BRAVO FERNANDEZ v. UNITED STATES: IMPOSIBILIDAD DE RECURRIR UN VEREDICTO ABSOLUTORIO.

courtroom

La reciente sentencia Bravo-Fernández v United States, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública el pasado día 29 de noviembre, constituye un pequeño tratado jurídico sobre la aplicación del principio non bis in ídem, que en la terminología jurídica norteamericana recibe la denominación de double jeopardy clause. El principio supone, como todo jurista sabe, que no pueden enjuiciarse dos veces los mismos hechos, y el mismo resulta de aplicación no sólo en el campo del Derecho penal, sino incluso en el del Derecho Civil. La aplicación del mismo es bien clara y en principio, su sencillez obstaría a cualquier pronunciamiento sobre el particular. No obstante, la vida cotidiana es rica en supuestos que desafían esa aparente sencillez y que pueden ocasionar, como en el presente asunto, que el Tribunal Supremo deba enjuiciar si en el supuesto de veredictos inconsistentes, es decir, cuando el jurado sobre unos mismos hechos efectúa a la vez un pronunciamiento condenatorio y otro absolutorio.

Esta sentencia, de la que ha sido ponente Ruth Bader Ginsburn y que ha contado con el apoyo unánime de sus colegas, constituye un auténtico tratado sobre el non bis in ídem y su proyección en el ámbito del derecho penal. No sólo explica el significado del principio, sino que en un cuidadoso estilo literario que no impele un tratamiento jurídico riguroso, enumera los precedentes aplicables en la materia, que desgrana exponiendo no sólo la doctrina jurídica de los mismos, sino las circunstancias fácticas a las que se aplicaron. Quisiera, no obstante, incidir una circunstancia fundamental que esta resolución judicial que comentamos recuerda, y que separa radicalmente el ordenamiento jurídico-penal estadounidense del español, cual es la imposibilidad de que la acusación en una causa penal pueda impugnar un veredicto absolutorio. La sentencia lo explica de la siguiente forma:

In civil suits, inability to obtain review is exceptional; it occurs tipically when the controversy has become moot. In criminal cases, however, only one side (the defendant) has recourse to an appeal from an adverse judgment on the merits. The Government “cannot secure appelate review of an acquittal, even one based upon an egregiously erroneous foundation” (Arizona v. Washington, 434 US 497, 503 [1978])

Lo cual podría traducirse más o menos de la siguiente manera: “En los procesos civiles la supresión del recurso es excepcional, y ocurre fundamentalmente cuando la controversia deja de serlo. En los asuntos penales, sin embargo, tan sólo una parte (el acusado) tiene derecho a apelar una sentencia adversa. La acusación no puede impugnar un veredicto de inocencia, incluso aunque éste se base en razonamientos manifiestamente erróneos.” De ello se extraen fundamentalmente dos circunstancias:

1.- La acusación, es decir, el “pueblo” ya sea de los Estados Unidos o del estado que ejerza la misma, que actúa a través de los district attorneys, ha de poner toda la carne en el asador, porque tan sólo tiene una oportunidad de dar en el blanco. Si falla esa oportunidad, el asunto está perdido para siempre, y ello porque el principio non bis in ídem opera como barrera protectora frente al acusado absuelto. En muchas películas y series de televisión el público español está habituado a contemplar cómo ante una absolución los district attorneys y sus asistentes se muestran entristecidos unas veces y enojados otras, en una actitud incomprensible. Pues bien, he aquí la explicación, la imposibilidad de impugnar un veredicto absolutorio. El acusado, por el contrario, lo tiene mucho más fácil, pues no sólo es la acusación quien ha de probar la culpabilidad, sino que la defensa únicamente ha de sembrar en el jurado la semilla de la “duda razonable” para que proceda la absolución.

Imagínense trasladar este principio a nuestro país las consecuencias que acarrearía.

2.- La absolución puede tener consecuencias directas para quienes ejercen la acusación. Ello nos lleva a la necesidad de hacer una distinción entre la fiscalía española y su equivalente americana:

A.- La fiscalía española se compone de miembros seleccionados en base al principio de mérito y capacidad a través de pruebas selectivas que miden objetivamente los conocimientos de los aspirantes. Sin entrar a cuestionar la adecuación o no de las pruebas a la realidad actual, lo cierto es que si bien en teoría este sistema es riguroso, en la práctica se diluye. No en los pueblos y ciudades, dado que en los mismos ejercen profesionales que han accedido al cargo mediante criterios puramente objetivos: superar las pruebas selectivas y elección de la plaza según el orden del escalafón. Pero cuando se trata de estadios superiores, esa objetividad se difumina poco a poco conforme nos vamos acercando a la cúpula de la carrera fiscal, donde el Fiscal General del Estado es nombrado formalmente por el Rey y materialmente por el Gobierno, sin otro trámite que la preceptiva audiencia al Consejo General del Poder Judicial. Bien es cierto que la Ley 24/2007 de 9 de octubre modificó el artículo 29 de la Ley 50/1981 de 23 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a fin de establecer la posibilidad de que el candidato comparezca ante la Comisión correspondiente de la Cámara, pero lo cierto es que el trámite se configura como potestativo, y la ausencia de rigor en estas comparecencias es de todos conocido.

