ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CRISIS DEL ACTO POLÍTICO EN LA JURISPRUDENCIA ESTADOUNIDENSE.

dont-judge-me

Sin duda alguna, el tema de los actos políticos ha sido uno de los más polémicos en el devenir histórico del Derecho administrativo. Dado que tradicionalmente tales actos se encontraban exentos de control judicial (artículo 2.1.b de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) su delimitación era vital para determinar qué tipo de actuaciones no podían ser últimamente residenciadas ante los Tribunales para verificar su adecuación o no a Derecho. Eduardo García de Enterría, en el primer volumen de su Curso de Derecho Administrativo, al analizar dicha clase de actos, situaba su origen histórico en los años iniciales de la Restauración borbónica en Francia, cuando el Consejo de Estado francés, como creación napoleónica, pretendió garantizar su supervivencia invocando esta doctrina como una especie de excepción que le permitiese evitar pronunciarse sobre determinadas cuestiones de trascendencia política. Lo que no se dice en tan imprescindible manual es que la doctrina del acto político había aparecido en realidad una década antes en la otra orilla del Atlántico, en los Estados Unidos, donde tuvo un desarrollo jurídico bastante peculiar también a golpe de resoluciones, si bien en este caso de los Tribunales de Justicia y no de órganos administrativos. En esta ocasión, la excesiva querencia que el maestro de administrativistas profesaba por la cultura e historia gala le llevó a omitir el origen estadounidense de la tesis, si bien hemos de decir que en su libro Democracia, jueces y control de la Administración sí que alude a ella en el capítulo dedicado a la doctrina Chevron de la deferencia judicial hacia el ejecutivo.

En el número correspondiente al mes de diciembre del presente año 2016, la Harvard Law Review publica un breve pero interesante estudio titulado Political questions, public rights and sovereign inmunity, donde en apenas veinte páginas no sólo expone al lector el núcleo central del instituto, sino su evolución histórico-jurisprudencial a lo largo de dos centurias. Con todo, la evolución jurisprudencial sigue la misma tendencia que en la vieja Europa: según avanzan los tiempos se va restringiendo la aplicación del instituto. El trabajo lo resume en esta decisiva frase: “Indeed, though today we view judicial review as the rule and political question doctrine as the exception, that was not the case in the young republic. Early Americans distrusted courts, and the move to make judges politically accountable was already underway..” (Así, aunque hoy en día contemplamos como norma general el control judicial y el acto político como la excepción, en la joven república la situación era distinta. Los primeros americanos desconfiaban de los Tribunales, y la tendencia a hacer los jueces políticamente responsables estaba desarrollándose…) Esa “tendencia a hacer a los jueces políticamente responsables” se refiere al movimiento que tuvo lugar bajo la presidencia de Andrew Jackson, donde se inició un movimiento que abogó por la elección popular de los jueces que, si bien no era posible a nivel federal (donde, ex constitutione, son propuestos por el Presidente y confirmados por el Senado) sí que en los distintos estados se generalizó la selección judicial mediante elecciones populares. Pero, volviendo a la doctrina del acto político, el artículo nos marca el nacimiento de la misma nada menos que en un celebérrimo caso que cualquier estudiante de Derecho conoce, incluso en nuestro país: Marbury v. Madison, es decir, que nos remontamos a febrero de 1803. Desde entonces, la doctrina del acto político tiene una curiosa evolución.

1.- Origen: el caso Marbury. En el caso Marbury, el chief justice John Marshall a la hora de abordar si procedía o no la emisión de un mandamus frente al Secretario de Estado, hubo de analizar si éste tenía jurídicamente la posibilidad de retener o revocar el nombramiento de juez de paz o no; en otras palabras, si tenía la potestad discrecional para retirarlo. En la sentencia se analiza exhaustivamente las competencias del Presidente y del Senado en el proceso de nombramiento de jueces federales. Desde el momento en que el Presidente designa a un candidato a juez hasta su toma de consideración por el Senado, es posible que el Secretario de Estado, actuando por órdenes del Presidente, pueda revocar el nombramiento, ejercitando con ello su discrecionalidad; en este caso, el acto sería de naturaleza estrictamente política, pues el Jefe de Estado americano es libre para designar a quien desee sin que nadie pueda torcer u orientar su voluntad; no obstante, una vez que el Senado confirma el nombramiento y el Secretario de Estado ha estampado el sello federal en el mismo, la remisión al destinatario del mismo es obligada y, por tanto, el acto es plenamente enjuiciable.

2.- Desarrollo: casos que abordan cuestiones cuya decisión última corresponde a los otros poderes. Tras el caso Marbury, el breve pero intenso artículo que glosamos nos ofrece varios casos resueltos por el Tribunal Supremo en la época de Marshall y de su sucesor, Roger B. Taney, donde se acoge a la doctrina del acto político. Así, en el caso Foster v. Neilson, donde una disputa entre dos personas por la titularidad de unos terrenos al borde del río Mississippi hubiera llevado al Tribunal a determinar si los mismos pertenecían a España o a Estados Unidos en 1804, la sentencia consideró que en última instancia se estaba ante una cuestión política que abordaba la soberanía de unos territorios y cuyo pronunciamiento no correspondía a los Tribunales determinar, si bien en el caso concreto sí que se hizo porque el Congreso norteamericano había despejado toda duda al respecto: “The judiciary is not that department of the government to which the assertion of its interests against foreign powers is confided, and its duty commonly is to decide upon individual rights according to those principles which the political departments of the nation have established […] We think then, however individual judges might construe the Treaty of St Ildefonso, it is the Province of the Court to conform its decisions to the will of the Legislature if that will has been clearly expressed.” (El Judicial no es el Poder del Estado a quien se confía la reivindicación de sus intereses frente a terceros países, pues su deber se limita a resolver disputas entre individuos de acuerdo a las normas aprobadas por las ramas políticas de la nación […] Creemos, por tanto, que con independencia de la interpretación que los jueces hayan hecho del Tratado de San Ildefonso, es deber del Tribunal acomodarse a la voluntad claramente expresada del legislativo). Esta sentencia es expresamente invocada como precedente en el caso García v. Lee, donde se reafirma la doctrina que las disputas fronterizas de territorios entre dos naciones son actos políticos excluidos del control judicial, en cuanto afectan a las relaciones internacionales.

