LA JURISDICCION FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS (I): REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.

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Uno de los rasgos característicos del sistema judicial norteamericano es la dualidad de jurisdicciones, entendiendo por tal no la división en órdenes jurisdiccionales por materias, sino en cuanto a sistema orgánico completo. Por un lado existe la jurisdicción federal y, por otro, las distintas jurisdicciones estatales, lo que implica que en cada unidad estatal conviven dos sistemas orgánicos distintos. Pongamos un ejemplo. El estado de Nueva York tiene sus propios tribunales que se regulan y rigen por la legislación estatal; pero en el mismo territorio coexisten órganos del poder judicial federal, creados al amparo de la legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Ambos órdenes han de mantener una coexistencia que no siempre fue todo lo pacífica que debiera, pero que en todo caso tras casi dos siglos y medio de historia han aprendido a respetarse mutuamente.

En la presente entrada y en la siguiente abordaremos el origen histórico de la jurisdicción federal estadounidense.

I.- ANTECEDENTES: EL SISTEMA CONFEDERAL.

Contra lo que muchos creen hoy en día, los Estados Unidos como tales no nacen en 1789, con la entrada en vigor del texto constitucional, y ni tan siquiera el 17 de septiembre de 1787, que es cuando se aprueba la Constitución aún vigente hoy en día. Los Estados Unidos como tales nacieron un poco antes, el 1 de marzo de 1781, cuando entran en vigor los Articles of Confederation and Perpetual Union, tratado que ratifican las trece colonias que el 4 de julio de 1776 disolvieron los vínculos con Gran Bretaña para declararse estados soberanos. En realidad, los Artículos de la Confederación se redactaron y aprobaron en noviembre de 1777, y pese a que en febrero de 1779 ya los habían ratificado doce de los trece estados, hubo que esperar hasta el mes de febrero de 1781 para que Maryland, estado que se había resistido a dar su beneplácito al tratado, aceptase el mismo.

Los Artículos de la Confederación no crea una entidad soberana y supra estatal, sino que parte del principio esencial de soberanía de los estados. En su artículo uno establece que: “The stile of this confederacy shall be ‘The United States of America” (La confederación se denominará “Los Estados Unidos de América”) y declara expresamente su naturaleza y fines: “The said States hereby severally enter into a firm league of friendship with each other, for their common defense, the security of their liberties, and their mutual and general welfare, binding themselves to assist each other, against all force offered to, or attacks made upon them, or any of them, on account of religion, sovereignty, trade, or any other pretense whatever.” Se trataba, por tanto, de una simple alianza defensiva, pero donde cada estado retenía con carácter absoluto su soberanía. De hecho, el único órgano que contemplaban los Artículos de la Confederación era un Congreso Confederal donde se encontraban representados los distintos estados, y donde cada representación estatal tenía un único voto, lo que obligaba a sus miembros a ponerse de acuerdo. No se contemplaba ni un poder ejecutivo ni judicial, de ahí que el Congreso para hacer efectivas sus previsiones dependiese de la buena voluntad de los estados, que serían los encargados de llevar a efecto su cumplimiento. Pese a todo, y debido a la ineficacia del funcionamiento del Congreso en determinadas materias, se crearon órganos unipersonales encargados de la gestión de asuntos que precisaren una actividad continua, y de ahí la aparición de la Superintendencia de Finanzas (encargada de los asuntos financieros) y de la Secretaría de Asuntos Exteriores (que tenía a su cargo las relaciones diplomáticas).

Los distintos estados tienen un poder judicial propio, que en realidad no era más que el antiguo sistema de tribunales ingleses existentes en la colonia adaptado a la nueva realidad, pero que seguían aplicando los principios del common law y los usos procesales ingleses. Como mucho, algunas constituciones estatales crean lo que se denomina Council of Revision (Consejo de Revisión) integrado por miembros del poder ejecutivo y del judicial, y que sería el encargado de examinar la constitucionalidad de las leyes (y de vetarlas en el caso de que considerasen que sus previsiones contravenían la norma fundamental) así como dar el visto bueno a los nombramientos del Gobernador. La Constitución de Nueva York, cuyo borrador fue redactado por John Jay y que tras el oportuno debate y enmiendas se aprobó finalmente el 19 de abril de 1777, recogía dicha institución.