En otras palabras, que en si comparásemos la fiscalía española con el ejército, podríamos decir que los soldados rasos son elegidos efectivamente mediante criterios objetivos, pero en la selección la oficialidad se relajan sumamente los criterios de selección.

B.- En los Estados Unidos, el Attorney general es nombrado por el Presidente, pero los District Attorneys son elegidos periódicamente por los ciudadanos mediante sufragio. A su vez, el personal de apoyo a éstos se selecciona mediante concurso, primando no sólo el conocimiento (que se presupone en un licenciado en Derecho), sino en otros aspectos como la formación práctica y la experiencia. Además, la retribución económica suele ser bastante inferior a la existente en el sector privado. De ahí que, como indicaba uno de los protagonistas de la benemérita serie Law & Order a una integrante de la fiscalía que estaba meditando renunciar a su puesto: “Contra lo que piensas, no hay gente haciendo cola para ocupar tu puesto.”

En otras palabras, siguiendo con el símil militar, en este caso es la propia comunidad quien elige periódicamente a los oficiales que son, a su vez, los encargados de seleccionar la tropa.

3.- La diferente configuración de los encargados de ejercer la acusación pública en una y otra orilla del Atlántico hace que la responsabilidad sea diferente en ambos casos.

A.- El integrante del Ministerio Fiscal español, por regla general, y permítasenos utilizar una célebre expresión referida al fallecido Caudillo, únicamente son responsables “ante Dios y ante la historia.” Si son bien escasos los asuntos que finalizan con la exigencia de responsabilidad a un juez o magistrado (además de escasos, los poquísimos que han prosperado se deben más a presión mediática por afectar a asuntos de gran calado que a otra cosa), los de la fiscalía son aún mucho más infrecuentes. Y pongo un ejemplo concreto. Si bien la maquinaria periodística y gubernamental se engrasó para exigir y lograr la responsabilidad disciplinaria del juez y de la secretaria judicial en el popular asunto en el que un condenado que estaba pendiente de ingresar en prisión reincidió en el periodo en el que debería haberse ejecutado la sentencia y no se hizo, por el contrario no es ya que se incoara un expediente disciplinario a ningún fiscal, sino que ni tan siquiera nadie se molestó en solicitarlo, y ello pese a que el noveno punto del artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal incluye entre sus competencias la de “velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.” Quiere ello decir que dada la estructura jerárquica que caracteriza el cuerpo de fiscales, éstos únicamente responden ante el superior, y el vértice aunque en teoría es independiente, ya se sabe que en la práctica responde ante la autoridad que lo ha nombrado, es decir, el Gobierno.

B.- En los Estados Unidos la situación es radicalmente opuesta. Los ayudantes responden, evidentemente, ante su superior, el District Attorney, y como además no gozan de inamovilidad, una negligente actuación puede acarrear el cese inmediato. Pero además, el superior jerárquico no es elegido por el ejecutivo, sino por el pueblo, y ha de someterse periódicamente a un sufragio si desea permanecer en el cargo. De ahí que deba procederse con extrema cautela.

En fin, que para terminar este post sobre la fiscalía, no puedo menos que recomendar a los lectores que si tienen la posibilidad, vean la excelente película Boomerang (que el traductor español con el rigor que es habitual en él ha traducido como El justiciero, que si bien hace justicia al argumento no lo hace al título) dirigida en 1947 por Elia Kazan y donde un magnífico Dana Andrews interpreta al fiscal Henry Harvey, quien, ante la presión mediática y policial, se ve en la tarea de ejercer la acusación de John Waldron (magnífico Arthur Kennedy), detenido por el jefe de policía Harold Robinson (Lee J. Cobb) acusado de matar a un párroco local muy querido. Harvey se enfrenta a todos ellos amparándose en un principio fundamental: su labor no es acusar indiscriminadamente, sino la búsqueda de la verdad, y en el juicio que tiene lugar en la sala de vistas de la ciudad demuestra ante el magistrado y ante una sorprendida audiencia que la persona acusada era imposible hubiese sido quien perpetrara el crimen. Y para quien piense que estamos ante una mera ficción, sepa que se basa en un hecho real, y que el personaje encarnado por Dana Andrews encubre en realidad a Homer Cummings, quien llegó a ser Attorney General con el presidente Roosevelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

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de Monsieur de Villefort Publicado en Sin categoría

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