EL TSJ DE ASTURIAS CONFIRMA LA NULIDAD DEL BOICOT A ISRAEL POR VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN.

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La reciente Sentencia 706/2016 de 29 de septiembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso número 207/2016, desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Langreo frente a la Sentencia 105/2016 de 25 de mayo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo dictada en autos de procedimiento especial para la Protección de Derechos Fundamentales 207/2016 y, en consecuencia, declara nulo por vulneración de derechos fundamentales el Acuerdo del Ayuntamiento de Langreo adoptado el 28 de enero de 2016 y en virtud del cual se declaraba dicho concejo Espacio Libre de Apartheid Israelí.

La sentencia rechaza un aspecto formal invocado por el Ayuntamiento, cual es la falta de legitimación de la entidad recurrente para interponer el recurso, amparándose para ello en la jurisprudencia constitucional. No obstante, lo más relevante de todo es el razonamiento jurídico que afecta al fondo del asunto, y que podemos desgranar de la siguiente forma:

1.- Infracción del Ordenamiento. La Sentencia contiene un interesantísimo razonamiento en cuanto a la falta de competencia municipal para adoptar dicho acuerdo, algo que supone de por sí una infracción de la legalidad ordinaria: “cabe afirmar, como se hace en la sentencia apelada, la falta de competencia de la Corporación Municipal para hacer un pronunciamiento que afecta a las relaciones internacionales como recoge el artículo 149.1.3º que las atribuye exclusivamente al Estado Español y que en principio supondría una vulneración de la legalidad ordinaria.” En otras palabras, que la propia Sala advierte al Ayuntamiento que está excediendo los límites de las atribuciones que a los entes locales atribuye la Ley 7/1985 de 2 de abril, incidiendo además que la materia afectada por la invasión es de competencia exclusiva estatal.  Pero, insistimos, aun cuando se aprecie dicha circunstancia, la legislación procesal administrativa limita materialmente el contenido de la sentencia dictada en un procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, pues el artículo 121.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio es claro: “La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo”, lo que implica que no es suficiente la infracción del ordenamiento, sino que es preciso que dicha infracción vulnere un derecho constitucional de los contemplados en la Sección Primera, Capítulo Segundo Título Primero de la Constitución.  Se impone, pues, analizar si se da esa circunstancia.

2.- La Sala procede, a continuación, a analizar si el Acuerdo municipal anulado en la sentencia de instancia vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Y, en efecto, considera que el mismo es discriminatorio y, en consecuencia, que el mismo vulnera dicho precepto constitucional. Lo hace en un breve párrafo de seis líneas y media (no se caracteriza la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por consumir demasiados esfuerzos argumentativos en sus resoluciones), en el cual hace una interpretación conjunta o global del acto administrativo: “El referido acuerdo, en sus apartados 1,2.4 y 5, por su carácter genérico, no cabe hacer reproche alguno, en cuanto recogen principios programáticos susceptibles de ser acogidos, sin que supongan la vulneración de derecho alguno, mas al incluirse dentro del contexto general del acuerdo, en el que se pone de manifiesto que las medidas adoptadas obedecen a crear discriminación en relación con el Estado israelí y los israelitas, entendemos que afectan al derecho a la igualdad que se recoge en el artículo 14 de la Constitución, al igual que sucede con los apartados 3 y 6 del referido acuerdo que de forma directa vienen a reconocer y establecer dicha discriminación como admite la sentencia apelada.”

Todo ello sin duda alguna hará preguntarse al lector interesado en qué situación queda la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón, que en un caso literalmente idéntico en todos sus extremos al analizado por la Sala, había inadmitido a trámite el mismo por no ser un acto administrativo susceptible de impugnación, sentencia a la que habíamos dedicado un análisis en la presente bitácora. En cuanto a este punto, simplemente indicar que la mera consulta a las voces “acto administrativo” y “acto administrativo no impugnable” en el Diccionario del Español Jurídico (dirigido por Santiago Muñoz Machado, elaborado en conjunto por la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial y publicado por la editorial Espasa en abril del presente año 2016) deja bien clara la cuestión no precisamente en el sentido que propugna la sentencia del Juzgado gijonés; y, por cierto, la segunda de las voces cita de forma expresa la sentencia que recogíamos en nuestro comentario en cuanto a lo que es y no es un acto administrativo, resolución que el propio Santiago Muñoz Machado citaba en el cuarto tomo de su monumental e imprescindible Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, precisamente al analizar el concepto de acto administrativo; y eso que el autor propugnaba una definición del mismo bastante más restrictiva que el del grueso de la doctrina.

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