Tras la firma del Tratado de Paz de París en 1783, la crisis del sistema confederal empezó a ser evidente. Los Estados se negaron a cumplir las previsiones del tratado, y así, se declaró legalmente que los británicos o quienes les hubiesen apoyado durante la guerra de la independencia no podrían ejercitar acciones tendentes al cobro de deudas que tuviesen con los “patriotas” o con las antiguas colonias, normas que fueron declaradas válidas por los órganos judiciales de los estados.  La imposibilidad de aprobar normativa financiera y tributaria y la dependencia absoluta que el Congreso tenía de los estados hizo que a finales de 1786 éste acordase que en mayo de 1787 se reuniría en Filadelfia un grupo de representantes de los distintos estados para analizar las deficiencias del sistema y proponer una reforma que garantizase un mejor funcionamiento del mismo. Pero lo que se produjo en Filadelfia en los casi cuatro meses que transcurren desde el 25 de mayo hasta el 17 de septiembre no fue una reforma sino lo que una reciente publicación sobre el particular califica de “framer´s coup” (golpe de estado de los constituyentes).

II.- PROCESO CONSTITUYENTE Y PODER JUDICIAL.

Cuando los delegados de los doce estados (Rhode Island se no envió representantes) se reúnen en Filadelfia en mayo de 1787, acuerdan establecer un gobierno nacional que tenga un poder legislativo, ejecutivo y judicial propio.

En lo que se refiere al Poder Judicial, nadie cuestionó la necesidad de crear un Tribunal Supremo, pero sí hubo una enconada división entre partidarios y detractores de una jurisdicción federal autónoma y distinta de la estatal. Así, entre los constituyentes hubo dos posturas enfrentadas:

1.- Los detractores de un poder nacional o federal consideraban que únicamente debería existir la jurisdicción estatal, de tal manera que serían los propios jueces del estado quienes aplicasen la legislación federal de conformidad con la interpretación que de la misma efectuase el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuya creación, como hemos dicho, no cuestionaban. Pesó no poco en esta postura el recelo a un centralismo y al temor a una pérdida de fuerza de la jurisdicción estatal, que podría ser “invadida” por la nueva jurisdicción federal de crearse ésta.

Por utilizar un símil contemporáneo fácilmente identificable por el lector. Lo que defendían los partidarios de esta tesis era una situación equiparable al sistema judicial existente hoy en día en la Unión Europea, donde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas efectúa mediante su jurisprudencia una interpretación de los Tratados y la normativa comunitaria, pero donde no existe una jurisdicción europea como tal, sino que los jueces de los distintos estados miembros son los encargados de aplicar las normas comunitarias.

2.- Por otro lado, estaban quienes defendían la existencia de una jurisdicción federal autónoma e independiente de la estatal, delimitando claramente el ámbito de ésta. Es decir, que de forma paralela a los juzgados estatales se situarían los órganos judiciales nacionales o federales. El problema fundamental que esta tesis conllevaba era la delimitación competencial de ambos sistemas.

La lucha entre los partidarios de ambas posturas fue enconada y se sumó a la grave discrepancia que existía entre estados grandes y pequeños, entre partidarios y detractores de la esclavitud y entre los federalistas y antifederalistas. En aras de que el proceso no naufragase, se optó por una solución de compromiso, idéntica a la que utilizaron los constituyentes españoles de 1978 cuando se encontraban con un asunto espinoso: plasmar unos principios generales muy vagos remitiendo al legislador ordinario el desarrollo de la materia. Así, por tanto, se optó por recoger en el texto constitucional la existencia preceptiva del Tribunal Supremo y contemplar la posibilidad de órganos judiciales federales si el futuro Congreso de los Estados Unidos así lo decidía.

III.- EL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1787.

El Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos de América aprobada el 17 de septiembre de 1787, dedica las dos primeras secciones a regular el poder judicial federal; en la tercera se decidió llevar al propio texto un tipo penal concreto (el delito de traición) para evitar el uso abusivo del mismo por motivaciones políticas Es un artículo muy breve, debido quizá a que, como bien indicara hace diez años el actual chief justice John Roberts, los founding fathers venían de una tradición, la anglosajona o del common law, que tenían muy claro qué eran y cual era la misión de los Tribunales de Justicia. Veámos lo que establece la norma fundamental de los Estados Unidos.

I.- ORGANIZACIÓN Y PLANTA. La Sección Primera del Artículo Tercero dispone que: “The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.” (El Poder Judicial de los Estados Unidos se deposita en un Tribunal Supremo y en cuantos Tribunales inferiores establezca el Congreso en cada momento. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los órganos inferiores, desempeñarán su cargo mientras mantengan buen comportamiento, y recibirán una compensación por sus servicios, que no podrá ser reducida mientras desempeñen sus funciones).

