CUANDO LA ADMINISTRACIÓN ES DERROTADA EN EL PLEITO PERO GANA EN LA REALIDAD: DERRIBAR ILÍCITAMENTE EDIFICACIONES NO GENERA RESPONSABILIDAD.

derribo

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no siempre quien es procesalmente vencedor lo es igualmente en la vida real, dado que puede ocurrir, y en muchas ocasiones sucede, que una maravillosa sentencia que da la razón al particular y desautoriza jurídicamente al ente público en ocasiones queda desvirtuada en la práctica porque la Administración, gracias al uso abusivo del privilegio de autotutela, incomprensiblemente tolerado por los órganos judiciales, se ha salido con la suya, y al particular no le queda otra cosa que intentar consolarse por su victoria menos que pírrica.

Viene esto a raíz de un supuesto que viene a demostrar en toda su crudeza la insuficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y que deja patente la enorme desventaja en que se mueve el particular. Porque, pregúntense ustedes ¿De qué sirve una sentencia estimatoria que anula una declaración de ruina cuando el inmueble en cuestión ya ha sido demolido por el Ayuntamiento? ¿Debe responder en estos casos la Administración por ese derribo prematuro? Pues, si la respuesta al primer interrogante es “nada”, la contestación al segundo es “no”. Veámoslo.

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo dicta Resolución 42/2008 de 23 de abril, declarando en ruina un edificio sito en Cóbreces. En el seno del procedimiento contencioso-administrativo tendente a enjuiciar la legalidad del acto declaratorio de ruina, además de los informes de los dos técnicos municipales (no ratificados en sede judicial), se presentan dos informes, el primero de un perito de parte, y el otro de un perito judicial, ambos coincidentes y ratificados el juicio. Y así la Sentencia de 22 de junio de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Cantabria estima parcialmente el recurso anulando la resolución administrativa, por considerar que el inmueble no podía ser considerado jurídicamente como ruinoso. Para ello, se basa fundamentalmente en el informe del perito judicial, por lo detallado de su informe “más que los otros examinados”. Pero hete aquí que el Ayuntamiento ya había ejecutado el acto, es decir, derribado el inmueble, por lo que la Sentencia era ya de imposible cumplimiento. No obstante, el ente local apela la sentencia, esgrimiendo dos argumentos que no pueden ser sino considerados una inmensa falta de respeto. En primer lugar, considera que el juzgado debió prescindir de los dos informes periciales ratificados en juicio, y debía primar los de la Administración por ser “más imparcial” (sic), lo cual supone una gravísima falta de respeto al perito judicial, cuyo informe no puede ser calificado de parte y cuya independencia, por tanto, se está cuestionando sin el más mínimo rubor. Pero además, el Ayuntamiento llega al escarnio de impugnar la prueba pericial aportada por el demandante con el argumento (que ni en el más generoso de los supuestos puede considerarse de otra manera que como una burla siniestra hacia el ciudadano a quien habían avasallado) que “ni siquiera visitó el edificio ya que estaba demolido cuando efectuó el informe” (sic). La Sentencia 203/2012 de 18 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada en recurso número 349/2011 (ES:TSJCANT:2012:520) desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de instancia. Tenemos pues a un ciudadano a quien jurídicamente se le ha dado la razón al haber sido anulada la resolución que declaraba su inmueble en ruina, pero a quien en la práctica poco servirá, dado que había visto cómo la todopoderosa Administración, con la inexcusable complicidad del poder judicial, se había apresurado a hacer uso de sus potestades de autotutela para derribar el meritado inmueble.

Ante ello, el particular afectado decide solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. Por supuesto, la Administración no contesta, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Cantabria estima parcialmente el recurso y aprecia dicha responsabilidad. Dicho recurso de apelación es resuelto por la Sentencia de 15 de enero de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada en recurso número 189/2015 (ES:TSJCANT:2016:118), que debería figurar en las antologías como ejemplo de lo que ni jurídica ni materialmente debe ser una resolución judicial. Porque dicha sentencia anula la resolución de instancia y deniega la responsabilidad del Ayuntamiento. Atención al razonamiento de la Sala, que no tiene desperdicio:

No se trata, por ende, de considerar conforme a Derecho un acto que una sentencia ya anulado de modo firme por su contradicción con el Ordenamiento. Sino de ver si la Administración, al dictar el acto, actuó dentro de los márgenes de razonabilidad, sin poder prever un futuro pronunciamiento judicial que declarara la ilegalidad de aquél.  Y, por ello, contrariamente a los que hace la sentencia recurrida, no hay que pararse en el análisis fáctico y jurídico que se realizó en la sentencia anulatoria ni descartar la razonabilidad del actuar de la Administración en razón de la contundencia y solidez con que el juzgador fundó la conclusión de ilegalidad del acto, pues no se trata de volver sobre lo que ya está decidido judicialmente (la disconformidad a Derecho del acto administrativo), sino de determinar la razonabilidad del actuar administrativo; y, a tal fin, debemos retrotraernos al momento en que el acto se dictó, obviando lo actuado y juzgado en el proceso judicial que culminó con la sentencia anulatoria.

En otras palabras, para la Sala hay que prescindir de la sentencia anulatoria, por lo que debe verificarse “la razonabilidad del actuar administrativo”, y para ello ha de “obviarse lo actuado y juzgado en el proceso judicial que culminó con la sentencia anulatoria”. Y ello lo hace la Sala para tratar de “puentear” el varapalo que se propinó a los informes técnicos municipales en sede judicial. ¿Y qué hace la Sala? Pues un ejercicio de cinismo tal que sonroja hasta el lego: retrotraernos al momento en que se dicta la resolución obviando lo ulterior, y como en esa fecha no existían más que dos informes municipales, pues la actuación administrativa era objetivamente “razonable”.

Como jurista, me cuesta sinceramente pensar que tres magistrados se han reunido a perpetrar esta auténtica burla hacia el ciudadano, hacia el derecho de propiedad y hacia el ordenamiento jurídico. Porque, de sostenerse el acierto de esta tesis y verificar su adecuación a Derecho, cabe plantearse lo siguiente:

Primero.- ¿Qué eficacia práctica tiene la jurisdicción contencioso-administrativa en particular y el Derecho administrativo en general como ordenamiento tendente a equilibrar los privilegios de la Administración y las garantías del ciudadano? Porque, en efecto, si un particular obtiene un triunfo en sede judicial pero en la práctica la parte derrotada ha salido vencedora, el obtener unos cuantos folios que le permitan hacer valer su tesis como correcta en nada le servirá para satisfacer sus pretensiones, en tanto en cuanto lo que desea el particular es ello tenga consecuencias prácticas. Y en la práctica, lo que consagra esta lamentable resolución judicial no es más que la ley del más fuerte.

Segundo.- ¿Cómo es posible prescindir de una resolución judicial anulatoria de un actuar administrativo para verificar la “razonabilidad” o no de la misma? El ardid utilizado por la Sala es tan absolutamente parcial y sonrojante que la Sala no se da cuenta que, en el fondo, está desautorizando la primera resolución judicial, aunque no lo diga explícitamente.

Como ya indiqué en un post anterior, William Rehnquist (un excelente jurista, número uno de su promoción en la Universidad de Stanford, juez y con posterioridad Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos) manifestó en su día que: “un buen juez debe en todo momento estar dispuesto a interrumpir a un letrado y decirle ´su argumento es perfectamente lógico pero el resultado al que llega me parece absurdo”. Pues bien, si aplicamos dicho criterio, ninguno de los tres magistrados que han perpetrado la nefasta sentencia comentada podría en propiedad ser calificado como “buen juez”.

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