LA SOBERANÍA POPULAR EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVA YORK PROMULGADA EN 1777.

New York Constitution 1777

Estos días he vuelto a leer algunos de los trabajos del recordado Eduardo García de Enterría, y dos son fundamentalmente los más conocidos y con los que me permito tener cierta discrepancia tangencial. Esas obras son Revolución francesa y Administración contemporánea por un lado, y La lengua de los derechos por otro. En ambos trabajos, Enterría desgrana con pasión el nacimiento de las modernas instituciones a raíz del “monumento jurídico” que fue la Revolución francesa, uno de cuyos principales logros fue despojar al monarca de la soberanía para trasladarla al pueblo. Pues bien, aunque respetando como no puede ser menos la pasión que el gran maestro de administrativistas puso a la hora de narrar el impacto que los sucesos revolucionarios franceses implicaron para el mundo actual, lo cierto es que ni los franceses fueron originales, ni crearon nada que no estuviese ya plasmado en textos constitucionales que databan cuando menos de una década antes.

El 4 de julio de 1776 se aprobó en Filadelfia la Declaración de Independencia, donde se proclamaba enfáticamente: “We hold these truths to be self evident. That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty and pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute a new government, laying its foundations of that principles….” Queda plasmado claramente el principio de soberanía popular, pues, en esas frases que han pasado a la historia d ela ciencia política. No sólo eso, sino que los representantes manifestaban actuar claramente “in the name and by the authority of the good people of these colonies”. No obstante, sí que puede decirse que no se trataba en puridad de un texto constitucional, sino de un documento que trataba de justificar la ruptura de lazos políticos entre unas colonias y la metrópoli, pese a lo cual el principio de soberanía popular estaba claramente enunciado. Ese mismo año de 1776 John Adams, un excelente jurista que desempeñaría un papel clave en los Estados Unidos (como uno de los miembros del comité encargado de redactar la Declaración de Independencia, ulteriormente como embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, finalmente como primer Vicepresidente y segundo Presidente del país), enunciaba implícitamente el principio de soberanía popular en su célebre opúsculo Thoughts on government, cuando indicaba: “As government is an empire of laws, how shall your laws be made? In a large society, inhabiting an extensive country, it is impossible that the whole should assemble to make laws. The first necessary step, then, is to depute power from the many to a few of the most wise and good”; opúsculo donde, por cierto, efectúa uno de los ataques más furibundos a una Asamblea unicameral, para finalizar indicando que: “Because a single assembly, possessed of all the powers of government, would make arbitrary laws for their own interest, execute all laws arbitrarily for their own interest, and adjudge all controversies in their own favor.”

Pero sin duda alguna, la fecha clave a tener en cuenta es el mes de febrero de 1777. John Jay, un jurista neoyorkino que se había revelado como un líder moderado de la resistencia colonial en 1774, fue el encargado de redactar la Constitución que habría de regir el estado de Nueva York. Dicho texto, que sería finalmente aprobado el 20 de abril de 1777, consagra el principio de soberanía popular en términos rotundos y enfáticos nada menos que en el primero de los artículos: “This convention, therefore, in the name and by the authority of the good people of this State, doth ordain, determine and declare that no authority shall, or any presence whathever, be exercise over the people or members of these State but such as shall be derived from and granted by them.” Texto que se adelanta nada menos que en una década a la Constitución federal estadounidense y a sus no menos célebres tres vocablos iniciales: “We, the people”.

En 1777, Francia ni tan siquiera había dado comienzo a la fase inicial del proceso revolucionario, que se iniciaría justo diez años más tarde, en 1787, con la denominada “revuelta de los notables”, y ni tan siquiera se había planteado elaborar una Declaración de Derechos y mucho menos un texto constitucional. Sin embargo en la otra orilla del Atlántico, los representantes de las trece colonias ya habían consagrado en un documento el principio esencial de soberanía popular, y diez años antes, la Constitución del estado de Nueva York lo había positivizado nada menos que en el primero de sus artículos.

Como en tantas otras cosas, unos llevan la fama y otros cardan la lana. El canto que los administrativistas españoles, sin duda alguna por la clara influencia de su fundador, hacen de los logros de la Revolución francesa no debe llevar a olvidarnos que el constitucionalismo anglosajón alcanzó mucho de sus principios bastante antes que el galo. Y lo hizo de forma menos pretenciosa, genérica y abstracta y, por tanto, mucho más sustanciosa y apegada al terreno de la realidad. De nada sirve que se proclame enfáticamente un principio si el mismo en la práctica bien se ignora o bien se desvirtúa. Y esto último es, justamente, lo que ocurrió en el constitucionalismo europeo, y muy particularmente en el francés.

 

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