LAS NATIONAL INJUNCTIONS EN ACCIONES PRESIDENCIALES SOBRE INMIGRACIÓN: LOS CASOS DE OBAMA Y TRUMP.

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Los últimos días los noticiarios españoles se han hecho eco de una noticia que en principio es susceptible de causar cierto estupor ante el público y los juristas españoles: un juez federal ha adoptado la medida cautelar de suspensión de la Orden Ejecutiva adoptada por el presidente Donald Trump y referida a la inmigración. Quiere ello decir que la decisión del juez excede del ámbito concreto del caso y del territorio de su jurisdicción para afectar a terceros no demandantes ni demandados y extenderse a lo largo del territorio americano. Si un miembro de la comunidad jurídica española quisiese hacerse una idea de lo que supone esa medida y buscar un ejemplo en nuestro ordenamiento jurídico tendría que echar imaginación, pues sería, por ejemplo, equivalente a que un inmigrante a quien se hubiese incoado un procedimiento de expulsión impugnase en vía judicial el acto administrativo cuestionando a la vez la normativa legal, y el juez de lo contencioso-administrativo adoptase como medida cautelar no ya la suspensión del acto, sino la propia suspensión de la normativa legal para todo el territorio español. Inconcebible en el derecho procesal español, pero esa no es la cuestión, sino que el interrogante es otro: ¿Cabe adoptar esa medida en el derecho norteamericano?

La respuesta es que sí, y de hecho tiene una terminología legal específica (national injunctions) y sin ser utilizadas con mucha frecuencia tampoco es extraño su uso. ¿Qué es una national injunction? Pues se trata de una suspensión cautelar de una normativa adoptada por un juzgado federal, pero con la particularidad de que la medida en cuestión trasciende del caso concreto, y afecta a un amplio sector de la población al aplicarse la medida a todo el territorio nacional. ¿Quiere ello decir que la legislación cautelarmente suspendida es contraria al texto constitucional? Ni mucho menos, puesto que la medida cautelar ni en los Estados Unidos ni en España puede entrar a enjuiciar el fondo del asunto; simplemente se trata de valorar si la acción judicial entablada tiene fundamentos sólidos para obtener un pronunciamiento favorable y si la no suspensión puede causar perjuicios de difícil o imposible reparación. Y en este sentido, los jueces federales norteamericanos aun cuando siempre obran con prudencia no les tiembla el pulso a la hora de utilizar esta herramienta procesal. Ya hemos indicado uno de los ejemplos (la suspensión de la orden ejecutiva de Donald Trump relativa a la inmigración), pero podríamos incluso facilitar al lector otro caso también muy reciente donde los órganos judiciales han hecho uso de esta posibilidad y en un supuesto también relativo a la inmigración: la suspensión judicial de las medidas adoptadas por el anterior presidente, Barack Obama, en la que acordaba unilateralmente la inaplicación en determinados supuestos de las leyes sobre inmigración aprobadas por el Congreso, con la finalidad de detener la expulsión de inmigrantes ilegales (lo que no impidió, por cierto, que Obama fuese el mandatario que más inmigrantes ha expulsado del territorio americano). Y es que a finales de 2014 el entonces presidente aprobó la Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents, siendo muy discutible que tuviese jurídicamente competencia para hacerlo, pues en Estados Unidos no existe una potestad reglamentaria otorgada ex constitutione al Presidente, quien depende en cada caso de las habilitaciones concretas para ello; se encontraba, por tanto, a la espera de que se reformase la legislación existente en materia de extranjería, y de hecho en aquéllos momentos se hallaba en tramitación un proyecto de reforma de las leyes de extranjería, hasta el punto que el propio Obama, cuando determinados colectivos le exigían que paralizara las expulsiones, manifestó textualmente: “until Congress passes a new law, then I am constrained in terms of what I am able to do” (Hasta que el Congreso apruebe una nueva ley, tengo limitadas mis facultades de actuación). Finalmente, cuando la reforma fracasa, Obama aprueba ese programa paralizando las expulsiones, en un ejercicio clarísimo no sólo de prevaricación (era consciente que no podía hacerlo, si nos atenemos a sus propias declaraciones), sino de perjurio (al vulnerar el juramento pronunciado en su toma de posesión en su vertiente de “hacer cumplir” las leyes). En febrero de 2015 un juez federal de Texas emite una national injunction frente al programa presidencial, que, tras ser confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, llega al Tribunal Supremo, siendo resuelta definitivamente en el caso United States v. Texas, hecha pública el pasado día 23 de junio de 2016 y que sin duda alguna sorprenderá por su laconismo: “The judgement is affirmed by an equally divided Court” (ante la división del Tribunal, se confirma la resolución impugnada); ello se debe a que, reducido el Tribunal a ocho miembros por el fallecimiento de Scalia, según las normas procesales existentes en caso de empate a votos ello supone automáticamente la confirmación de la sentencia o resolución que se impugna.

La propia naturaleza de las national injunctions es problemática y suscita dudas incluso en la propia doctrina jurídica estadounidense. ¿Hasta qué punto un juez puede adoptar una medida cautelar que afecte a terceros no demandantes ni demandados? Pero, incluso aceptando que pudiera hacerlo, ¿Con qué base jurídica puede un juez federal adoptar una medida cuya aplicación excede de su propio ámbito de competencia y extenderse a todo el territorio nacional? Porque, conviene aclarar al jurista español que en los Estados Unidos no existe el término “competencia” (ni objetiva, ni funcional ni territorial) vinculado a un órgano jurisdiccional, sino que el término clave es jurisdiction, concepto éste que en el argot jurídico estadounidense se refiere tanto a la jurisdicción propiamente dicha como a la competencia. Si algún amable lector está interesado en profundizar sobre las national injunctions, sus orígenes históricos, naturaleza jurídica, fundamentos jurídicos y problemática inherente a las mismas, le recomiendo vivamente la lectura del reciente y magnífico trabajo de Samuel L. Bray titulado Multiple Chancellors: Reforming the national injunction, donde se aborda in extenso el asunto.

Una última cuestión ya estrictamente subjetiva. La prensa española ha dado nueva muestra de su abierta parcialidad en este tema. Ya hemos visto que es posible que un juez federal tome este tipo de medidas y que tiene base jurídica para hacerlo. Pero que quienes ahora aplaudan entusiastas la national injunction frente a una orden ejecutiva adoptada por Donald Trump se mostraran airados y furibundos cuando otro juez echó mano del mismo instrumento jurídico para suspender cautelarmente una actuación de Barack Obama que, además, iba de forma expresa y consciente en contra de la legislación en vigor, lo dice todo.

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