EL “SÍNDROME DE MAURICIO CANALES” DE UNA JUEZ DE INSTRUCCIÓN CON UN LETRADO DEL TURNO DE OFICIO.

Mauricio Canales

Siempre he dicho que un amplísimo porcentaje de los empleados públicos no sólo hacen gala en su cotidiano quehacer de una gran profesionalidad, sino de un trato personal exquisito, y de ahí que en la inmensa mayoría de los casos suele ser estimulante el ejercicio de la profesión. Pero agazapado en el conjunto hay un grupúsculo de personajillos que constituyen el auténtico garbanzo negro existente en cualquier colectivo.

Viene lo anterior a cuento de la experiencia sufrida hoy por un amigo muy cercano, que tuvo la amabilidad de exponer a varios compañeros y que demuestra hasta qué punto llega la catadura moral de algunas personas que se ven adornadas con el halo del poder público y que no hacen sino ser la confirmación viviente del célebre aforismo “Si quieres conocer a Perico, dale un carguico.” Y ese grupúsculo no hace otra cosa sino empañar a todo un colectivo integrado en el noventa y cinco por ciento por personas en el amplio sentido de la palabra, es decir, que aúnan actuación profesional y trato cordial, conocimiento y saber estar, sapiencia y educación. Porque, en contra de lo que suele ser creencia habitual, saber y educación no son términos que vayan siempre de la mano, y ni mucho menos son sinónimos.

Pues bien, este amigo, abogado en ejercicio con más de quince años de experiencia, se encontraba de guardia para el enjuiciamiento de delitos rápidos en órganos judiciales. A las nueve y veinte de la mañana recibe, en su teléfono móvil, una llamada de una funcionaria del juzgado de guardia (en concreto, del Juzgado de Instrucción número Dos de Gijón), y donde con un tono bastante áspero le informó que existían varios asuntos que requerían su presencia en el lugar (hasta aquí, salvo por las formas, todo normal) y se exigía compareciese en la sede a las nueve y media, es decir, en diez minutos desde la recepción de la llamada. Dado que este amigo jamás utiliza el vehículo en sus desplazamientos dentro de la ciudad, manifestó que le sería imposible cumplir ese horario, no obstante lo cual trataría de acudir lo más rápido posible y que, en todo caso, y en el peor de los supuestos, estaría físicamente en sede judicial a las diez y cuarto. Ante ello, la funcionaria en cuestión espetó con un tono despectivo un “pues qué bien” y “ahora vamos a tener que esperar”, respondiéndole su interlocutor, sin alterarse lo más mínimo, que puestos a ser estrictos la legislación vigente le otorgaba un plazo máximo de tres horas para acudir y que además, en otras ocasiones tuvo que ser el letrado quien esperase, y precisamente en ese mismo órgano jurisdiccional que ahora demandaba tanta celeridad. Sorprendida (y, con total seguridad, enojada) por dicha respuesta, la funcionaria aparta el auricular pero no lo suficiente como para impedir a su interlocutor escucharla, y lo que manifestó (es de suponer que al resto del personal del juzgado) este ejemplo, flor y nata del empleo público español fue lo siguiente: “mira, dice que otras veces tiene que esperar él.” Consumada esta breve pausa, se incorpora nuevamente al auricular y dice: “Un momento, que la juez quiere hablar con usted.” Llegado a este punto, dado que el abogado en se encontraba ese momento con otras dos personas, y como se temía lo que iba a pasar, tuvo la precaución de poner el manos libres, por lo que hubo dos testigos auditivos de la siguiente intervención de la juez, que el compañero en cuestión tuvo la amabilidad de facilitarme a los efectos de transcribirla en este blog para solaz de los lectores: “Soy [se identificó con su nombre y apellidos], magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Gijón. Está usted de guardia y le estamos citando para las nueve y media, porque sus clientes ya están aquí y nosotros estamos ya desde las nueve de la mañana. Usted sabía que estaba de guardia, por lo que tenía que estar presente como lo estamos nosotros, aunque aquí ya está la profesionalidad de cada uno. Le informo que vamos a hacer constar mediante diligencia que le hemos llamado y a la hora a la que lo hemos hecho” Tras lo cual, sin dar la oportunidad para contestar, colgó el teléfono. Mi amigo, al parecer bastante más calmado y tranquilo de lo que es habitual en él en estas ocasiones, se tomó la situación con bastante calma, llegando a las dependencias judiciales a las 10:07, no sin que antes las dos personas que pudieron escuchar la diatriba de Su Señoría hubiesen adornado a ésta con varios epítetos el más dulce de los cuales fue “grosera”. Por cierto, este mismo compañero nos informaba del disgusto de una de las personas encausadas (quien informó después al abogado que la juez le había indicado textualmente “puede pedir responsabilidad del abogado por el retraso”) por el hecho de que, una vez manifestada la conformidad con el asunto a las 11:49 horas, ese mismo órgano judicial que tanta prisa tenía y que en toda la mañana únicamente tuvo dos juicios rápidos que se solventaron con sendas conformidades, no notificó la sentencia hasta las 13:47. Casi dos horas para una conformidad (y computadas no desde la toma de declaraciones, sino desde que se manifestó la conformidad al fiscal y a la juez). Por cierto, que el compañero no tuvo más que palabras de elogio hacia la persona que hoy representaba al Ministerio Fiscal (con quien ya había coincidido en más ocasiones) porque siempre hizo gala de una corrección en las formas y un trato personal digno de alabanza por su cortesía, respeto y consideración, lo que también es de justicia constatar en esta bitácora.

