CUANDO EL LENGUAJE JURÍDICO IMPORTA: EL “LIBRO DE ESTILO DE LA JUSTICIA.”

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Eduardo García de Enterría, el inolvidable maestro de administrativistas, dio a su discurso de ingreso en la Real Academia Española el significativo título: La lengua de los derechos. Pues bien, con dicho título en mente bien pudiera haberse titulado la presente entrada La lengua de la Justicia, pues su objetivo no es otro que dar a conocer dos obras que pretenden indubitadamente contribuir a la mejora del lenguaje jurídico. Nos estamos refiriendo al Diccionario del Español Jurídico y al recentísimo Libro de estilo de la Justicia, ambos fruto del convenio de colaboración suscrito entre la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial. Quizá en ello ha tenido y no poco que ver que el Secretario de la primera institución sea precisamente un reputado jurista, Santiago Muñoz Machado.

El Diccionario del Español Jurídico, es un monumental volumen (en tamaño y grosor) que pretende recopilar alfabéticamente los conceptos, términos y vocablos utilizados en el mundo del Derecho. Pero no se detiene en el simple enunciado del concepto, sino que facilita las referencias constitucionales y legislativas así como jurisprudenciales y bibliográficas precisas para que el lector interesado pueda ampliar si lo desea en la significación de la palabra. A partir de ahora sin duda alguna será no sólo de consulta, sino casi de uso obligado este poderosísimo instrumento que ambas instituciones han puesto en manos de los juristas y, pese a que tanto la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial en este punto tengan más auctoritas que potestas, es evidente que se facilitará a partir de este momento que todos los operadores jurídicos puedan contar con una herramienta que facilite su labor, pues a nadie se le escapa que, aun cuando suela olvidarse con frecuencia, en todos los escritos (y los jurídicos no constituyen una excepción) es tan importante la forma como el contenido.

La segunda herramienta que a partir de ahora se integra en el utillaje de los juristas es el Libro de estilo de la Justicia, recién salido al mercado en la última semana del mes de enero. Aun cuando se trata de un volumen mucho más reducido, es complementario del anterior, pues si el Diccionario nos ofrece el significado de las palabras, el Libro de estilo nos adentra en las normas de la semántica y la ortografía ceñidas al mundo jurídico. Es necesario reconocer que su lectura puede, en ocasiones, ser tediosa y difícil (como todas las gramáticas en general), pero con todo es indispensable adentrarse en estas páginas. Y es que, como indica Carlos Lesmes en el prólogo a esta obra, “Hay motivos para celebrar que este compendio de estilo colme con creces los objetivos que perseguía el acuerdo entre ambas instituciones, interesadas en que nuestro lenguaje jurídico alcance la calidad, modernidad, rigor y comprensión que reclama la sociedad del siglo XXI.” Y apenas unas líneas más adelante, el prologuista recuerda que en la ceremonia de apertura del año judicial 2015-2016 puso de manifiesto que “el Tribunal Supremo no puede ser el tribunal invisible, sin rostro, que denuncia Kafka en su conocida obra El proceso; al contrario, sus sentencias han de ser fácilmente comprensibles dada su extraordinaria repercusión y valor pedagógico.” No quiere ello decir que deba prescindirse de los términos y conceptos específicos del argot jurídico, pues: ”el rigor conceptual impedirá que puedan desaparecer del lenguaje jurídico términos tales como prescripción, enfiteusis o interdicto, pero esa tecnificación del léxico no debe estar reñida con la claridad a cuya consecución aspira, precisamente, este Libro de estilo de la Justicia.” Sólo queda comprobar si los Magistrados, Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Abogados y Funcionarios deciden utilizar las herramientas que a su disposición han puesto la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial, aunque en este sentido confieso mi escepticismo cuando no mi visión claramente pesimista.

Salvo honrosísimas excepciones, las sentencias de los juzgados y Tribunales españoles si por algo se caracterizan es por lo amazacotado de su estilo y por la oscuridad en la que en la mayor parte de los casos dejan al atónico lector. Las resoluciones judiciales españolas han optado siempre por un estilo barroco en extremo, por un culteranismo elevado a la enésima potencia pero sin la elegancia y el refinado pulimento que a dicho estilo insuflara el genial poeta cordobés que ejemplificó el mismo. Y si la ampulosidad lingüística de nuestro siglo de oro fue ridiculizada por el Fénix de los Ingenios en sus obras (el personaje del Marqués de Ricardo en la comedia El perro del hortelano es un buen ejemplo de ello; o el soneto Pululando de culto, Claudio amigo, insertado en La Dorotea, que constituye una burla inmisericorde del oscuro estilo culterano) quizá más que un Libro de estilo de la Justicia hubiese sido mucho más conveniente y necesario un Arte nuevo de hacer Sentencias. Aunque, en estricta Justicia, he de reconocer que existen también letrados que no se caracterizan precisamente por utilizar un estilo ágil, sencillo y comprensible y que es de estricta Justicia que se les pague con la misma moneda, por aquello de Allí donde fueres, haz lo que vieres.

Muy difícil es romper viejos hábitos, y ello acentúa aún más mi pesimismo sobre la utilidad de las dos obras anteriormente mencionadas. Argumentarán los jueces y magistrados que bastante tienen con sacar adelante su trabajo como para detenerse en sutilezas lingüísticas o pulir su estilo literario. Quizá no les falte razón, pero entiendo que no es excusa para ello. Y deseo poner un ejemplo para finalizar esta entrada. Se trata de dos resoluciones judiciales de distintos países que abordan un mismo tema: el matrimonio entre personas del mismo sexo. En nuestro país, la Sentencia 198/2012 de 6 de noviembre, del Pleno del Tribunal Constitucional, desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente a la Ley 13/2005 de 1 de julio, de reforma del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Orillando el significativo hecho que el máximo intérprete de la Constitución haya tardado la friolera de siete años en dar solución al tema, si alguien se adentra en la lectura habrá de hacerlo provisto de una buena dosis de paciencia: antecedentes de hecho excesivamente largos (que, además, se vuelven a reproducir en los fundamentos jurídicos) y un lenguaje excesivamente plúmbeo y farragoso. Pues bien, compárese dicha resolución con la sentencia Obergefell v Hodges, hecha pública por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el día 26 de junio de 2015 y que abordaba igualmente el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque en esta ocasión el máximo órgano judicial estadounidense hace un uso excesivo de las florituras estilísticas (debido, fundamentalmente, al ponente de dicha sentencia, Anthony Kennedy, a quien le encantan esos juegos florales) la sentencia es mucho más fácilmente comprensible por el público en general que en el caso español. Quizá porque el Tribunal Supremo norteamericano pretende hacer uso no sólo del Derecho, sino de la Pedagogía, dada la relevancia y el impacto que sus resoluciones suelen tener en la ciudadanía en general, y de ahí que dicho órgano tenga siempre en cuenta no sólo las partes del caso, sino al pueblo en general. Algo que no ocurre en las sentencias del Tribunal Constitucional español (y en este sentido el Supremo no le va a la zaga) quienes parecen regodearse en utilizar un lenguaje que, al igual que los ritos másonicos, estén únicamente al alcance de los iniciados.

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