INICIO DEL PROCESO DE CONFIRMACIÓN SENATORIAL DE NEIL GORSUCH PARA JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO. CUANDO EL CANDIDATO POSEE EL “GOLD STANDARD”

Neil-Gorsuch

En una entrevista bastante reciente, el actual chief justice John Roberts mostraba su preocupación por el hecho de que, en los últimos procesos de ratificación senatorial de candidatos a ocupar un puesto de juez del Tribunal Supremo, la votación siguiese una línea estrictamente partidista, orillando valorar la cualificación profesional. Con ello, Roberts pretende dar la voz de alerta ante lo que podríamos denominar “hispanización” del procedimiento selectivo, es decir, la politización extrema de la judicatura. Un buen ejemplo de esa tendencia lo ofrece Jeffrey Toobin en su libro The Oath. Cuando tras el fallecimiento de William Rehnquist, el presidente George W. Bush propone a John Roberts como sucesor, el por entonces senador Barack Obama no formuló objeción alguna en cuanto a la adecuación de Roberts para el cargo. Éste no sólo procedía de la facultad de derecho de Harvard (al igual que Obama), sino que tenía un impecable currículum académico y un impresionante historial, siendo además uno de los mejores abogados que había ejercido ante el Tribunal Supremo, a lo que añadía un carácter sumamente abierto y simpático capaz de atraerse incluso a potenciales adversarios. Tan es así, que según indica Toobin la intención del senador por Illinois era votar favorablemente a Roberts, pero sus asesores políticos le disuadieron de hacerlo con un poderosísimo argumento: votar “sí” a un candidato propuesto por George W. Bush podría minar las posibilidades de Obama a la hora de luchar por la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2008, por muy intachables que fuesen los méritos de Roberts. Y así, por ese motivo, el siniestro Obama votó en contra.

Esta semana se inicia en el Comité Judicial del Senado el procedimiento de confirmación de Neil Gorsuch para cubrir la vacante que en el Tribunal Supremo ocasionara el fallecimiento de Antonin Scalia hace más de un año. Sin perjuicio de que en nuestra próxima entrada desgranaremos las fases que integran el procedimiento de designación de un juez federal, adelantaremos que uno de los informes que suele tener bastante peso es el de la American Bar Association, es decir, la organización que engloba a la profesión letrada. La evaluación no es, ni mucho menos, un “paseo militar” para el candidato, que ve diseccionada su trayectoria pública en el mundo del Derecho y es sometido a un exhaustivo proceso de análisis objetivo que desgrana punto por punto no sólo su trayectoria jurídica, sino incluso la integridad profesional del aspirante a juez. Pues bien, en el caso de Gorsuch la valoración que de forma unánime ha otorgado la American Bar Association es la de “well qualified”, es decir, la máxima posible. Tan es así, que como se indica en una entrada que obra en el imprescincible Supreme Court of the United States Blog, ha llegado a denominarse al informe positivo de la American Bar como el “gold standard.” Ello hace francamente difícil, por no decir imposible, cuestionar su idoneidad para el cargo, de ahí que seguramente la principal oposición venga por otro flanco: el político.

Evidentemente, sería inútil negarlo, todo nombramiento que se hace para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo tiene un componente político, y es así desde que el presidente John Adams, en sus últimas semanas en el cargo, nombrara a John Marshall como chief justice. Tal politización puede, obviamente, acentuarse, y en este sentido tanto demócratas como republicanos aceptan el hecho como natural. Es evidente que el demócrata Franklin D. Roosevelt pretendió, con su prerrogativa de designación de jueces federales, reorientar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en un sentido más favorable a su política de New Deal, algo que finalmente logró. Es también evidente que el republicano Richard Nixon llegó a convertir en uno de los principales ejes de su campaña electoral el rectificar los excesos jurisprudenciales de la era Warren, y sin perjuicio de que tuvo la posibilidad de efectuar cuatro nombramientos, no logró su objetivo final. Es también claro y manifiesto que tanto en Estados Unidos como en cualquier país del mundo cualquier juez tiene su filosofía jurídica y sus inclinaciones personales. Y es evidente que no es mejor juez quien se recluye en su despacho aislándose de la sociedad en aras de esgrimir una mala entendida imagen de independencia judicial. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra (por citar dos países de los que nadie podrá dudar de la excelencia de su judicatura) los magistrados no rehúyen expresar su opinión sobre la calidad técnica de las leyes, incluso en entrevistas y debates televisivos. Hemos visto a dos jueces de Tribunal Supremo, Stephen Breyer y el fallecido Antonin Scalia, debatir amigablemente sus puntos de vista acerca de la interpretación judicial de las leyes. Hemos visto al propio chief justice en múltiples entrevistas, encuentros, e incluso en publicaciones expresarse sobre cuestiones legales. Es una experiencia no sólo enriquecedora, sino que contribuye a que los jueces tomen contacto con la realidad y “pisen el suelo”.

Con todo, si algo es de admirar en este punto es la seriedad y rigor de los procedimientos que tienen lugar en el Comité Judicial del Senado. Y dado que en los denominados hearings, los senadores que integran el Comité bombardean literalmente al candidato con preguntas de la más variada índole, es evidente que cualquier persona con un mínimo de interés puede, simplemente observando dichos procedimientos, hacerse una idea de ante qué tipo de profesional nos encontramos. Qué diferencia en este punto con las ramplones y mediocres comparecencias que tienen lugar en nuestro país, donde los candidatos propuestos únicamente acuden a recibir el placet de los diputados sometidos al mandato imperativo de sus jefes, que en la intimidad de las covachuelas o ante un más o menos copioso refrigerio han pactado su cuota de alta judicatura.

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