MITCHELL v McCONNELL COMO APÉNDICE JUDICIAL DEL AFFAIRE MERRICK GARLAND: LOS TRIBUNALES NO PUEDEN OBLIGAR AL SENADO A CONVOCAR UN PLENO.

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Merrick Garland, el juez propuesto por Barack Obama para sustituir al fallecido Antonin Scalia arroja finalmente la toalla y da por finiquitada su aventura como potencial magistrado del Tribunal Supremo. Desde que se anunció su candidatura para el puesto en marzo del presente año, rehusó participar en las vistas de los asuntos del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde actualmente sirve, para que, en el caso de superar una eventual votación en el Senado, no existiese conflicto de intereses y evitar una abstención en el Tribunal Supremo por haber participado en la instancia inferior. No obstante, ya se ha hecho público que el próximo mes de enero volverá a ocupar su lugar en el estrado del máximo órgano de Washington D.C que, no olvidemos, pese a ser físicamente una ciudad, desde el punto de vista jurídico es un enclave federal. La aventura de Garland, pues, ha finalizado antes de empezar, en cuanto ni tan siquiera ha tenido la posibilidad de ser rechazado, sino que se le ha ninguneado en una maniobra conocida en el argot político norteamericano como filibustering. En este caso, ninguna de las instituciones ha tenido la altura de miras necesaria.

Tras lo dramático, lo bufo. Y es que la situación política ha tenido su apéndice jurídico en forma de pleito, en concreto el caso Mitchell v. McConnell & Grassley, entablado en el Juzgado Federal del Distrito de Columbia por un abogado de Nuevo México, Steven Mitchell frente a dos senadores, en concreto Mitch McConnell (procedente de Kentucky, y que ostenta la condición de mayority leader en el Senado) y Chuck Grassley (veteranísimo senador por Iowa, que con ochenta y tres primaveras lleva nada menos que tres décadas y media en la cámara alta). Y su petición era ciertamente curiosa, pues suplicaba nada menos que la expedición de un writ of mandamus (que, a grandes rasgos, podríamos decir que es algo así como la condena a una obligación de hacer) para que ordene al senado, citamos textualmente “vote before the end ot the 114th Congress on whether the Senate will provide its advise and consent to the nomination of Judge Garland to the United States Supreme Court” (con anterioridad al término de la centésimo decimocuarta legislatura del Congreso, el Senado vote si ratifica al juez Garland para el Tribunal Supremo). Basa la elección de los senadores demandados en que son ellos quienes “han evitado que el Pleno del Senado vote sobre el nombramiento efectuado por el Presidente Obama, vulnerando sus deberes constitucionales a la hora de ratificar o no las propuestas de nombramiento.” Si la demanda ya es de por sí surrealista, la base jurídica no es menos extraña, pues basa su acción en que con ello “se priva a los dos senadores de su estado de ejercer su prerrogativa constitucional de votar la ratificación o no del candidato” y que con ello, “su propio voto para elegir senadores tiene menos valor que el de los votantes de otros estados cuyos senadores tienen la facultad desproporcionada de controlar la acción del senado.” Decimos que el argumento es extraño porque si la tesis en cuestión podría tener ciertos visos de defensa en la Cámara de Representantes (cuyos miembros se eligen en base a la población de los estados) en el Senado cada uno de los estados miembros elige a dos senadores, sin que por tanto exista ningún tipo de desigualdad, por lo que si un senador logra que toda la Cámara (o un comité de la misma) actúe en determinado sentido es porque tras de sí ha logrado articular una mayoría suficiente, ya sea en Pleno o en Comisión.  Por supuesto que los demandados solicitaron como cuestión previa la falta de jurisdicción del órgano judicial, dado que se está ante una cuestión estrictamente política que desborda la competencia de los juzgados y Tribunales.

El juez Rudolph Contreras rechaza de plano la petición del demandante en una resolución  hecha pública el pasado 17 de noviembre, sólidamente fundamentada pese a contar únicamente con cinco páginas de extensión, lo que no es óbice para que la misma goce de una envidiable estructura interna tanto formal como material. Y basa su argumentación en dos motivos. El primero, que todo demandante ha de acreditar una “concrete and particularized injury, that is actual or imminent, not conjectural or hypothetical” (un daño concreto e individualizado, es decir, actual o inminente, no hipotético o eventual) y que “the proper recourse for persons who have a generalized grievance is through the political process, not the courts” (cuando se esgrimen perjuicios generalizados, la vía adecuada es la política, no la judicial). Tras hacer un resumen de la jurisprudencia que delimita las cuestiones excluidas del control judicial, asesta un brutal golpe a las tesis en que se sustenta la demanda: “El señor Michel no acredita la existencia de daño individualizado que permita sostener la presente demanda. Las alegaciones relativas al inferior valor que su voto tiene en la elección de senadores es el tipo de daño indiferenciado común a todos los ciudadanos cuya solución apropiada se encuentra en la esfera política: su reclamación no radica en que se le haya impedido emitir el voto para elegir a los senadores, sino que quienes representan a su estado natal se han visto frustrados por las normas y liderazgo del Senado de los Estados Unidos […] Ello no sólo requeriría del Tribunal que se convirtiera en una especie de supralegislatura donde un Senador o Representante que ha fracasado a la hora de persuadir a sus colegas pueda reanudar la batalla, sino que ello supondría igualmente admitir acciones de todos los ciudadanos que estimen sus representantes han sido tratados injustamente en el proceso legislativo. Aunque en ocasiones pueda estar justificado, los redactores de la Constitución depositaron la competencia para resolverlo en las ramas políticas, no en la judicatura.” En definitiva, que parafraseando la célebre frase atribuida a Jesús en los evangelios canónicos, el juez viene a decir al demandante que “a los juzgados lo que es de los juzgados, y al Senado lo que es del Senado.” Y es que, parece de sentido común que ningún juez de ningún sistema jurídico, ni aún uno tan peculiar como es el anglosajón, tiene entre sus facultades ordenar a una cámara legislativa que celebre un pleno.

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