EL ACUERDO DE 27 DE ENERO DE 2017 DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO RELATIVA AL RECURSO DE CASACIÓN CIVIL: DUDAS SOBRE SU AUTORIDAD E INTERPRETACIÓN.

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha intentado emular a su hermana melliza, la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Lo ha hecho aprobando el Acuerdo de Pleno (no jurisdiccional) 27 de enero de 2017 sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. Dicho Acuerdo se ampara en los artículos 264.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio y en el artículo 483.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Pues bien, en las redes sociales al comentar dicho acuerdo han incidido en el hecho que el Tribunal limita la extensión de los recursos a veinticinco folios. En concreto, el “párrafo fatal” del Acuerdo lo encontramos en el apartado III.3.1, cuyo tenor literal es el siguiente:

En el desarrollo de cada motivo se expondrán, con la necesaria extensión, los fundamentos del mismo (arts. 471 y 481 LEC). Una extensión excesiva, en los términos del apartado III.1, puede ser considerada innecesaria y, en consecuencia, puede dar lugar a la inadmisión del recurso. La sala considera que, por lo general, es suficiente una extensión de veinticinco páginas con interlineado 1,5 y fuente Times New Roman con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas a pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen.

Bien, a este respecto cabe plantearse dos cuestiones. La primera, si la Sala de lo Civil se encuentra autorizada para establecer dicha limitación. La segunda, la interpretación que ha de efectuarse de dicho párrafo.

I.- LA SALA DE LO CIVIL NO ESTÁ AUTORIZADA PARA ESTABLECER UNA EXTENSIÓN MÁXIMA.

En primer lugar, el Acuerdo de la Sala de lo Civil carece de apoyatura jurídica para establecer dicho límite. En efecto, en su Preámbulo se apoya en el artículo 264.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio en la redacción que tiene dicho precepto desde la reforma del año 2015, según la cual: “Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición mayoritaria de sus miembros, convocará Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.” En ningún momento se contiene en dicho precepto una habilitación a la Sala para establecer dicha limitación, sin que pueda sostenerse que la expresión “coordinación de prácticas procesales” avale el imponer un límite en la extensión del recurso.

Existe, además, otro argumento poderoso para dudar de la legalidad de esa medida. Frente a la ausencia de previsión expresa tanto en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio como en la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por el contrario el artículo 87.bis.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducido por la Ley Orgánica 7/2015, sí que contiene una habilitación expresa para que la sala pueda establecer dicha limitación. Y es que el precepto de la ley procesal contencioso-administrativa dispone que: “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.” Aquí sí se contempla expresamente dicha habilitación a la Sala de Gobierno para establecer una extensión máxima, siendo dicho precepto (y no otro) el invocado como título habilitante en el que se ampara el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de veinte de abril de dos mil dieciséis sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala Tercera; ahora bien, dado que el precepto se ubica en la Ley 29/1998 de 13 de julio, únicamente puede efectuarse al amparo de dicha habilitación legal para establecer requisitos tanto formales como de extensión en el orden contencioso-administrativo, pues ni forzando la interpretación legal hasta extremos generosísimos podría entenderse la misma utilizable fuera de dicho orden y aplicable en la jurisdicción civil y/o social.

A mayor abundamiento, tampoco cabría que la Sala de lo Civil inadmitiese un recurso de casación por no cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo del Pleno. Y ello porque artículo 483.2.2º de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en la nueva redacción vigente tras la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, establece que procede la inadmisión del recurso: “Si el escrito de interposición del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley.” Habla de la Ley, y por tanto únicamente puede inadmitirse un escrito si no cumple los requisitos que establece la ley procesal civil, entre los cuales no se incluye ningún límite de extensión.

II.- LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA PERMITE INTERPRETAR QUE EL LÍMITE DE 25 FOLIOS NO SE REFIERE A TODO EL RECURSO, SINO A CADA UNO DE LOS MOTIVOS.

A expensas de lo dispuesto en el punto anterior, y aun cuando a efectos dialécticos admitiésemos que la Sala tiene habilitación legal para establecer dicho límite máximo, cabe una interpretación muy distinta de la efectuada por los medios. Partiendo de la ubicación sistemática del mismo, conviene tener muy en cuenta la rúbrica de los apartados en los que se encuentra situado. En efecto, el apartado 3 del Acuerdo lleva por rúbrica “Requisitos de los recursos”; el III.3 se titula “Requisitos del desarrollo de cada motivo del recurso”, si tenemos en cuenta, además, que la frase inicial del párrafo transcrito habla del “desarrollo de cada motivo”, cabe lícitamente concluir que la limitación de veinticinco páginas no está referida a todo el escrito, sino a cada uno de los motivos. En cuanto que cada motivo puede ocupar un máximo de veinticinco folios, la extensión total del recurso puede ser, lógica y evidentemente, mayor. Sin duda alguna se podrá decir que la interpretación es un tanto “forzada”, pero creo que no lo es menos que la efectuada por la propia Sala a la hora de invocar los títulos habilitantes para efectuar el recorte en la extensión de los recursos.

Dicho lo anterior, una cuestión es que la Sala carezca de habilitación legal para adoptar dicho acuerdo y otra muy distinta que no tenga bastante razón en lo deseable (e incluso más que deseable, necesario) que los letrados no se extiendan innecesariamente, y que efectúen o cuando menos intenten llevar a cabo una labor de síntesis, pues en bastantes ocasiones puede decirse mucho más con menos palabras, y en modo alguno los vocablos “extensión” y “claridad” van cogidos de la mano.

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