Con ello se deja bien claro que el Congreso ha de regular de forma preceptiva la organización y funciones del Tribunal Supremo, órgano judicial cuya existencia es preceptiva. Pero tiene una libertad absoluta en lo que se refiere al establecimiento o no de órganos inferiores. Quiere ello decir que bien podría limitarse a recoger que serán los órganos judiciales de los estados quienes apliquen el derecho federal, o bien podría establecer una planta federal propia, gozando en ambos casos de una discrecionalidad absoluta.

En cuanto a los jueces, únicamente se recogen la garantía de inamovilidad (desempeñaran su cargo siempre y cuando mantengan “buen comportamiento”, expresión esta no limitada al ámbito puramente funcional o judicial) y retributiva

II.- COMPETENCIAS. La Sección Segunda se encuentra a su vez dividida en tres párrafos, que contienen una regulación competencial y una garantía procesal. Veámoslo:

1.- “The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;—to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;—to Controversies to which the United States shall be a Party;—to Controversies between two or more States;—between a State and Citizens of another State;10 —between Citizens of different States, —between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.” (El Poder Judicial será competente para el enjuiciamiento de todos los casos, tanto de common law como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; las controversias que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules; jurisdicción de almirantazgo y marítima; asuntos en que sean parte los Estados Unidos, entre dos o mas estados, entre un estado y los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de diferentes estados, entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones de diferentes Estados y entre un Estado o los ciudadanos del mismo y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.)

Se trata, por tanto, de una delimitación competencial ratione materiae, en los cuales la competencia del Poder Judicial federal es incuestionable. Con el paso del tiempo, algunos asuntos que tenían importancia en el último tercio del siglo XVIII han desaparecido del mundo jurídico (por ejemplo, la “admiralty and maritime jurisdiction”). Y no conviene perder de vista que uno de los asuntos que más controversia generó es el de la “diferente residencia”, en tanto en cuanto si parte demandante y demandada residen en distintos estados, el actor puede optar por residenciar el asunto no en un juzgado estatal, sino ante un juzgado federal.

2.- “In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under such Regulations as the Congress shall make.” (El Tribunal Supremo conocerá en única instancia aquélos asuntos relativos a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, así como en aquellos en que sea parte un Estado. En los demás casos, con las excepciones y con arreglo a la normativa que apruebe el Congreso, el Tribunal Supremo conocerá en vía de apelación tanto cuestiones fácticas como jurídicas).

Estamos ante un precepto esencial, en tanto en cuanto configura al Tribunal Supremo como un órgano básicamente de segunda instancia (lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina appellate jurisdiction), y no de instancia única (original jurisdiction). Precisamente con base en este precepto constitucional el juez John Marshall entendió que algunos preceptos de la Judiciary Act (norma ésta que analizaremos en el siguiente post) era inconstitucional por ir más allá de lo permitido en este artículo de la Constitución.

3.- “The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.” (El enjuiciamiento de todos los delitos, salvo casos de impeachment, se efectuará mediante juicio con jurado, que tendrá lugar en el estado en que el delito se haya cometido; cuando no se haya cometido dentro de los límites de ningún Estado, el juicio se celebrará en el lugar o lugares que el Congreso establezca mediante ley).

Estamos ante una garantía procedimental, el denominado trial by jury o juicio por jurado, auténtico nervio del derecho penal británico trasplantado al mundo colonial y que las colonias, una vez se declararon independientes, asumieron como algo natural. De ello se excluye el impeachment porque este procedimiento no implica enjuiciar un delito, sino que se trata de una vía procedimental específica para remover de su cargo a empleados públicos y jueces federales, procedimiento que se caracteriza porque la acusación la formula la Cámara de Representantes y el enjuiciamiento formal lo efectúa el Senado, quien para aprobar el impeachment precisa los votos de las dos terceras partes de sus miembros.

De igual manera, se consagran normas de competencia territorial para el enjuiciamiento de los delitos, que, obviamente, al recogerse en la Constitución las leyes de desarrollo habrían de respetar necesariamente. La regla o principio básico es el lugar de comisión del hecho.

Los preceptos constitucionales estaban ya consagrados. Únicamente quedaba la tarea de desarrollarlos a nivel legislativo, tema al que dedicaremos la próxima entrada.

 

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