DARWEESH v TRUMP: UNA MEDIDA CAUTELAR Y LECCIONES A EXTRAER PARA NUESTRO PAÍS.

Trump

Poco ha tardado el nuevo Presidente de los Estados Unidos en enfrentarse a su primera acción judicial. Apenas lleva una semana en el cargo y ya ha aprobado varias órdenes ejecutivas, una de las cuales ha sido objeto de impugnación ante un juzgado federal que ha suspendido cautelarmente parte de la normativa cuestionada. Vamos, igualito que lo que ocurre en nuestro país. Ofreceremos un resumen del asunto para, ulteriormente, extraer una serie de lecciones que, como jurista español, me dan auténtica envidia.

I.- ACCIÓN PRESIDENCIAL. El pasado viernes día 27 de enero de 2017, el Presidente de los Estados Unidos firma una Orden Ejecutiva que lleva por título Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States.” Following is the language of that order, as supplied by the White House. Aunque dicha norma carece de una exposición de motivos propiamente dicha, el artículo primero, que lleva por rúbrica “propósitos”, establece las razones por las que se toma dicha medida: “Numerous foreign-born individuals have been convicted or implicated in terrorism-related crimes since September 11, 2001, including foreign nationals who entered the United States after receiving visitor, student, or employment visas, or who entered through the United States refugee resettlement program  […] In order to protect Americans, the United States must ensure that those admitted to this country do not bear hostile attitudes toward it and its founding principles. The United States cannot, and should not, admit those who do not support the Constitution, or those who would place violent ideologies over American law.” (Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, numerosas personas nacidas en otros países han sido condenadas o implicadas en crímenes relacionados con el terrorismo, incluyendo extranjeros que han penetrado en los Estados Unidos tras recibir autorizaciones de residencia, estudios o trabajo, o incluso a través de un programa de asentamiento de refugiados […] En orden a proteger a sus ciudadanos, los Estados Unidos deben asegurar que las personas admitidas en nuestro país no albergan actitudes hostiles hacia el mismo y sus principios fundadores. Los Estados Unidos ni pueden ni deben admitir a quienes no defiendan su constitución, o aquéllos que pretendan situar ideologías violentas sobre la legislación americana). El breve artículo segundo enuncia la política a adoptar por los Estados Unidos: “It is the policy of the United States to protect its citizens from foreign nationals who intend to commit terrorist attacks in the United States; and to prevent the admission of foreign nationals who intend to exploit United States immigration laws for malevolent purposes” (Los Estados Unidos adoptan como política la protección de sus ciudadanos de extranjeros que pretendan cometer ataques terroristas en suelo americano; y evitar la admisión de extranjeros que pretendan utilizar la legislación inmigratoria estadounidense con propósitos malévolos). En los artículos siguientes se concretan y desarrollan las medidas a adoptar, que en síntesis consisten en la restricción de entrada en los Estados Unidos para nacionales de determinados países, autorizando al Secretario de Seguridad Nacional para llevarlas a cabo.

II.- ACCIÓN JUDICIAL. Al día siguiente, el 28 de enero de 2017, Hameed Khalid Darweesh y Haider Sameer Abdulkhaleq impugnan la Orden Ejecutiva presidencial ante el Juzgado Federal de Nueva York. Ese mismo día, la juez Ann M. Donnelly adopta lo que jurídicamente se denomina una injunction, es decir, una suspensión cautelar de parte de la normativa presidencial aprobada. La resolución judicial adoptada en el caso Darweesh v. Trump, que jurídicamente también se denomina order, se caracteriza por su rapidez (adoptada el 28 de enero de 2017, es decir, el mismo día que el asunto entra en el juzgado) y su breve extensión (dos páginas, dado que la tercera únicamente contiene la firma de la juez así como el lugar y fecha de emisión). La misma se limita a verificar que puede causarse un perjuicio irreparable a los demandantes en caso de su expulsión pero, citamos textualmente “There is imminent danger that, absent the stay of removal, there will be substantial and irreparable injury to refugees, visa-holders, and other individuals from nations subject to the January 27, 2017 Executive Order” (Existe el peligro que, en caso de no adoptar la suspensión, exista un daño sustancial e irreparable a los refugiados, poseedores de visados y otros individuos extrabjeros sujetos a la orden ejecutiva de 27 de enero de 2017). Por tanto, se “ordena a los demandados, sus empleados públicos, agentes empleados, abogados y todos los miembros y personas que actúen conjuntamente con los mismos a que, desde la fecha de emisión de esta orden” se abstengan de efectuar las expulsiones de ciudadanos.

