EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE JUECES FEDERALES ESTADOUNIDENSES (II)

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En esta entrada continuamos el análisis, iniciado en la anterior, del procedimiento a seguir para la selección de jueces federales en Estados Unidos. Si en la anterior exponíamos una introducción general y analizábamos la fase pre-procedimental y el inicio stricto sensu con la nominación, continuaremos con las últimas fases del iter selectivo.

I.- DESIGNACIÓN, CON EL “AVISO Y CONSENTIMIENTO” DEL SENADO.

A la hora de elaborar el texto constitucional, los founding fathers introdujeron esta cláusula del “advise and consent” senatorial sin tener una idea muy clara de en qué había de consistir la misma. Entiéndase bien lo que queremos decir: que el Senado había de intervenir y otorgar su conformidad a los nombramientos tanto de empleados públicos como de jueces federales que hiciera el Presidente, era algo sobre lo que no podía albergarse duda. Pero cómo había de hacerlo y el procedimiento a seguir estaba muy lejos de ser algo definido. Y, precisamente por ello, esta es una de las fases en las que se ha producido una mutación más severa respecto de los momentos fundacionales de los Estados Unidos.

Si uno tiene la curiosidad de sumergirse en los interesantísimos documentos oficiales de la primera etapa histórica de los Estados Unidos, y en concreto respecto a los primeros nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo, quien pase su mirada por los mismos comprobará que el “advise and consent” suponía un simple asentimiento o rechazo al nombre remitido por el Presidente. En otras palabras, que no había comparecencia alguna de los candidatos, ni investigación o análisis del currículum académico o profesional de la persona cuyo nombre se sometía a la consideración de la Cámara Alta. El Senado limitaba sus funciones a registrar el nombramiento del Presidente y a someter a votación el mismo, limitando la votación a la pregunta de si la Cámara debía otorgar el visto bueno al candidato propuesto. Y la situación permaneció sin variación alguna hasta finales del primer tercio del siglo XX.

1.1 Procedimiento en el Comité Judicial del Senado.

En 1816 se creó el United States Senate Committee on the Judiciary, popularmente conocido como Senate Judiciary Committee. Ese comité interno es el responsable desde 1925 de efectuar lo que se denomina confirmation hearings, es decir, audiencias de confirmación, y en las cuales los miembros de dicho comité someten a un exhaustivo interrogatorio al candidato propuesto, preguntándole sobre lo humano y lo divino. El primer juez sometido a estos confirmation hearings fue Harlan Fisk Stone en 1925. Desde la década de los noventa, los confirmation hearing son televisados e incluso hoy en día se encuentran accesibles en la página web del Comité Judicial del Senado, tanto en formato audiovisual como en transcripciones. Quien desee echar un vistazo a los procedimientos de confirmación de jueces federales puede hacerlo en la siguiente enlace: procedimientos senatoriales de confirmación de jueces.

Quien piense que este procedimiento en el Comité Judicial es poco menos que una formalidad, está en un craso error y quizá haya modelado esta creencias sobre la burla siniestra (más bien grotesca parodia) de las “comparecencias” existentes en nuestro país, que sólo con una generosidad sin límites rayana en la más pura ingenuidad permite otorgarles tal nombre. Durante los últimos treinta años, el juez que menos tiempo ha consumido ante el Comité Judicial del Senado fue Anthony Kennedy, cuyo interrogatorio por los distintos senadores que formaban parte de dicho comité ocupó “solamente” once horas. El resto de jueces no bajaron de las dos decenas, y en algunos casos llegaron hasta tres. El juez es preguntado por sus orientaciones jurídicas, por sus criterios sobre el precedente, por sus opiniones sobre el aborto y el caso Roe v. Wade, e incluso sobre sus creencias religiosas (fundamentalmente en el caso de Kennedy y Roberts, dado que ambos son católicos y no protestantes). A la juez Elena Kagan llegaron a preguntarle incluso si una ley del Congreso que obligase a todo ciudadano a comer un determinado número de vegetales era o no constitucional.

