“POLITICAL QUESTIONS” Y “MAYOR CUESTIONS” EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NORTEAMERICANO.

US Governent

La doctrina de los “actos políticos” sonará familiar al jurista español, toda vez que el artículo 2 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 establecía que no corresponderán a la jurisdicción contencioso-administrativa “las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno como son los que afecten a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación sí corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa.” Dicho precepto fue objeto de una interpretación en las célebres Sentencias de 4 de abril de 1997 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictadas en recursos número 602, 634 y 726/1996, y ulteriormente fue eliminado de la actual Ley 29/1998 de 13 de enero, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el ordenamiento jurídico norteamericano vigente podemos encontrar como creaciones jurisprudenciales tanto las “political questions” (actos políticos) como la de las “mayor questions” (actos relevantes), que hacen referencia a dos realidades jurídicas: si la primera supone una excepción procesal tendente a excluir un asunto del conocimiento de los órgaos judiciales, la segunda constituye una excepción a la regla de la deferencia judicial hacia el ejecutivo.

1.- La doctrina de las “political questions” como excepción procesal por falta de jurisdicción.

Nos encontramos ante una regla o principio cuya consecuencia fundamental radica en que excluye que el Poder Judicial pueda conocer de un asunto porque su naturaleza hace que la resolución al mismo deba recaer en las ramas democráticamente electas. Aunque el principio se mantiene en vigor, lo cierto es que el propio Tribunal Supremo ha efectuado una interpretación muy restrictiva del mismo, reduciéndolo a casos muy extremos.

Sobre este punto, existe un trabajo muy interesante publicado el 14 de diciembre de 2014 con el título Political questions doctrine: justiciability and the separation of Powers, cuya peculiaridad es que tiene como destinatarios del mismo a los miembros del Congreso norteamericano. En dicho trabajo, que además es muy breve, se bucea en los orígenes y fundamentos de la teoría, los criterios para su adopción y la interpretación actual. Creo, de todas formas, que el trabajo pone su acento en un punto básico, en una distinción que no siempre se tiene lo suficientemente clara: “it is important to distinguish the political question doctrine from cases presenting political issues. Courts adjudicate controversies with political ramifications on a regular basis. For example, the Supreme Court has held that certain electoral processes deny citizens the right to vote bases on their skin color, and has upheld a subpoena directed against the President of the United States. Both decisions necessarily had political consequences. Instead, the political question doctrine applies to issues that courts determine are best resolved within the politically accountable branches of government – Congress or the executive branch.” (Preciso es distinguir entre la doctrina de los actos políticos de aquellos asuntos que tienen implicaciones políticas. Los Tribunales resuelven con cierta frecuencia asuntos que tienen ramificaciones políticas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo sostuvo que ciertos procesos electorales deniegan a los ciudadanos el derecho al voto por motivos raciales, y acordó citar al Presidente de los Estados Unidos. Ambas resoluciones necesariamente tienen consecuencias políticas. Pero, en vez de esto, la doctrina de los actos políticos se aplica a asuntos que los Tribunales estiman que están mejor resueltas por ramas políticamente electas – Congreso o ejecutivo.)

El trabajo bucea en los orígenes y la evolución de la doctrina del acto político, que se remonta curiosamente al caso Marbury v. Madison. Aunque es en un caso de los años sesenta, el Baker v. Carr (369 U.S. 186 [1962]), que resolvía un procedimiento relativo a distritos electorales, donde se establecieron los seis criterios que deberían tenerse en cuenta a la hora de aplicar la doctrina del acto político. De todas maneras, como indica el trabajo citado, el Tribunal no explicitó las bases o fundamentos de la doctrina, limitándose a indicar que la misma responde “esencialmente al principio de división de poderes”. Es curioso, de todas formas, que la doctrina del acto político se invoque en asuntos que afectan a relaciones exteriores y a cuestiones militares, lo que indudablemente lo asimila al antiguo artículo 2 de la Ley Jurisdiccional española.

En resumen, y a lo que a estos efectos importa: la doctrina de los actos políticos lo que implica no es otra cosa que excepcionar un asunto del control jurisdiccional. El asunto, simplemente, ha de solventarse en el seno de los otros dos poderes, bien sea el legislativo o el ejecutivo.

2.- La doctrina de las “mayor questions” como excepción a la aplicación de la doctrina Chevron de la deferencia judicial hacia el ejecutivo.

A diferencia de la doctrina de los “actos políticos”, la de las “cuestiones importantes” no es una regla que excluye un asunto de la jurisdicción, sino que se trata de un principio tendente a excluir la aplicación de la doctrina Chevron (deferencia judicial hacia el ejecutivo). En otras palabras, se trata de cuestiones que, por su trascendencia o importancia, el Poder Judicial estima que tiene que ser él quien fije los criterios, que no pueden en estos casos quedar en manos de las agencias administrativas. A este respecto, el lector interesado puede consultar un brevísimo trabajo que, con el título Mayor questions objections, ha publicado recientemente la Harvard Law Review. Aunque en principio esta doctrina tiene como objeto precisamente aumentar las garantías del ciudadano, lo cierto es que puede decirse que el punto débil de la construcción jurisprudencial radica en que no existe un criterio general que permita identificar en qué tipo de cuestiones es de aplicación, lo que aboga a un casuismo no siempre deseable.

En definitiva, dos cuestiones que no sólo son de rabiosa actualidad, sino que por tratarse de construcciones inevitablemente apegadas a casos concretos, hace muy difícil construir una teoría general sobre las mismas, dependiendo en gran medida de las circunstancias del caso.

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