Al ex abrupto de la magistrada, pues no otro calificativo merece su desafortunada salida de tono que, como veremos, no es ni mucho menos la primera, cabría oponer las siguientes consideraciones:

1.- Cuando el Abogado se encuentra de guardia, su obligación legal es la de estar “disponible”, y en modo alguno se impone su presencia física en el juzgado ad cautelam cuando todavía no han sido requeridos sus servicios profesionales. Lógicamente si está citado a una hora concreta, su obligación no ya legal, sino moral es la de estar allí a la misma, pero este no era el caso, pues la primera comunicación que se hizo al letrado fue mediante la llamada telefónica a las nueve y veinte. Por cierto, si la juez conociera como yo conozco al compañero en cuestión, sabrá que cuando está citado a una hora suele estar incluso diez minutos antes de la misma, para encontrarse en el noventa y nueve por ciento de los casos con que la declaración, comparecencia o vista suelen inevitablemente demorarse bastante más allá de la hora fijada.

2.- El artículo 520.5 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción que al mismo por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, dispone que: “El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.” Aun cuando dicho precepto se refiere a la detención, es aplicable analógicamente a este asunto, pues “desde la recepción del encargo”, al abogado se le impone, evidentemente, un deber de celeridad, pero siempre que acuda dentro de ese plazo máximo no tiene responsabilidad alguna, ni disciplinaria ni moral.

3.- Sería bueno se aclarase al público en general cómo es posible que un juzgado que a lo largo de una mañana tramita únicamente dos procedimientos por enjuiciamiento rápido (que conllevaron tan sólo la toma de declaración de dos investigados y un perjudicado, tres declaraciones que en conjunto no ocuparon ni tan siquiera media hora), solventados ambos mediante conformidad, dilata nada menos que dos horas la notificación de la sentencia. Ello nos sitúa ante dos alternativas, cada cual más preocupante. Porque o bien esa demora no es intencionada, lo que implica  que la encargada de elaborar la resolución judicial tiene menos de 20 pulsaciones por minuto al escribir en el ordenador (cabría preguntarse legítimamente qué habría ocurrido si en vez de dos fuesen cinco o seis los procedimientos a tramitar); o bien es voluntaria, en cuyo caso el redactor de estas líneas se reserva su opinión por ser susceptible de zaherir los sentimientos de algún lector.

4.- Que la juez haya dicho a una de las personas que “puede pedir responsabilidad” a un abogado por esa circunstancia (cuando la demora en acudir no llegó a los cuarenta minutos, y eso un sábado) no solo es una indignidad que califica por sí sola como persona a dicha magistrada, sino que puestos a ser estrictos y si utilizamos el mismo rasero cada vez que un órgano judicial cita a las partes a una hora y la misma comienza con retraso, me temo que el Consejo General del Poder Judicial iba a ser incapaz de abordar todas las reclamaciones que serían susceptibles de interponerse por dicha circunstancia.

5.- Como hemos dicho en más de una ocasión, el ejercicio de la autoridad no está reñido con las buenas formas y el trato amable. Claro que diremos en defensa de la juez que el poco o nulo respeto a las más elementales reglas de la educación las ha tenido hasta con propios compañeros, pues es una gravísima falta de respeto y un indicio de una preocupante ausencia de la más elemental educación interrumpir una vista cuando se está contemplando la misma como espectador y no como magistrado, hecho éste por el que la juez en cuestión fue incluso sancionada hace seis años por el Consejo General del Poder Judicial (noticia que incluso mereció ser reseñada en prensa), si bien dicho órgano, haciendo gala del mismo corporativismo del que acusan a los letrados, le impuso simplemente la poco menos que simbólica sanción de “apercibimiento”, que es lo mismo que ocurre cuando un padre benévolo castiga a su hijo con dos suaves toquecitos en el hombro mientras le entona un “ah, malo, malo.”

Con todo, si tuviésemos que analizar todo este asunto echando mano de la psiquiatría, es evidente que a la magistrada en cuestión habría que diagnosticarle el síndrome de Mauricio Canales. Para el lector que desconozca quién es el personaje en cuestión, informarle que es uno de los protagonistas de la novela (adaptada ulteriormente como serie televisiva) La sonata del silencio, un siniestro juez de primera instancia e instrucción que aprovecha su cargo y la posición social que ostenta para en ocasiones humillar a quienes considera que están por debajo de su status. En cierta ocasión su abuso es tan sangrante que incluso Rafael Figueroa, vecino suyo, notario de profesión y socialmente muy por encima del magistrado, estalla ante la humillación a que el juez somete a una persona caída en desgracia preguntándole “¿Por qué hace esto?”, el magistrado responde con un lacónico y revelador: “Porque puedo”. Afortunadamente en nuestro país casi no existen especímenes como el descrito en la novela de Paloma Sánchez Garnica, pero sí que en un colectivo tan inmenso es inevitable que aparezca algún residuo (o “residua”, ya puestos) que conserva dicha mentalidad.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s