LA HIGH COURT OF JUSTICE Y LA SENTENCIA DEL BREXIT (I): UNA CONDENSADA VISIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL BRITÁNICO.

High Court of Justice

Sin duda alguna, el referéndum celebrado el pasado 23 de junio de 2016 y en virtud del cual el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acordó por una mayoría ajustadísima iniciar los procedimientos para retirarse de la Unión Europea (el popularmente conocido como brexit) ha propiciado una oleada de artículos, ensayos y opiniones que analizan la cuestión desde todos los puntos de vista (económico, sociológico, histórico, jurídico). Pero sin duda alguna el mismo ha propiciado un interesante debate constitucional que ha llegado a los Tribunales de Justicia, y cuya respuesta fue hecha pública el pasado día 3 de noviembre de 2016 en una resolución judicial de la High Court of Justice. Y la respuesta que los órganos judiciales han ofrecido es clara: el Gobierno no puede tomar esa decisión, sino que ha de ser el órgano legislativo soberano, es decir, el Parlamento, quien efectúe el pronunciamiento decisivo de iniciar los trámites del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. La resolución judicial procede de una de las secciones de la High Court of Justice, en concreto de la Queen´s Bench Division (en el caso de que el monarca sea varón, el nombre mutaría al de King´s Bench Division), y si merece nuestra atención es porque la misma constituye un delicioso y sintético resumen del Derecho constitucional del Reino Unido y de los principios que lo informan.

Conviene indicar que las sentencias inglesas gozan de la misma claridad que las norteamericanas, aunque por motivos muy distintos. Las sentencias norteamericanas parecen identificar claridad con sencillez expositiva, de tal manera que pretenden ser accesibles al público utilizando un lenguaje que, sin perjuicio de los lógicos tecnicismos y referencias a legislación y jurisprudencia, sea comprensible para el ciudadano, cuidando tanto el fondo como la forma. Las sentencias inglesas pretenden hacer sencilla su comprensión mediante su división en apartados, epígrafes y subepígrafes, convirtiendo las resoluciones judiciales en una especie de esquemas o cuadros en los cuales cada epígrafe (al que antecede un título que se desarrolla en los correspondientes subepígrafes) permita al lector hacerse una idea de lo que se está hablando y de los temas a tratar.

La resolución judicial indicada, no es otra que la que enfrentó por una parte, a la Reina (si bien se precisa que “on the application of Gina Miller & Deir Tozetti Dos Santos”) como demandante y a la Secretaria de Estado para la Salida de la Unión Europea como demandada. Su extensión material es de treinta y dos folios, y ya en la primera páginadeja bien claro el asunto jurídico a resolver en la primera página, en el punto cuarto (epígrafe introductorio, letra a): “La única cuestión a resolver en este asunto consiste en verificar si, de conformidad con el Derecho constitucional del Reino Unido, la Corona (actuando a través del gobierno ejecutivo del momento) puede utilizar sus prerrogativas para iniciar los trámites previstos en el artículo 50 para que el Reino Unido deje de ser miembro de la Unión Europea. Es público y notorio que la retirada de la Unión tendrá profundas consecuencias en términos de derecho interno en cada una de las jurisdicciones del Reino Unido”; ese mismo epígrafe, letra b) precisa que “las partes coinciden en que se trata de una cuestión sometida a la jurisdicción de los Tribunales. Merece enfatizarse que en este procedimiento el Tribunal aborda exclusivamente cuestiones jurídicas, y nada de lo que se diga tiene nada que ver con el acierto o desacierto de la salida de la Unión, ni con cuestiones de política interior, dado que la política no es Derecho.” En definitiva, que se trata de verificar si la Corona, utilizando sus potestades de prerrogativa (a través, lógicamente, de su Gobierno) puede por su propia autoridad iniciar los trámites para activar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Merece destacarse que la Sentencia hace un análisis exhaustivo no sólo del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, sino de los principios que inspiran el Derecho constitucional británico, principalmente el de soberanía del Parlamento y el de las potestades que la Corona ostenta en concepto de prerrogativa, que desde el siglo XVIII se ejercitan a través del Gabinete, siendo ésta, lógicamente, la parte que más interesa de la sentencia, y que se desarrolla en el epígrafe segundo. Ello nos permite repasar algunos principios esenciales del sistema político-constitucional británico:

1.- Ausencia de Constitución escrita, Estado de Derecho e importancia de los Tribunales. Sistematizado en el párrafo decimooctavo de la sentencia “El Reino Unido no tiene Constitución entendida como un único documento escrito, aunque ello no significa que carezca de Constitución o Derecho Constitucional. Al contrario, el Reino Unido tiene su propio Derecho constitucional, tal y como se reconoce en cada jurisdicción de las cuatro naciones constituyentes. Parte del mismo se encuentra recogido en textos legales que tienen una particular importancia desde el punto de vista constitucional; otros se encuentran recogidos en los principios fundamentales reconocidos por el Parlamento y los Tribunales. Existen principios jurídicos sólidamente asentados que rigen el ejercicio del poder público y que distribuyen la toma de decisiones entre los distintos órganos de la nación y que definen las potestades de cada uno de ellos. El Reino Unido es una democracia constitucional asentada en principios jurídicos y sujeta al estado de Derecho. Y en el mismo, los órganos judiciales tienen una importancia decisiva para hacer cumplir las normas del derecho constitucional de la misma forma que otras ramas del Derecho.” Quiere ello decir varias cosas:

A.- El Reino Unido no tiene Constitución en el sentido racional-normativo del término (es decir, documento escrito formalmente denominado como tal), pero ello no quiere decir que no sea una nación desprovista de Constitución, puesto que en la acepción histórica del concepto (conjunto de normas y principios que organizan el funcionamiento del poder público y su sujeción a Derecho), Inglaterra es la nación en la cual se inició el constitucionalismo como movimiento tendente a limitar el poder.

