HERNÁNDEZ v MESA O EL PEOR CASO EN EL PEOR MOMENTO: MÉXICO v ESTADOS UNIDOS EN LOS TRIBUNALES..

Frontera El Paso - Juárez

Este martes día 21 de febrero de 2017 tendrá lugar la vista oral del caso Hernández v Mesa, cuyo resultado puede contribuir a enturbiar aún más si cabe las ya difíciles relaciones que actualmente existen entre los Estados Unidos y México. Porque dicho pleito ha de resolver si un miembro de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de América, encargado de vigilar la frontera mexicana, puede ser sometido a un proceso para exigirle responsabilidad civil por la muerte a tiros de un adolescente mexicano.

Conviene aclarar al lector que aunque formalmente estamos ante dos ciudades y dos países separados por una frontera, lo cierto es que materialmente se trata de una única ciudad, una especie de gran área metropolitana que por razones históricas se ha repartido entre dos países; quizá nada muestra esa realidad como las imágenes nocturnas (como la que encabeza la presente entrada) donde se ve claramente la división entre ambas zonas. Pues bien, con esa realidad física bien presente, afrontemos los hechos de este delicado asunto.

Los hechos se remontan al 7 de junio de 2010, cuando un grupo de adolescentes pasaban de una zona a otra de la frontera que se sitúa entre las ciudades de El Paso (Estados Unidos) y Juárez (México). Estando en territorio norteamericano, uno de los miembros del servicio de vigilancia americano que se encontraba de patrulla por la zona, llamado Jesús Mesa les da el alto, pero los adolescentes echan a correr hacia la zona mexicana para huir del agente. Todos habían traspasado ya el límite fronterizo y se encontraban en territorio mexicano excepto uno, Sergio Hernández a quien sus compañeros habían adelantado. El agente Jesús Mesa sacó su revólver y disparó, alcanzando al menor y causando la muerte de Hernández. Aquél se encontraba en territorio estadounidense (del que nunca llegó a salir) cuando disparó su arma, mientras que en el momento de ser abatido, Sergio Hernández se encontraba ya en suelo mexicano. Los padres del menor (tenía quince años) de forma inmediata denunciaron un uso abusivo de la fuerza, pero el agente de vigilancia, al defenderse de las imputaciones, demostró que el caso distaba mucho de ser tan sencillo y que los menores podían no ser tan angelicales como al principio se les dibujaba. Porque, en efecto, las autoridades americanas demostraron que habían detenido previamente a Hernández en un par de ocasiones por tráfico de inmigrantes, y que se le había deportado a México precisamente por ser menor de edad. Además, el agente denunciado argumentó que el uso de la fuerza se debía a que todos los menores habían empezado a arrojarle piedras, y que el disparo tuvo lugar mientras varias personas (entre las cuales se encontraba el fallecido) pretendían introducir inmigrantes ilegales en la zona norteamericana, y que el agente fue agredido cuando intentaba detener a un sospechoso. La cuestión se complicó jurídicamente debido a la dualidad jurisdiccional. Los Estados Unidos no podían efectuar investigación alguna, en cuanto el menor no era ciudadano americano y se encontraba en territorio extranjero al ser abatido. Por el contrario, el estado de Chihuahua, en México, inició actuaciones penales frente a Jesús Mesa, solicitando a las autoridades estadounidenses la extradición del mismo, algo que fue rechazado.

Los padres del menor iniciaron un proceso judicial frente al agente fronterizo, interponiendo una demanda en el Juzgado Federal de Texas, argumentando que Jesús Mesa había hecho un uso excesivo de la fuerza y que con ello vulneró la cuarta y la quinta enmienda de la Constitución estadounidense, algo a lo que el demandado se opuso alegando que el menor era un “extranjero sin vínculos voluntarios con los Estados Unidos” y que “se encontraba en Mexico en el momento de ser abatido”. El Juzgado acoge los argumentos de Mesa y rechaza las tesis de los demandantes, al argumentar que la protección constitucional otorgada por la cuarta y la quinta enmienda finaliza en el mismo lugar donde cesa la soberanía estadounidense, y dado que el menor se encontraba en territorio mexicano, no es posible aplicar jurídicamente normas constitucionales americanas en territorio extranjero. Dicha resolución fue apelada y la Sala del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito estima en parte el recurso, argumentando que es posible someter a juicio a Mesa sobre la base de una presunta infracción de la quinta enmienda constitucional (no así la cuarta), utilizando el precedente de Boumedine v. Bush para sortear el problema de la territorialidad. No obstante, un muy dividido Pleno de dicho Tribunal, en una resolución en la que se optó por no reflejar el ponente (es decir, aparece como elaborada per curiam) anula la resolución de la Sala y confirma la tesis del Juzgado Federal estableciendo la imposibilidad de conocer el asunto. Es esta última sentencia la que ha llegado al Tribunal Supremo y cuya vista se celebrará pasado mañana.

