CUANDO EL PODER JUDICIAL PREMIA A LOS ABOGADOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA……EN ESTADOS UNIDOS, QUE NO EN ESPAÑA.

pro-bono

Si uno contempla la situación de los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita en España la situación es para echarse a llorar. Se exige mucho para recibir poco o nada a cambio, a lo que hay que añadir que nadie, absolutamente nadie, reconozca su labor. El Consejo General de la Abogacía se limita a propagar la consabida consigna de que se presta el servicio “las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año” (menos mal que cuando menos deja libre el día adicional de los años bisiestos), mientras que un inmenso porcentaje de Letrados de la Administración de Justicia e integrantes del Poder Judicial en el mejor de los casos se limitan a mantener un elocuente silencio, pues en estos colectivos, lamentablemente, quienes reconocen la labor del abogado de oficio engloban un mínimo porcentaje que se engloba dentro de la honrosísima excepción que confirma la regla.

Por ello, noticias como la que tuvo lugar el pasado mes de junio en el estado de Minnesota muestran lo que debe ser realmente el reconocimiento a la labor de quien presta un servicio público, cuando menos tan respetable como el de impartir justicia. Pues bien, nada menos que la página web del Poder Judicial del estado de Minnesota colgaba el día 17 de junio de 2016 esta noticia: Minnesota´s Seventh Judicial District honors St. Cloud attorney William Kain with Pro Bono award (El Séptimo Distrito Judicial de Minnesota otorga el galardón de justicia gratuita a William Kain,  abogado de St. Cloud). Si el jurista español decide adentrarse en la lectura de la noticia, algo bien sencillo porque consta únicamente de cinco breves párrafos, sin duda alguna se verá gratamente sorprendido por la lectura del segundo párrafo: “Every year, the Seventh Judicial District Pro Bono Award is given to a legal profesional in Minnesota´s Seventh Judicial District who has worked to develop or deliver no-cost legal services to the poor through a pro bono program” (El Galardón Pro Bono del Séptimo Distrito Judicial se otorga cada año a un profesional de la abogacía que, ejerciendo en el séptimo distrito judicial, haya trabajado para ofrecer o mejorar los servicios de justicia gratuita a los pobres a través del programa de asistencia gratuita). Eso en cuanto al premio. En lo que respecta al galardonado este año, podemos observar que se trata de un abogado con amplia experiencia (ha colaborado con Servicios Jurídicos Centrales de Minnesota durante más de tres décadas), que en los tres últimos años ha asumido la defensa de 18 clientes sin recursos en materia concursal de los cuales ha obtenido resultado favorable para sus clientes en 15 de ellos, y eso porque los otros tres “aún se encuentran pendientes de resolución”. No se trata ya sólo del galardón y de quien lo otorga, sino que en el propio acto de la entrega es nada más y nada menos que el máximo responsable de la judicatura estatal quien reconoce explícitamente no sólo la categoría profesional del galardonado, sino que glosa su figura con las siguientes palabras: “A lo largo de toda su carrera, Bill Kain ha demostrado un alto nivel de dedicación y servicio a nuestra comunidad con su trabajo voluntario y de asistencia jurídica gratuita. Le estamos agradecidos por su importante labor en pro de aquéllos que la necesitan, y nos enorgullece reconocer con este premio sus aportaciones a la profesión jurídica.” Ahí queda eso!

Conviene retener dos cuestiones muy importantes que sirven para enfatizar aún más la importancia del evento:

1.- Se trata de un premio que otorga el Poder Judicial. No es la Administración, no es el Poder Ejecutivo, no es la propia comunidad letrada, no, es nada menos que el Séptimo Distrito Judicial del estado quien otorga y, lo que es más importante, entrega formalmente el galardón. Y dado el prestigio y la auctoritas de que goza en los Estados Unidos el tercero de los poderes, ello acrecienta aún más la importancia el mismo.

2.- Premia la dedicación del abogado en la defensa quien no tiene recursos. En los Estados Unidos lo normal es que la atención legal a quienes carezcan de recursos la presten organismos específicos que cuentan con varios letrados a quienes se retribuye anualmente, y en cantidades que si en la otra orilla del Atlántico parecerían ridículas sin duda alguna en nuestro país muchos abogados las aceptarían sin dudar lo más mínimo (hablamos de cuarenta mil dólares anuales, y más en algunos lugares). Pero en ocasiones despachos de tamaño medio o grande, por las razones que fuere, establecen un determinado número de horas para que sus integrantes asuman la defensa de personas sin recursos, o incluso puede ocurrir que sea el propio órgano judicial quien designe a un abogado concreto para defender a quien carece de recursos.

Es evidente que cuando en un país que a lo largo de su historia ha demostrado un respeto absoluto por las decisiones judiciales, que deposita en sus jueces la confianza para la resolución de controversias y que, salvo momentos muy puntuales, ha mostrado una auténtica veneración por sus jueces (que no así por sus abogados), que sea precisamente el Poder Judicial quien reconozca expresa y formalmente la dedicación de la abogacía en pro de la defensa de quienes no tengan recursos (máxime en un país donde la asistencia jurídica gratuita únicamente es preceptiva en el orden penal), sin duda alguna implica toda una declaración de principios.

Claro que en nuestro país esa situación sería impensable, y sirva para ello un ejemplo concreto del que puedo dar fe porque fui testigo presencial del mismo. Hace casi tres lustros, en un encuentro de abogados del turno de oficio que tuvo lugar en una costera ciudad del norte de España, una de las ponencias la impartieron cuatro magistrados, uno de cada orden jurisdiccional. Uno de ellos (por entonces en un juzgado mixto, hoy en uno dedicado exclusivamente a asuntos penales) inició su intervención con la siguiente perla, y cito de forma textual: “Es que, claro, mientras uno de mis compañeros de promoción abrió un despacho, yo me dediqué a estudiar mis oposiciones”, para a continuación dedicarse a despotricar contra los abogados del turno de oficio con expresiones como: “Fíjense que a veces me da que pensar, cuando tomo declaración a un detenido que el único que le hago preguntas soy yo, y el abogado de oficio no dice nada”; hasta tal punto que del público asistente una compañera que ejercía en otro lugar de la geografía española manifestó en voz alta que: “Nos está insultando. Me siento insultada por lo que dice ese señor.” Y sirva como guinda del pastel otra sabrosa anécdota que me suministró un compañero quien, en un asunto de violencia doméstica donde solicitaba una orden de protección, al tener lugar la vista y al ser requerido por la magistrada (no la titular, sino la de un juzgado par de la localidad que la sustituía) para que indicara los extremos solicitados, al remitirse el letrado en cuestión a los expresados en la solicitud se encontró con que Su Señoría Ilustrísima, de muy malos modos y con gesto adusto, le espetó lo siguiente: “Pues me los resume, no pensará que me lo voy a leer ahora.” A siglos luz de un país cuya Constitución cumplirá el año que viene la friolera de doscientos treinta años.

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