CHAE CHAN PING v UNITED STATES (1889): CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES RESTRICTIVAS DE LA INMIGRACIÓN.

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Esta entrada pretende contar una historia a los lectores del blog que tiene un protagonista relevante (los Estados Unidos) y un objeto específico: las restricciones a la inmigración. Pero no se asusten, no me estoy refiriendo a las polémicas actuaciones llevadas a cabo por el presidente Donald Trump, sino por una legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1888 restringiendo la entrada de inmigrantes chinos, y la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la misma. Como tendrán ocasión de verificar a continuación, la música suena extrañamente familiar, salvo por los nacionales concretos afectados por la restricción migratoria.

El 6 de mayo de 1882, Chester A. Arthur, Presidente de los Estados Unidos, sanciona la Act to execute certain treaty stipulations relating to Chinese, cuya denominación abreviada era Chinese Exclusion Act, y que había sido aprobada por el Congreso tan sólo tres días antes. La Sección primera de dicho texto legal prohibía durante un periodo de diez años la entrada de trabajadores chinos en territorio estadounidense, lo que hacía en los siguientes términos: “That from and after the expiration of ninety days next after the passage of this act, the coming of Chinese laborers to the United States be, and the same is hereby, suspended; and during such suspensión it shall not be lawful for any Chinese laborer to come, or having so come after the expiration of said ninety days, to remain within the United States.”  Quiere ello decir que no sólo se prohibía la entrada de nuevos trabajadores de nacionalidad china una vez transcurrida la vacatio legis de noventa días expresamente fijada en la ley, aunque la sección segunda excluía del ámbito de aplicación a quienes ya se encontraran en territorio estadounidense con anterioridad al 17 de noviembre de 1880. El texto legal establecía sanciones para el caso de incumplimiento, estableciendo como sujeto activo del delito a los propietarios de los navíos que, voluntaria y conscientemente, facilitasen el desembarco de inmigrantes chinos en el territorio americano, siendo la pena a aplicar tanto económica (quinientos dólares por cada inmigrante chino introducido) como de cárcel (hasta un año de prisión). La Chinese Exclusion Act fue modificada el 1 de octubre de 1888 con la aprobación de la An act a supplement to an act entitled “An act to execute certain treaty stipulations relating to Chinese,” approved the sixth day of May eighteen hundred and eighty-two (popularmente conocida como Scott Act al ser el fruto de la iniciativa de William Laurence Scott) que endurecía aún más si cabe las previsiones de la norma legal modificada. Nos llevaría mucho tiempo adentrarnos en el contexto histórico del asunto, pero baste decir que la fiebre del oro desatada a partir de 1848 llevó al oeste americano no sólo a colonos procedentes del este, sino a inmigrantes de otros países, siendo la colonia más numerosa la procedente de China.

Chae Chang Ping era un nacional chino residente en San Francisco y trabajador en dicha ciudad desde el año 1875 hasta el día 2 de junio de 1887, fecha esta última en la que salió de territorio estadounidense para hacer una visita a sus familiares residentes en China, lo que hizo tras obtener del encargado de aduanas del puerto de San Francisco un visado que le permitiría regresar a territorio americano. El 7 de septiembre de 1888, Ping decide regresar y se embarca en el vapor Belgic, que atraca en el puerto de San Francisco el día 8 de octubre de 1888. Dado que las autoridades no le permiten el desembarco amparándose en la recién aprobada Scott Act, el capitán del navío, se ve en la obligación de retenerlo a bordo para no incumplir las previsiones legales. Ping interpone una solicitud de habeas corpus ante el Tribunal de Circuito del Distrito Norte de California, solicitando su inmediata liberación y que se le permita la entrada en territorio americano. El capitán accede a que Ping acuda personalmente al Tribunal, que rechaza su solicitud. Disconforme con el resultado, Ping apela la sentencia ante el Tribunal Supremo (aún no se había aprobado la reforma procesal de 1891, por lo que el acceso al Tribunal Supremo se hacía vía apelación ordinaria), cuestionando la validez de la Scott Act.

El 13 de mayo de 1889 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia en el caso Chae Chan Ping v. United States, de la que fue ponente el juez Stephen Field y que logró el apoyo unánime de sus colegas. Cabe señalar que Stephen Field había sido abogado en California, para ulteriormente acceder al puesto de Presidente del Tribunal Supremo de dicho estado, para finalmente acabar como juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Conocía, pues, perfectamente el territorio y la problemática, y en su época de juez en California no le había temblado el pulso a la hora de anular por inconstitucional una normativa aprobada por la ciudad de Los Ángeles, gravemente discriminatoria para la población china. Sin embargo, en esta ocasión Field rechaza la apelación de Ping y confirma la sentencia de instancia. Tras hacer una síntesis de las relaciones y tratados suscritos entre los Estados Unidos y China, Field enuncia un principio jurídico esencial en el que basa su argumentación: entre las facultades de la soberanía se encuentra la libérrima potestad de las autoridades constituidas para restringir la entrada de inmigrantes siempre que, a juicio de dichos poderes juzguen que los intereses del estado lo hacen necesario, y dado que se trata de una decisión de naturaleza estrictamente política, no corresponde su enjuiciamiento a los Tribunales. En efecto, es un punto éste en el que insiste hasta en dos ocasiones. La primera, para indicar que “La potestad del Estado para restringir la entrada de inmigrantes en el territorio siempre que, a su juicio, se considere una medida necesaria, ha sido afirmada en diversas ocasiones y jamás cuestionada por las ramas legislativa y ejecutiva.” A continuación reitera de nuevo ese principio general que aplica al caso concreto enjuiciado: “The power of exclusion of foreigners being an incident of sovereignty belonging to the government of the United States as a part of those sovereign powers delegated by the constitution, the right to its exercise at any time when, in the judgment of the government, the interests of the country require it, cannot be granted away or restrained on behalf of any one. The powers of government are delegated in trust to the United States, and are incapable of transfer to any other parties. They cannot be abandoned or surrendered. Nor can their exercise be hampered, when needed for the public good, by any considerations of private interest. The exercise of these public trusts is not the subject of barter or contract. Whatever license, therefore, Chinese laborers may have obtained, previous to the act of October 1, 1888, to return to the United States after their departure, is held at the will of the government, revocable at any time, at its pleasure. Whether a proper consideration by our government of its previous laws, or a proper respect for the nation whose subjects are affected by its action, ought to have qualified its inhibition, and made it applicable only to persons departing from the country after the passage of the act, are not questions for judicial determination. If there be any just ground of complaint on the part of China, it must be made to the political department of our government, which is alone competent to act upon the subject.

Como puede verse, la situación de 1889 es casi idéntica a la que casi ciento treinta años después tanta polémica está desatando no sólo en los Estados Unidos, sino a lo largo y ancho del orbe.

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