Prácticamente desde 1807, cuando Aaron Burr intentó efectuar una razzia en territorio mexicano (entonces aún bajo soberanía española) para empujar a los Estados Unidos a que declarase la guerra a España y tratar de incorporar la vasta extensión de terreno a soberanía norteamericana, han sido muy delicadas las relaciones entre ambos países. Cierto que Aaron Burr tenía motivos ciertamente nada altruistas y que fue sometido a juicio por ello (el presidente Jefferson lo acusó de traición al imputarle nada menos que la intención de secesionar la parte occidental del territorio americano y proclamarse emperador), pero los Estados Unidos no cejaron de tener disputas más o menos larvadas con México. En 1836 un grupo de voluntarios norteamericanos se unieron a los rebeldes que durante trece días mantuvieron a raya al ejército de Santa Ana en el fortín de El Alamo, en la ciudad de San Antonio, sucumbiendo en el ataque final el célebre Davy Crockett. Diez años más tarde ambos países entraron en guerra formal, episodio que en la historiografía estadounidense se denomina precisamente Mexican War y que finalizó con un célebre tratado que sin duda alguna a los lectores de las novelas de El Coyote les sonará familiar: el tratado de Guadalupe-Hidalgo, quedando Texas y la parte norte de California incorporadas a los Estados Unidos, de manera que el Río Grande se convirtió así en la frontera natural de ambas naciones americanas.

Los problemas de inmigración ilegal que sufrían los Estados Unidos llevaron en 1994 al presidente demócrata Bill Clinton a levantar una barrera física entre ambos países (el famoso “muro”). Doce años más tarde, el 26 de octubre de 2006, el presidente republicano George Bush sanciona Act To establish operational control over the international land and maritime borders of the United States, conocida como Secure Fence Act, cuyo texto facilitamos en este enlace. Por cierto, esta norma obtuvo el visto bueno del Senado con 80 votos a favor (54 republicanos y 26 demócratas)  y 19 en contra (1 republicano y 17 demócratas), lo que demuestra que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, no existe la disciplina de partido. Si uno tiene la curiosidad de estudiar uno a uno el voto y la filiación política de cada miembro de la Cámara Alta estadounidense (algo que puede hacer fácilmente en este enlace), sin duda alguna se verá invadido por una creciente perplejidad al comprobar cómo Barack Obama, entonces senador por Illinois, votó favorablemente a la misma, mientras que el otro senador de dicho estado, Richard Durbin, votó en contra; los dos senadores del empire state, los demócratas Hillary Clinton y Chuch Schumer, votaron a favor de la norma; los dos senadores de Delaware, los demócratas Joseph Biden y Thomas Carter, votaron igualmente a favor. John Kerry, senador demócrata por Massachusetts, votó en contra, mientras que el otro senador de dicho estado, el veterano Ted Kennedy, no emitió voto.

La Secure Fence Act es una norma muy breve (cuatro páginas) que aumenta el control de las fronteras, y que acuerda ampliar la construcción del muro fronterizo que había comenzado a levantarse en 1994, y basta para ello una simple lectura de la Sección Tercera, titulada Construction of fencing and security improvements in border aria from Pacific Ocean to Gulf of Mexico. La llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump ha tensado las relaciones entre ambos países, no por el hecho de alzar un muro entre ambos (que, como hemos visto, se había iniciado en 1994 y aumentado su extensión en 2006), ni tan siquiera por terminarlo, sino por el escaso tacto y las continuas baladronadas en el sentido de manifestar una y otra vez que el mismo “iban a pagarlo los mexicanos”, así como por la inaudita grosería de plasmar en las redes sociales que si el Presidente de México (que había anunciado su visita oficial a Estados Unidos) no hablaría sobre el muro y la forma en que iba a pagarlo, “mejor que no fuese“, lo que provocó que el mandatario hispano cancelase la programada visita.

En definitiva, que en momentos de tensión entre dos países fronterizos, cuando sin duda alguna se precisaba una labor de apaciguamiento, llega en el peor momento posible el caso Hernández v. Mesa. Veremos en qué queda.

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