Pero junto con el examen personal del candidato, existe numerosa documentación adicional que pasa a engrosar el expediente de designación. Así, por ejemplo, el informe de la American Bar Association, testificales de personas que han tenido relación profesional con el candidato propuesto, etc. Como una imagen vale más que mil palabras, ofrecemos al lector interesado las actas del Comité Judicial del Senado relativas a la confirmación del actual chief justice John Robert, que ocupan “únicamente” mil doscientas treinta y seis nutridas páginas, en el siguiente enlace: chief justice Roberts confirmation hearings. En las mismas aparece totalmente desgranado el perfil de Roberts. ¿Cabe mayor ejercicio de transparencia que éste, donde toda la vida profesional (e incluso hasta la personal) es absolutametne pública y accesible? Basta un somero y simple vistazo para verificar la gigantesca distancia que separa las ratificaciones legislativas en los Estados Unidos y en España, cien mil veces superior a la distancia física entre ambas naciones.

Indicar, por último, que el candidato no tiene por qué contestar a todas las preguntas, pues está legitimado para contestar con evasivas, generalidades o incluso no contestar. Por ejemplo, Robert Bork tuvo la “ingenuidad” de contestar honestamente a todas las preguntas que se le hicieron, mientras que, por ejemplo, Ruth Bader Gisburn fue la que inició lo que hoy en día se conoce coloquialmente como Gisburn style, consistente en guardar silencio o responder de forma evasiva a las preguntas más comprometidas. E incluso puede ocurrir que a lo largo del procedimiento surjan cuestiones que pueden suponer un inconveniente cuando no un claro obstáculo para el candidato. Así, por ejemplo, en los hearings de William Rehnquist surgió un informe que éste había elaborado en 1953 siendo law clerk del juez Robert H Jackson, y en el cual defendía mantener la doctrina Plessy v. Fergusson (es decir, mantener la segregación racial) cuando la vigencia de la misma era cuestionada en el célebre caso Brown v. Board of Education of Topeka. Rehnquist sostuvo que en el informe defendía no sus propios puntos de vista, sino los de Jackson, para quien trabajaba entonces, algo que parecía evidentemente cierto, pues la postura inicial de Jackson así como el de varios otros jueces del Tribunal era inicialmente contraria a revocar la doctrina Plessy. En otros casos, el asunto puede ser de índole más delicada, como ocurrió en el caso de Clarence Thomas, donde a lo largo de los procedimientos salió a la luz pública el denominado affaire Anita Hill, una antigua secretaria de Thomas que acusó a éste de haber abusado sexualmente de ella.

Una vez finalizado el procedimiento en el Comité, éste eleva la propuesta al Senado para que tenga lugar la votación final en el Pleno de la Cámara.

1.2 Ratificación por el Pleno de la Cámara.

Una vez finalizado el examen en el Comité, éste eleva el nombramiento al Pleno para que tenga lugar la votación final sobre el asunto. Durante los últimos treinta años, todos los candidatos han superado el trámite con dos excepciones. En 1987 Ronald Reagan vio cómo el Senado rechazaba a Robert Bork, debido entre otras cosas a la brutal campaña en su contra iniciada por el senador Edward Kennedy. En 2016 el Senado rehusó siquiera tomar en consideración la propuesta de Merrick Garland, remitida por Obama, para cubrir la vacante de Antonin Scalia. Ahora bien, no se trata de dos casos idénticos, pues en el primer caso estamos ante un rechazo expreso de la Cámara, mientras que en la segunda no es una negativa explícita, sino un boicot expreso (que en terminología política estadounidense se denomina filibustering) en virtud del cual el Senado se negó a fijar siquiera fechas para iniciar el procedimiento de confirmación.