B.- Que los Tribunales tienen una importancia de primer orden como garantes del cumplimiento de las normas y principios constitucionales.

2.- Soberanía del Parlamento. “Es un hecho notorio que el principio fundamental del constitucionalismo del Reino Unido es que la soberanía reside en la Corona en Parlamento y que la legislación es suprema si la misma es aprobada por la Corona con el consentimiento de ambas Cámaras del Parlamento. El Parlamento puede, mediante la aprobación de las correspondientes leyes, modificar el ordenamiento jurídico a su deseo. No existe fuente jurídica superior a la ley, excepto cuando el propio Parlamento excepcione tal principio. La aprobación de la European Comunity Act de 1972, que otorga superioridad al derecho de la Unión Europea, es el único ejemplo que existe de esa excepción.” Se trata de un principio consolidado desde la Glorious Revolution de 1688, y que, a diferencia de lo que ocurrió en el continente, fundamentó el sistema político inglés sobre la base de la soberanía del Parlamento. No obstante, el papel reconocido en el sistema a los Tribunales de Justicia no hizo derivar el sistema hacia un populismo ni ha llevado nunca a la “dictadura de las asambleas”, puesto que, como notó agudamente José María Blanco White al someter a crítica la Constitución española de 1812, la tiranía también puede provenir de las Asambleas. El principio de soberanía del Parlamento ha sido explícitamente recogido en numerosas resoluciones judiciales que la propia sentencia recoge. Por cierto, que la Sentencia que comentamos recoge expresamente una frase de Albert Von Dicey en su clásico An Introduction to the Study of the Law of the Constitution que, seguramente en nuestro país sonaría a herejía: “Los jueces no conocen otra voluntad del pueblo que la expresada en una Ley del Parlamento, y jamás podrán cuestionar la validez de una ley sobre la base de que la misma haya sido aprobada o se mantenga en vigor en contra de los deseos de los electores.” Se hace eco así la sentencia de un principio esencial: el juez, a la hora de cuestionar la validez de una norma, ha de hacerlo en función de criterios estrictamente jurídicos, sin que pueda fundamentarse en modo alguno en la presunta voluntad del cuerpo electoral. De ahí que, por ejemplo, deba ser rechazable la referencia expresa que el Tribunal Constitucional español (un órgano que cada día más pide a gritos su jubilación) haya hecho en alguna sentencia a “encuestas de opinión” como un argumento más para avalar su toma de postura.

3.- El concepto de prerrogativa de la Corona. Eduardo García de Enterría, al inicio mismo del primer volumen de su Curso de Derecho Administrativo, señalaba que en Gran Bretaña no existía la palabra “Estado”, y que el término equivalente en el derecho público británico es el de “Corona.” Pues bien, el concepto jurídico básico al hablar de Corona es el de “prerrogativa”, que el párrafo vigésimo cuarto de la sentencia define como “el resto de la autoridad legal que permanece en manos de la Corona” y que, según recoge un precedente anterior, “es en realidad una reliquia de tiempos pasados, no abrogada por el desuso, pero únicamente utilizable en casos no previstos por la ley”. Ahora bien, esta prerrogativa regia no sólo es insuficiente para invalidar las normas legales o statute law, sino que se encuentra delimitada a su vez por el common law, de tal manera que la Corona únicamente puede utilizar tal prerrogativa dentro de los límites que dicho common law le otorga; “más allá de esos límites, la Corona carece de atribuciones para modificar el ordenamiento jurídico, ya sea éste de common law o el contenido en la legislación.” Ahora bien, es también otro principio jurídico constitucional establecido a través de convenciones que las prerrogativas de la Corona se ejercen a través del Gabinete. Cualquier lector interesado puede hacerse una idea del proceso de transmisión de las prerrogativas regias de la Corona a los Ministros, y especialmente al Gabinete, en los diferentes trabajos que a este tema ha dedicado Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, sin duda alguna el mejor conocedor de la materia.

Este último punto va a ser precisamente el que deba abordar el Tribunal: si bajo los principios del derecho constitucional inglés la Corona (a través de sus ministros en Gabinete) ha visto mermada sus facultades en el orden del Derecho internacional. En otras palabras, si la relaciones internacionales continúan en manos de la Corona (en cuyo caso la autoridad para iniciar el proceso de desconexión con la Unión Europea podría iniciarlo la reina simplemente ratificando el acuerdo tomado en Downing Street por el Gabinete) o si, por el contrario, la decisión ha de permanecer en manos del órgano soberano, léase, la Corona pero actuando no a través del Gabinete, sino con la aprobación de ambas Cámaras legislativas.

Como ya se ha hecho público y es de general conocimiento, la High Court of Justice se ha inclinado por la segunda opción. No obstante, a analizar dicho razonamiento  dedicaremos nuestra próxima entrada.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Varios

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