SHAW v. UNITED STATES: EL ABOGADO IMAGINATIVO, PERO NO MAGO.

magician

Lo he dicho mil veces a clientes, compañeros, fiscales y jueces: el abogado es una persona que defiende los intereses del cliente, pero no es un mago. Quiere ello decir que los hechos son tozudos, y no puede decirse que un determinado acontecimiento no es el que es o negar la realidad hasta extremos ridículos. De obrar así el abogado no sólo perderá su credibilidad, sino que despertará en terceras personas la misma opinión que el hilarante Hugo G. Hackenbush en la célebre comedia A day at the races, cuando al ser puesto en cuestión su diagnóstico médico por tres sapientísimos doctores que contaban a su favor con las radiografías practicadas a una presunta enferma, se encontraron con la siguiente frase de su jefe: “¿Pero ustedes a quién creen más, a mí o a esos condenados rayos X?” Se podrá argumentar que un determinado hecho no está acreditado, e incluso el abogado hábil ante hechos adversos podrá invocar la inaplicación de determinados preceptos legales a ese hecho. Pero no se puede decir, por ejemplo, que una renta arrendaticia ha sido abonada cuando no lo ha sido, o que no procede el desahucio cuando existe impago de cantidades asimiladas a la renta.

Viene la anterior reflexión a raíz de la recentísima sentencia Lawrence Eugene Shaw v. United States, que ha fallado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado día 12 de diciembre, y que revela cómo un buen abogado no pone en cuestión los hechos cuando las pruebas son abrumadoras, sino que se concentra en diseccionar la normativa para interpretarla en el sentido más favorable a su cliente. Los hechos enjuiciados eran, en sí, bastante sencillos y no cuestionados. El acusado, Shaw, se había hecho con los datos personales de la cuenta corriente de otro individuo, y con los mismos hizo dos operaciones bancarias: en primer lugar, transfirió el dinero de la cuenta de esa tercera persona a la suya propia, y, en segundo lugar, liquidó su propia cuenta. La legislación penal estadounidense, en concreto el parágrafo 1344 del United States Code, tipifica como delito: “ejecutar de forma deliberada actos tendentes a: 1) defraudar a una institución financiera; 2) mediando falsedad o fraude, obtener dinero, fondos, créditos, bienes o propiedades de o bajo la custodia o control de una institución financiera.” Shaw fue condenado en primera instancia como autor de un delito de los contemplados en el apartado primero, y tras apelar la condena, ésta fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Pues bien, la defensa de Shaw acude al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que sorprendentemente admite a trámite el asunto. El abogado de Shaw no cuestionaba los hechos, que expresamente admitía, pero su tesis, disparatada si atendemos a criterios de razonabilidad o sentido común pero bastante menos si contemplamos el asunto desde el punto de vista jurídico, era la siguiente: “la frase ´actos tendentes a defraudar a una entidad financiera´requiere que el Estado acredite que el acusado tuvo intención de defraudar a un banco, y no a una tercera persona que no tiene esa naturaleza.” Hablando en plata, que la defensa de Shaw argumenta que en efecto, ha cometido un fraude como la Catedral de San Pablo, pero que como el tipo penal se refiere a la defraudación a instituciones financieras y el acusado había defraudado a un particular, la condena es ilícita.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de la que fue ponente Stephen Breyer y que contó con el apoyo unánime de sus siete colegas (recordemos que desde febrero el órgano judicial está limitado a ocho jueces tras la muerte de Antonin Scalia, cuya vacante no se ha cubierto aún) rechaza de plano las tesis del recurrente. Y lo hace con una pequeña lección de derecho civil patrimonial en la que condensa en un breve párrafo la naturaleza del contrato bancario de cuenta corriente: “En el momento que un cliente deposita fondos en el banco, éste ordinariamente se convierte el propietario de los mismos y, en consecuencia, puede usarlos como fuente de préstamos que le permita obtener beneficios (aunque el cliente mantenga el derecho a retirarlos). En ocasiones se estipula contractualmente que el cliente retiene la propiedad y el banco únicamente asume la mera posesión. Pero incluso en estos casos el banco es un depositario como, por ejemplo, el garaje respecto a los vehículos en él aparcados. Y como depositario, el banco puede reivindicar la posesión frente a cualquier persona excepto frente al depositante.” Aunque en cuanto al fondo desestima las tesis del defraudador, en cuanto a la forma éste obtiene una victoria pírrica, pues argumentaba que había existido un vicio formal consistente en que se habían proporcionado al jurado informaciones erróneas en base a las cuales éste tomó su decisión, punto éste en el que el Tribunal Supremo traslada la patata caliente al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito para que se pronuncie.

El ejemplo anterior puede servir de ejemplo para ver cómo un abogado hábil puede retorcer o manipular de forma interesada la normativa para favorecer a su cliente, pero sin cuestionar hechos probados. En una de sus célebres viñetas, el gran Francisco Ibáñez hacía que en el seno de un juicio y ante la vista del juez y de los testigos, un acusado de aspecto patibulario golpease al ciudadano que lo había denunciado, ante lo cual su abogado defensor protestaba enojadísimo porque: “el denunciante ha agredido brutalmente a mi defendido al golpearle con el ojo en los nudillos.” Lo que en una viñeta es no sólo ingenioso, sino divertido, en la vida real sería una temeridad. Porque negar la evidencia no sólo no beneficia en nada al cliente, sino que deja una mancha indeleble en la credibilidad del abogado. Y uno de los consejos que daba precisamente a los letrados el fallecido juez Scalia era precisamente mantener bien cultivada la credibilidad.

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