HO AH KOW v. NUNAN: SER JUEZ NO IMPLICA PRESCINDIR DE HECHOS NOTORIOS CONOCIDOS A NIVEL PARTICULAR.

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Siempre se ha dicho que el juez se encuentra vinculado por las actuaciones obrantes en autos, de tal manera que, por ejemplo, en el ámbito contencioso-administrativo “lo que no está en el expediente, no existe.” Es un principio que pretende garantizar la objetividad de la actuación judicial, de tal manera que sirve de garantía tanto para el ejercicio de la función judicial como para los contendientes en el proceso. No obstante, la aplicación fría y rigurosa de tal principio puede conllevar en ocasiones a resultados no ciertamente muy felices, por cuanto existen determinadas ocasiones en que el expediente no es capaz de reflejar los motivos reales del actuar administrativo y, por tanto, el juez está de alguna manera no diremos ciego, sino tuerto porque le han hurtado deliberadamente la visión de una parte del caso. Pero en ocasiones el juez puede suplir esa omisión deliberada por el conocimiento particular. El problema es, en este caso, relativamente sencillo: ¿Debe el juez suplir con ese conocimiento privado las carencias del expediente? En otras palabras ¿Deja de ser hombre mortal para convertirse en un sacerdote de la ley alejado del resto de los mortales?

A esa respuesta se enfrentó el juez Stephen J Field, magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando, actuando como juez del Tribunal del Circuito de California, dictó el 7 de julio de 1879 la sentencia Ho Ah Kow v. Nunan. El caso era bien sencillo: el demandante, Ho Ah Kow, era un ciudadano del imperio chino que residía en el estado de California, en concreto en la ciudad de San Francisco, que entabló un proceso de reclamación frente al sheriff por los daños y perjuicios que éste le había ocasionado durante la estancia en prisión. Y se preguntarán ustedes cuáles eran esos daños. Pues el núcleo de la controversia radicaba en que el sheriff había procedido a cortar la coleta del súbdito del celeste imperio, algo que, como es bien sabido, por entonces en la cultura china suponía una gravísima humillación. El sheriff justificaba su actuación en que la ciudad había aprobado una ordenanza según la cual a todo hombre del sexo masculino que fuese condenado a prisión, previamente a su ingreso en la misma se le debería cortar el pelo a una longitud que no excediese de una pulgada. El demandante cuestionaba la validez de la norma esgrimiendo no sólo la falta de competencia del ente que la había aprobado, sino porque la misma suponía un grave atentado para un sector de la población, puesto que en ese periodo existía una cantidad respetable de personas de nacionalidad china en la ciudad. El demandado negaba rotundamente que la norma fuese discriminatoria, pues la misma afectaba a toda la población, es decir, no sólo a las personas de nacionalidad china, sino a cualquier persona que ingresase en una institución penitenciaria estatal, incluso aunque fuesen nacionales del estado. Y, en efecto, de la contemplación fría de los hechos resultaba que a la hora de aprobar la medida se habían invocado motivos de interés general, en concreto de salubridad. El problema es que si “oficialmente” se invocaban razones pretendidamente objetivas que avalaban en la práctica dicha norma, en la realidad el objetivo último era penalizar a los nacionales chinos residentes en el estado, hasta el punto que en toda la ciudad la normativa en cuestión era conocida como “the queue ordenance” (por referencia a la denominación del apéndice piloso con que los chinos adornaban la parte trasera de su cabeza).

El juez Stephen Field, a la hora de resolver el asunto, lo tuvo claro. En primer lugar, atacó jurídicamente el objetivo último de la ordenanza y, para ello, lo hizo utilizando lo que en nuestro país podríamos identificar con el control de los hechos determinantes de un elemento discrecional. “Cortar el pelo a los varones a su llegada a prisión no pretendía ni puede sostenerse como una medida de disciplina o de regulación sanitaria. La propia norma no se dirige a promover la disciplina, y únicamente en casos excepcionales puede entenderse como medida sanitaria.” Pero a continuación, Field hace una afirmación que, sin duda alguna, toma abierto partido a la hora de responder al interrogante que nos planteábamos al principio de este post. La aseveración es tajante: “we cannot shut our eyes to matters of public notoriety and general cognizance. When we take our seats on the bench we are not struck with blindness, and forbidden to know as judges what we see as men” (No podemos cerrar los ojos a hechos públicos, notorios y de conocimiento general. Cuando nos sentamos en el estrado no estamos afectos de ceguera, ni se nos prohíbe tener en cuenta como jueces lo que vemos como hombres). En consecuencia, Field declaró inconstitucional la normativa.

No se trataba de hacer caso a simples rumores, a meras habladurías o a opiniones meramente subjetivas, sino a un hecho público y notorio, cuál era la auténtica razón de ser, el verdadero motivo de la aprobación de la norma. Y de todos es sabido que, en muchas ocasiones, la invocación a un interés general encubre motivos bastante menos nobles, de tal manera que en determinados sectores del ordenamiento (como, por ejemplo, el tributario y el sancionador) el porcentaje de veces que existe una desviación del fin invocado y el fin real supera el noventa y cinco por ciento de los casos.

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