LA HIGH COURT OF JUSTICE Y LA SENTENCIA SOBRE EL BREXIT (II): RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. EL ATAQUE DE LA PRENSA A LOS JUECES

portada

Continuaremos en el presente post la glosa de la sentencia dictada por la High Court of Justice del Reino Unido relativa a la competencia para ejercitar las facultades tendentes a iniciar el procedimiento de salida de la Unión Europea.

El núcleo de la controversia jurídica se resume perfectamente en los párrafos 35 y 36 de la sentencia (páginas décima y undécima), aunque un poco más adelante, en el párrafo 73, se contiene una interesantísima advertencia a los potenciales lectores de la misma: “Los razonamientos jurídicos de las partes constan transcritas y son accesibles a través de internet sin coste alguno. Es posible, por tanto, resumir brevemente los mismos”. La tesis principal de los demandantes se adelanta en el párrafo 35: “Es en este contexto legal en la que la parte demandante y otros interesados entienden que la ECA 1972 [European Community Act] y otros textos legales según los cuales el derecho comunitario tiene influencia en el ordenamiento interno no dejan lugar al uso de la prerrogativa regia para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 50 del TUE y otros Tratados”. Por el contrario, el trigésimosexto sintetiza la pretensión de la parte demandada: “Al mismo tiempo, y en este contexto, la Secretaria de Estado alega que la prerrogativa regia para iniciar el procedimiento previsto en el TEU no ha sido derogado por la legislación. Se argumenta que el Parlamento ha reconocido que la Corona tendría la potestad, en el uso de las prerrogativa para dirigir la política internacional, para comunicar el inicio del proceso establecido en el artículo 50…” En definitiva, se trata de verificar si la competencia para iniciar la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea ha de iniciarlo el Gabinete (como órgano que ejercita de ordinario las prerrogativas depositadas históricamente en la Corona) al tratarse de un asunto que afecta a la política internacional o si por el contrario ha de ser el Parlamento quien deba tomar esa decisión.

La resolución judicial ya ofrece una pista de por dónde iban los tiros en el párrafo 41: “la Corona no podría haber ratificado la incorporación del Reino Unido a las Comunidades Europeas a no ser que el Parlamento hubiese aprobado la correspondiente legislación. Era necesario, pues, que el Parlamento legislase para que el ordenamiento comunitario tuviese efecto en el ordenamiento interno de las jurisdicciones en el Reino Unido como requerían los Tratados…” Digo que ya da una pista porque es un principio jurídico existente en casi todos los ordenamientos que para dejar sin efecto una normativa es preciso utilizar el mismo procedimiento que para aprobarla. A continuación la sentencia efectúa un largo excursus sobre la naturaleza jurídica de la European Comunity Act y sus modificaciones, a las que incluso se ha otorgado naturaleza constitucional.

Y es aquí donde la sentencia distingue dos cuestiones que ofrecen soluciones jurídicas distintas. La primera, que la Corona no puede utilizar sus potestades de prerrogativa para modificar el ordenamiento jurídico interno, dado que ello es una función que corresponde al Parlamento. Por otra, no niega que las cuestiones internacionales sí que entran dentro de la prerrogativa regia, pero siempre y cuando carezcan de efecto en el ordenamiento interno, en cuyo caso no es posible utilizarla, salvo que el Parlamento le haya autorizado previamente. Aplicando la tesis general al caso concreto, ello implica que: “Si interpretamos la ECA 1972 a la luz del contexto constitucional, entendemos evidente que con la aprobación de la misma el Parlamento pretendió transformar el ordenamiento comunitario en derecho interno, de tal forma que no puede dejarse sin efecto mediante el ejercicio de la prerrogativa regia. Con la aprobación de dicha ley, la Corona carece de potestad para acordar la retirada de la Comunidad….” Conclusión que reitera en el párrafo final: “Por las razones expuestas, la Secretaria de Estado carece de potestad, bajo la prerrogativa regia, para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 50 del TUE para iniciar la retirada del Reino Unido de la Comunidad Europea.”

Con todo lo anterior, es de indicar que se ha desatado una campaña de prensa auténticamente feroz contra los jueces que han dictado la sentencia que acabamos de glosar. Quien se llevó la palma fue el Daily Mail, quien dedicó al asunto nada menos que su portada a toda página, donde bajo un retrato de cada uno de los tres jueces (con sus togas rojas y dieciochescas pelucas empolvadas) plasmó este brutal titular: “Enemies of the people: fury over out of touch judges who defied 17.4.m Brexit voters and could trigger constitutional crisis” (Enemigos del pueblo: furia contra los jueces “fuera de onda” que desafían a diecisiete millones de votantes favorables al Brexit y que pueden disparar una crisis constitucional). He aquí la polémica página:

enemies-of-the-people

El Daily Express fue menos draconiano, aunque también culpaba a los jueces con el siguiente titular: “Three judges yesterday blocked brexit. Now your country really does need you. WE MUST GET OUT” (Ayer, tres jueces bloquearon el brexit. Ahora, tu país realmente te necesita: DEBEMOS SALIR). El clásico Daily Telegraph sobre una foto de cada uno de los jueces colocaba el siguiente titular: “The judges versus de people” (jueces contra el pueblo. Con todo, lo grave no es eso, sino que nada menos que la Primera Ministra, Theresa May, cuya postura ha sido ciertamente equívoca, pues manifestó “Creo y valoro la independencia de nuestra judicatura, pero también valoro la libertad de prensa.”

Tales críticas no sólo son inusuales, sino desproporcionadas e injustas. Porque la sentencia (y lo dice bien claro) no se pronuncia sobre el fundo del asunto, sino tan sólo sobre un asunto competencial: determinar cual es el órgano que ha de tomar la decisión de iniciar el procedimiento de desconexión. Quizá la brutalidad del ataque se deba a que la peculiaridad del sistema británico, donde la soberanía no reside en el pueblo, sino en el Parlamento, pueda conducir a que éste se aparte de la decisión expresada por el pueblo en el referéndum, algo que no creo sea realmente probable, pero que sí es jurídicamente posible. Pero entonces la culpa no estaría en los jueces, sino en el Parlamento.

Anuncios
de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s