GEORGIA v BRAILSFORD: RECREANDO UN PLEITO 222 AÑOS DESPUÉS.

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Una costumbre muy interesante en los países de cultura jurídica anglosajona consiste en recrear acontecimientos judiciales que tuvieron lugar en otras épocas, dando así ocasión al espectador actual de contemplar desde una óptica moderna (pero respetando las esencias del evento que se conmemora) tales hechos. Así, el imprescindible Supreme Court of the United States Blog nos informaba hace dos días de un curioso evento que acaeció en la ciudad de Philadelphia: una recreación del importantísimo caso Georgia v. Brainsford, que el Tribunal Supremo resolvió el 7 de febrero de 1794. Un caso singular amén de único, pues estamos ante la única ocasión en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró la vista de un pleito con jurado. Ello nos permitirá, sin duda alguna, considerar un caso de interés excepcional por varias cuestiones.

El fondo del caso no era, ciertamente, muy distinto a otros que llegaron al alto Tribunal, puesto que abordaba un supuesto que se repitió en varios de los Estados. En el asunto concreto a enjuiciar, Samuel Brainsfold era un comerciante inglés que prestó dinero a un grupo de colonos americanos; tras la independencia de las colonias, el estado de Georgia aprobó, al igual que hicieron otros, una ley que impedía a los súbditos ingleses o a quienes se habían mantenido leales a la corona británica, reclamar los créditos que ostentasen frente a ciudadanos de los nuevos Estados Unidos, algo que, no obstante, chocaba con las previsiones del Tratado de París de 1783 que había puesto fin a la guerra. El caso, por tanto, se circunscribía a determinar quién ostentaba la posición acreedora en la relación jurídica obligacional: si el estado de Georgia (en virtud de la ley que expropiaba los créditos debidos a súbditos ingleses) o los acreedores originarios (en aplicación del Tratado de Paz de 1783).

Muchas cosas han cambiado desde 1794. Cierto es que para intentar mantener lo más posible el frescor original del asunto, según nos informa el encargado de cubrir la información para el blog: “This reenactment is occurring in the very courtroom the Supreme Court used in Old City Hall from 1791 to 1800.” Es decir, que la recreación se ha efectuado en la sede en la que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebraba sus vistas en aquellos años finales del siglo XVIII cuando, recordemos, Philadelphia era la capital de la nación, capitalidad que no perdería hasta que en el segundo semestre de 1800 las instituciones federales se fueron trasladando poco a poco a Washington D.C., por entonces apenas una sombra de lo que se llegaría a convertir. Pero en el estrado no se encuentran, lógicamente, ni el chief justice John Jay ni los tres de sus cinco colegas que resolvieron el asunto (James Wilson, William Cushing y William Paterson -John Blair y James Iredell no intervinieron), siendo así que su lugar lo han ocupado el actual chief justice John Roberts y dos de sus colegas del Supremo, los jueces Stephen Breyer y Samuel Alito. Los actuales magistrados no visten toga rojinegra con bordes blancos, sino que su atuendo actual es de sobrio color negro. Tampoco la vista del caso ha ocupado cuatro días, como ocurrió en los años crepusculares del siglo XVIII, sino que se limitó a diez minutos por cada una de las partes. Y el actual jurado no lo integraban ciudadanos estadounidenses, sino nada más y nada menos que jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido, puesto que esta recreación formaba parte de unas jornadas de intercambio legal anglo-estadounidense. Otra variación sustancial radica en que en sus años iniciales, el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo para dictar sentencias continuaba la práctica inglesa en la cual cada uno de los jueces dictaba la suya propia en cada asunto, algo que jurídicamente se denomina in seriatim; hoy en día, existe una única sentencia con votos particulares, discrepantes o concurrentes.

