectos penales; el segundo, por algo tan aparentemente tangencial como son las instrucciones al jurado. Veámoslo.

Renunciamos a narrar in extenso las actividades del gobernador McDonell realizadas en beneficio de Star Scientifc, puesto que el apartado I de la sentencia lo hace de forma exhaustiva, rigurosa y lo que es mucho más de agradecer, con un depurado estilo literario, absolutamente alejado de los descuidados, aburridos y pedestres antecedentes fácticos de las sentencias penales españolas. Lo que es importante a efectos del presente asunto radica en el núcleo de la discrepancia, que es estrictamente jurídico, y que el Tribunal Supremo expone en este breve párrafo: “The parties agreed that they would define honest services fraud with reference to the federal bribery statute, 18 U. S. C. §201. That statute makes it a crime for “a public official or person selected to be a public official, directly or indirectly, corruptly ”to demand, seek, receive, accept, or agree “to receive or accept anything of value” in return for being “influenced in the performance of any official act.” §201(b)(2). An “official act” is defined as “any decision or action on any question, matter, cause, suit, proceeding or controversy, which may at any time be pending, or which may by law be brought before any public official, in such official’s official capacity, or in such official’s place of trust or profit.” (Las partes están de acuerdo en la regulación penal del fraude se contiene en la ley federal de sobornos, y que dicha norma legal tipifica que un cargo oficial o persona elegida para un cargo público, directa o indirectamente, de manera corrupta ´demande, busque, reciba, acepte o acuerde recibir o aceptar cualquier cosa de valor a cambio de su influencia en el ejercicio de cualquier acto oficial`, entendiéndose por acto oficial ´la decisión o acción en cualquier asunto, cuestión, causa, pleito, procedimiento o controversia que en cualquier momento penda, o pueda legalmente ser sometida al conocimiento de cualquier cargo público en calidad de tal, por ser el competente para ello o por el lugar público de confianza que ocupa). También las partes estaban de acuerdo en que un elemento clave del tipo penal era que la obtención de los beneficios estuviese íntimamente ligada a la realización de un acto oficial, es decir, que la percepción de esos bienes se ligase de alguna manera a la actividad inherente al cargo público que se ostenta. Pues bien, los Estados Unidos imputaban a McDonell la friolera de cinco delitos, siendo procesado en un juzgado federal y donde el testigo clave fue precisamente Jonnie Williams, a quien el fiscal había ofrecido un acuerdo de inmunidad a cambio de su testimonio, y quien reconoció que los regalos al gobernador tenían como objetivo “obtener su ayuda para los estudios del anatabloc en universidades virginianas.” Hasta aquí, todo normal, y en circunstancias normales un pronunciamiento condenatorio era evidente. Pero el juez de distrito comete un error que va a lastrar el asunto y viciar la condena de raíz. En sus instrucciones al jurado indica, correctamente, que “para condenar al Gobernador McDonnell debe considerar probado que aceptó bienes de valor a cambio de una actividad oficial”, pero el juez precisa que tal concepto de acto oficial tal y como viene definido legalmente incluye “actos que un cargo público desarrolla habitualmente” incluyendo “actos efectuados persiguiendo fines a largo plazo” o “en una serie de pasos para influenciar o lograr un fin”. La defensa de McDonell formuló una objeción solicitando que se instruyese al jurado que “el hecho de que un cargo público realice actividades rutinarias o prácticas establecidas no las convierte por sí mismos en actos oficiales, y que la mera concertación de encuentros, asistencia a eventos, celebración de recepciones o pronunciamiento de discursos no son por si mismos actos oficiales, incluso si se trata de prácticas del cargo, porque no se trata de decisiones en asuntos que hayan de ser resueltos por la autoridad”; de igual forma, solicita que se explique al jurado que el acto oficial a efectos penales lo que pretende es “de hecho influir en una decisión específica oficial que la autoridad ha de tomar, como la adjudicación de un contrato, la elección de un empleado público, la concesión de una licencia y la aprobación de una ley o su desarrollo reglamentario.” El Juzgado federal rechaza esa pretensión y el gobernador es condenado, condena que, como hemos dicho, avala el Tribunal de Apelaciones.

Por tanto, resumamos las tesis de la acusación y la defensa. Ambas aceptan que para un pronunciamiento condenatorio ha de existir un “acto oficial” del cargo político, pero discrepan del alcance que ha de darse al término legal. Así, mientras el gobierno efectúa una interpretación extensiva (entendiendo por acto oficial la simple gestión o entrevista en una reunión pública o la mera actividad del cargo político tendente a lograr un encuentro entre dos personas) mientras que la defensa aboga por una lectura estricta (para que exista un acto oficial ha de existir una resolución expresa en un asunto que deba resolver el cargo imputado por ser precisamente de su competencia la resolución). Así lo resumió el Tribunal Supremo cuando indica que “el Gobierno entiende que el Congreso ha utilizado deliberadamente un término de amplio significado para albergar en su seno cualquier decisión o acción en cualquier asunto que pueda en cualquier tiempo pender, o que por ley deba resolver cualquier cargo público en el ejercicio de sus competencias“, por lo que el término abarca cualquier actividad efectuada por un cargo público, lo que incluiría la mera concertación de encuentros o la celebración de eventos sin más requisitos; por el contrario, McDonell entiende que se circunscribe a actos expresos que afecten a decisiones administrativas y, lo que es más grave, que los términos ambiguos en las leyes penales son de dudosa constitucionalidad, en cuanto las leyes penales han de ser objeto de interpretación restrictiva. Y el Tribunal Supremo da la razón a McDonell. En primer lugar, responde negativamente a la cuestión de si un “encuentro, llamada o evento sea por sí mismo una cuestión, asunto, causa, pleito, procedimiento o controversia”, porque los cuatro términos utilizados (causa, pleito, procedimiento o controversia) apuntan directamente a un “ejercicio formal del poder administrativo”. Algo más complejo es el uso de los términos “question” o “matter” (ambos se pueden traducir de igual forma como ”asuntos”). Para ello, el Tribunal efectúa una interpretación contextual (“we look to the context in which the words appear”), razón por la cual, “entendemos que un “asunto” ha de ser similar en su naturaleza a una “causa, pleito, procedimiento o controversia. Y dado que un simple encuentro, llamada o evento en el que participe un cargo público no es lo mismo que un pleito ante un tribunal, un procedimiento ante una agencia o una audiencia ante un comité, no es posible asimilarlas a un “asunto” a los efectos penales” El Tribunal no se pronuncia sobre si existen pruebas de cargo suficientes para determinar si existió o no “acto oficial” en que fundamentar una condena, sino que devuelve el asunto para que sea el órgano de instancia quien se pronuncie.

Eso sí, al Tribunal Supremo le debió quedar un mal sabor de boca al resolver por motivos estrictamente formales un asunto que apesta en cuanto al fondo. Y por ello incluye un curiosísimo párrafo con el que se pone fin a las veintiocho páginas de la sentencia: “No cabe duda que estamos ante un asunto desagradable, o incluso peor que eso. Pero nuestra preocupación no se centra en historias cursis de Ferraris, Rolex y trajes de baile. En su lugar, hemos de resolver las implicaciones que acarrearían las tesis gubernamentales en cuanto a la interpretación extensiva de una norma penal. Una interpretación más restrictiva de la expresión acto oficial deja un amplio margen para, de acuerdo con la interpretación textual de la ley y los precedentes de este tribunal, perseguir la corrupción

Un interesantísimo asunto y un apasionante debate legal.

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