Como dato curioso, el primer candidato que sufrió un rechazo senatorial fue John Rutledge. Éste había sido uno de los seis jueces que integraron el primer Tribunal, pero en 1791 dimitió de su cargo para desempeñar la Presidencia del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, su estado natal. Aunque no quedan explícitas las razones de su renuncia, todo parece indicar que aspiraba al cargo de chief justice, dado que se consideraba con bastante más experiencia jurídica que John Jay. Cuando éste dimitió en 1795 de la Presidencia del Tribunal Supremo para ser elegido Gobernador de Nueva York, Rutledge dirigió una carta a Washington postulándose para el cargo, y el presidente aceptó efectuando un nombramiento temporal (recess appointment), dado que había finalizado el periodo de sesiones de la Cámara Alta. No obstante, cuando ésta se reunió de nuevo y hubo de pronunciarse, rechazó al candidato. En la negativa influyeron las incendiarias manifestaciones de Rutledge en contra de la ratificación del tratado de paz con Gran Bretaña (conocido popularmente como Tratado Jay debido a que fue éste precisamente quien lo negoció), llegando hasta el punto de manifestar explícitamente que “con todo el aprecio que tengo al Presidente, sería preferible su muerte a que firmase el Tratado”. También empezaron a surgir rumores sobre su estado de salud mental, que algún fundamento debían tener por cuanto al verse rechazado intentó cometer suicidio, y pasó sus últimos años privado de la razón.

En todo caso, y a lo que a estos efectos interesa, es que una vez el Senado otorga el visto bueno, el candidato ha dejado de serlo para convertirse ya en juez federal al haber superado todos los trámites, salvo uno de índole estrictamente formal.

II.- NOMBRAMIENTO Y JURA O PROMESA.

2.1 Nombramiento stricto sensu.

En este sentido, para hablar del nombramiento, nada mejor que otorgar la palabra al chief justice John Marshall y a su magnífica explicación sobre el particular plasmada en la sentencia Marbury v. Madison: “En este caso, por ello, designación y acta de nombramiento aparecen como inseparables, siendo imposible demostrar una designación si no es mediante el acta de nombramiento, aunque el acta de nombramiento no sea la designación en sí misma, sino sólo el medio mediante el cual ésta se exterioriza y acredita.”

Quiere ello decir que el nombramiento no es más que el acto presidencial, al que se estampa el sello de los Estados Unidos, en el que se constata que el Senado ha dado el visto bueno a la candidatura y que, por tanto, acredita que la persona designada ha superado el procedimiento de selección. Como tal, se trata de un requisito ad solemnitatem, y es un acto debido, es decir, reglado, donde el Presidente carece de todo tipo de discrecionalidad. Como tal, ha de entregarlo al interesado.

2.2 Prestar el juramento o promesa.

El último de los trámites, éste impuesto por la propia Constitución, es del prestar el juramento o promesa. ¿Se trata de una simple formalidad o es un requisito o fase más de los que jalonan el procedimiento? La respuesta no es tan sencilla y admite dudas. En el año 2008 el Presidente Barack Obama, que había prestado el juramento en público, pero de forma irregular (hubo un pequeño error y la fórmula adoptada no era exactamente la misma que la que figuraba en la Constitución), no dudó en prestar un segundo juramento para despejar cualquier duda al respecto, hecho que efectuó precisamente porque sus asesores le indicaron que jurídicamente existían dudas sobre si un juramento prestado de forma errónea era o no invalidante. Y buena prueba de la importancia que se atribuye lo ofrece un dato. En 1991, cuando por estrechísimo margen el Senado otorgó finalmente el placet a Clarence Thomas en plena ebullición del asunto Anita Hill, el presidente George H.W. Bush se vio en una penosa obligación: acelerar la jura, para lo cual hubo de solicitar del chief justice William H. Rehnquist, que en esos mismos días acababa de perder a su esposa (fallecida víctima de un cáncer) y se encontraba en pleno duelo, para que tomase el juramento a Thomas.

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