En el ámbito no de las relaciones internacionales, sino de las internas, el Tribunal se acoge a esta doctrina en el caso Luther v. Borden, donde una simple reclamación por daños implicaba que el Tribunal Supremo debía pronunciarse sobre la legitimidad de dos facciones enfrentadas en el estado de Rhode Island con motivo de un movimiento de reforma constitucional. En dicha sentencia, el Tribunal Supremo razonaba que: “The question whether or not a majority of those persons entitled to suffrage voted to adopt a constitution cannot be settled in a judicial proceeding. The Constitution of the United States has treated the subject as political in its nature, and placed the power of recognizing a State government in the hands of Congress. Under the existing legislation of Congress, the exercise of this power by courts would be entirely inconsistent with that legislation.” (No puede resolverse en un procedimiento judicial si una mayoría de dichas personas tenía derecho o no a votar por una reforma constitucional. La Constitución de los Estados Unidos aborda la materia como política en su naturaleza, y sitúa la potestad de reconocimiento de un gobierno estatal en manos del Congreso, por lo que bajo dicha normativa sería inconsistente que los Tribunales ejercitasen dicha potestad).

Ha de tenerse en cuenta que tales precedentes son del primer tercio y de mediados del siglo XIX, cuando dicha doctrina se invocaba igualmente por el Consejo de Estado francés. No obstante, más que criterios estrictamente jurídicos, la razón última del acto político tal y como se configuró a partir del caso Luther parte de criterios no estrictamente jurídicos, sino más bien metajurídicos, de ahí que en una lúcida frase del artículo que comentamos se diga expresamente que: “Luther ultimately blazed the trail for the doctrine’s prudential form” (En definitiva, el caso Luther marcó el inicio del camino para el criterio de la prudencia). Se trata, por tanto, de evitar que los Tribunales de Justicia hayan de entrar en el fondo de cuestiones que directa o tangencialmente posean relevancia política nacional o internacional.

3.- El principio del fin: Baker v. Carr. En plena renovación del derecho público norteamericano cuando el Tribunal Supremo era presidido por Earl Warren, dicho órgano resuelve el caso Baker v. Carr, que en cuanto al fondo impugnaba una reasignación de los distritos electorales. La sentencia rechaza que, como se argumentaba por una de las partes, la modificación de un distrito electoral sea una cuestión política, y entra de lleno en el fondo del asunto considerando que la doctrina del acto político no es aplicable a este asunto, pues “the mere fact that the suit seeks protection of a political right does not mean it presents a political question” (el mero hecho de que un pleito tenga por objeto la protección de un derecho político no implica la existencia de un acto político). Pero es más, en el mismo se intenta ofrecer un resumen de la jurisprudencia y una catalogación de qué tipo de actos merecen ser incardinados dentro de la categoría de “políticos” y, por tanto, excluidos del control judicial. Tan sólo dos de ellos responden a criterios de naturaleza estrictamente jurídica y los otros cuatro más a razones de simple “prudencia”. No obstante, el hecho es que ya queda patente que la doctrina de los actos políticos empieza a declinar a principios de la década de los sesenta. La sentencia, además, pese a los titubeos iniciales de varios de los jueces, contó con el voto favorable de siete de los magistrados, y únicamente el veterano Felix Frankfurter y John Marshall Harlan II formularon votos particulares discrepantes.

4.- El golpe de gracia a la “prudencia”: El caso Lexmark International Inc v. Static Control Components. En este asunto, el Tribunal Supremo en una sentencia de la que fue ponente Antonin Scalia y que gozó del apoyo unánime de sus compañeros, da el golpe de gracia a la doctrina del acto político basado en razones de mera “prudencia”. El trabajo que glosamos lo enfatiza de la siguiente forma: “He observed the “tension” between the prudential standing doctrine and the Court’s “recent reaffirmation” that Article III tribunals have a “virtually unflagging” duty to “‘hear and decide’ cases within their jurisdiction. The Court upheld that duty in Lexmark by declaring that it “cannot limit a cause of action that Congress has created merely because ‘prudence’ dictates.”([Scalia] Incidió en la tensión entre la doctrina de la prudencia y el reciente pronunciamiento del Tribunal en el sentido que bajo el amparo del artículo III [de la Constitución] tienen el deber “virtualmente incesante” de admitir y resolver los casos sometidos a su jurisdicción. El Tribunal avaló tal deber en Lexmark declarando que no puede limitarse una acción creada por el Congreso por razones de mera prudencia)

En definitiva, una interesantísima evolución histórico-jurisprudencial expuesta apenas en veintidós páginas y que sirve, una vez más, de contraste entre la experiencia jurídica de un instituto a uno y otro lado del océano en dos ordenamientos pertenecientes a dos tradiciones jurídicas distintas, aunque en este caso esa diferencia no sea tan abrupta como en otras cuestiones.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s