III.- LECCIONES QUE SE PUEDEN EXTRAER.

1.- Conviene tener en cuenta, en primer lugar, que a diferencia de lo que ocurre en nuestro país el Presidente goza, hoy en día, de una legitimación popular directa de la que su homólogo español carece. En efecto, aunque al Presidente de los Estados Unidos constitucionalmente lo eligen los compromisarios, es evidente que su legitimación no deriva de la elección por el Congreso, sino del pueblo. Si a ello unimos que en el texto constitucional no se contempla órgano ejecutivo alguno, sino que tan sólo se menciona al Presidente y al Vicepresidente; si tenemos en cuenta que no existe de iure (de facto sí que existe) un órgano colegiado equivalente a nuestro Consejo de Ministros, ello conlleva que las únicas normas jurídicas que puede aprobar el ejecutivo son las denominadas Executive Orders del Presidente. De ahí que su traducción a nuestro país como Decretos deba ser matizada, pues en nuestro país por regla general se entiende como tal la norma aprobada en Consejo de Ministros, aunque existen Reales Decretos del Presidente (previstos en el artículo 24.1.b de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre) si bien tienen un ámbito material muy restringido (básicamente, la organización ministerial).

2.- También conviene retener que la Orden Ejecutiva presidencial se impugna en un órgano judicial sito en la base de la pirámide organizativa: el juzgado federal. No existe una vinculación entre jerarquía administrativa y órgano judicial al que está destinada la impugnación, de tal manera que tanto la acción que cuestione jurídicamente una normativa que aprueben los órganos municipales como las órdenes ejecutivas del presidente e incluso las propias normas con rango de ley se interponen ante los juzgados unipersonales.

3.- Es envidiable no ya el hecho de que se acuerde suspender cautelarmente la ejecución de la orden ejecutiva, sino la celeridad con que la medida se adopta, es decir, el mismo día. Como jurista español, no puedo menos que envidiar la rapidez y la valentía con que los órganos judiciales asumen con total naturalidad la competencia de adoptar tales medidas sin que ello suponga ni menoscabar ni cuestionar las atribuciones constitucionales de los otros poderes. Algo de esto deberían aprender los órganos judiciales españoles, empezando por el mismísimo Tribunal Supremo, bastante cicatero a la hora de adoptar medidas cautelares.

4.- En nada empece la adopción de la medida cautelar al éxito final de la acción. Recuérdese que en el caso de la impugnación judicial de la Patient and Affordable Care Act (normativa que, en guiño a mi admirado José Ramón Chaves, podemos denominar en justicia como la “PACA” estadounidense) fue suspendida cautelarmente en varios juzgados federales, declarada inconstitucional en primera instancia y salvada in extremis por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia National Federation of Independent Bussiness v. Sebelius.

Nota final. Ya he visto cómo algunos medios españoles han criticado a Donald Trump por actuar al margen del Congreso. Conviene recordar que esas mismas voces son las que jaleaban y ensalzaban a Barack Obama cuando en la última fase de su segundo mandato, cuando tenía al Congreso en su contra, amenazó con actuar por cuenta propia utilizando el mismo instrumento que ahora utiliza su sucesor, y cómo nadie se escandalizó porque la actuación de Obama al no aplicar la normativa sobre inmigración suponía negarse a ejecutar una norma de rango legal, es decir, de vulnerar su juramento de acceso al cargo. Pero, por lo que se ve, que lo hiciese Barack Hussein Obama no tenía importancia.

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