El chief justice John Jay, que como muchos jueces estadounidenses inició su carrera legal como abogado, reconoció de forma expresa la labor de los defensores de las partes, a quienes dirigió un encendido elogio que es muy difícil (por no decir imposible) encontrar en un juez español tanto en la actualidad como en épocas anteriores: “It has accordingly been treated by the Counsel with great learning, diligence and ability.” (los abogados de las partes han abordado el asunto con gran entendimiento, diligencia y habilidad). Y al dirigirse al jurado, puso en cuestión el principio jurídico según el cual los jurados determinan las cuestiones de hecho reservando las jurídicas al órgano judicial, puesto que afirmó la potestad del jurado para adentrarse en cuestiones jurídicas: “It may not be amiss, here, Gentlemen, to remind you of the good old rule, that on questions of fact, it is the province of the jury, on questions of law, it is the province of the court to decide. But it must be observed that by the same law, which recognizes this reasonable distribution of jurisdiction, you have nevertheless a right to take upon yourselves to judge of both, and to determine the law as well as the fact in controversy. On this, and on every other occasion, however, we have no doubt, you will pay that respect, which is due to the opinion of the court: For, as on the one hand, it is presumed, that juries are the best judges of facts; it is, on the other hand, presumbable, that the court are the best judges of the law. But still both objects are lawfully, within your power of decision.” (Caballeros, quizá no sea inoportuno recordarles el viejo principio, que las cuestiones fácticas son competencia del jurado, mientras que las jurídicas corresponden al Tribunal. Pero quizá deba observarse que por ese mismo derecho, que reconoce tan razonable distribución en la potestad jurisdiccional, ustedes tienen pese a todo el derecho a asumir el enjuiciamiento tanto de las cuestiones legales como fácticas de la controversia. Tanto en esta como en otra ocasión, sin embargo, no dudamos que mostrarán ese respeto debido al criterio del Tribunal: que por un lado, se presume que los jurados son los mejores jueces en lo que se respecta a los hechos, mientras que los magistrados están mejor preparados para resolver cuestiones jurídicas. Pero aún así, ustedes pueden legalmente pronunciarse sobre ambos). ¡Nada menos que el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, antiguo abogado, antiguo Presidente del Tribunal Supremo de Judicatura de Nueva York, reconociendo al jurado la potestad de abordar cuestiones jurídicas!! Pero, a continuación, y tras exponer quiénes son las partes litigantes y que es el estado de Georgia quien ejercita una acción judicial frente a tres individuos, Jay brilla nuevamente al recordar al jurado otro viejo principio aplicable en cualquier país: que la Justicia es ciega a las condiciones personales de las partes en liza: “En lo que a la Justicia se refiere, no importa que las partes en conflicto sean muchas o pocas, privilegiadas o no, ricas o pobres. La justicia se debe por igual a todos con independencia de números, riqueza o rango.”

El jurado planteó al Tribunal dos cuestiones sobre las que tenía dudas: “1.- Cuando el estado de Georgia aprobó la ley, atribuyó las deudas de Brailsford, Powell y Hopton al propio Estado? 2.- De ser así, pueden los demandados, con amparo en el tratado de paz o cualquier otra norma, reclamar la deuda?” Respecto a la primera cuestión, Jay explica al jurado que los jueces, sin discrepancia, tras analizar el texto de la ley consideran que Georgia no pasa a subrogarse en la posición de los acreedores británicos. Respecto a la segunda, sin duda nadie más autorizado que John Jay, uno de los tres miembros integrantes por la parte norteamericana de la comisión negociadora cuyo fruto sería el Tratado de Paz de 1783, para resolver la cuestión: en efecto, incluso aunque Georgia hubiese confiscado los derechos de crédito de los ciudadanos británicos o de los leales a la corona inglesa, “the mere restoration of peace, as well as the very terms of the treaty, revived the right of action to recover the debt, the property of which had never in fact or law been taken from the defendants” (la mera vuelta a la paz, así como los términos del tratado, hacen renacer el derecho a reclamar la deuda, de la la cual nunca, de hecho o de derecho, se privó a los demandados). Tras exponer tales aclaraciones, el jurado, que no se retiró a deliberar sino que lo hizo en la propia sala, falló a favor de los demandados.

Doscientos veintidós años después del fallo, el chief justice John Roberts explicaba a los jueces británicos y estadounidenses que asistían a la recreación que: “In the broadest sense, it was about a young court beginning to weigh questions of statutory interpretation, the court’s jurisdiction, the separation of powers, and the operation of the treaty. . . And for all this, we drew on the experience and history of our cousins in the United Kingdom for help, as we do on so many occasions” (en sentido amplio, nos encontramos ante un órgano judicial nuevo que comienza a plantearse cuestiones relativas a interpretación de textos legales, cuestiones de competencia, separación de poderes, y aplicación del tratado….y para ello, nos basamos en la experiencia e historia de nuestros primos en el Reino Unido). También, como anécdota, Roberts explicó que Brailford “puede que en realidad fuese americano”, mientras que los otros dos acreedores si se consideraban británicos fue porque al haberse negado a prestar el juramento de fidelidad a los Estados Unidos, “quizá de hecho seguían siendo súbditos británicos.”

Conviene, no obstante, incidir en un dato esencial en el presente asunto, y que sirve para deshacer el mito de que el control de constitucionalidad de las leyes se estableció en 1803 con el caso Marbury v. Madison. En el presente asunto, el chief justice John Jay dejó bien claro que sobre la normativa estatal de Georgia debía prevalecer el Tratado de París firmado en 1783, y sobre esa base el jurado emitió un veredicto en favor de los demandados. Tenemos pues (aunque no se diga expresamente) una declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley aprobada por un Estado….y en 1794, es decir, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos apenas contaba cuatro años en funcionamiento.

Por cierto, como dato curioso, este fue uno de los últimos asuntos en los cuales el Tribunal Supremo estuvo presidido por John Jay. El mes de abril de 1794 fue designado por el presidente George Washington como persona encargada de negociar un tratado de paz con Gran Bretaña, nación a la que se desplazó ese mismo mes y donde permaneció hasta junio de 1795, siendo así que nada más regresar presentó su dimisión como juez al haber sido elegido gobernador del estado de Nueva York.

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