EL CHIEF JUSTICE ROBERTS ALERTA DE LAS CONSECUENCIAS QUE PARA EL TRIBUNAL SUPREMO PUEDE TENER LA “EXTREMA POLITIZACIÓN” DE LAS CONFIRMACIONES.

Hace apenas un par de días, el chief justice John Roberts jr, como máximo responsable de la judicatura federal, ha considerado su obligación efectuar severas admoniciones a los otros dos poderes, y ha esperado hacerlo a que finalizase el proceso senatorial relativo a la confirmación o no de Neil Gorsuch, a fin de que sus declaraciones no fueran tomadas como un deseo de interferir en dicho procedimiento. Roberts no ha hecho otra cosa que alertar sobre la “extrema politización” de la que se ha hecho gala a la hora de cubrir la vacante ocasionada por la muerte de Antonin Scalia, más que nada porque puede suponer un “peligro real” para el Tribunal Supremo.

La edición digital del diario Washington Post correspondiente al pasado 11 de abril se hace eco de la noticia. Bajo una fotografía de John Roberts con gesto de preocupación, se transcriben algunas de las manifestaciones efectuadas por el chief justice sobre la extrema polarización en los últimos nombramientos y los efectos indeseados e indeseables que pueden suponer para el tercero de los poderes. Aunque manifestó que los jueces continuarían, como hasta ahora, efectuando su trabajo con normalidad y apartados totalmente de la lucha política, sin embargo no ocultó su malestar por la situación: “It is a real danger that the partisan hostility that people see in the political branches will affect the nonpartisan activity of the judicial branch. It is very difficult I think for a member of the public to look at what goes on in confirmation hearings these days, which is a very sharp conflict in political terms between Democrats and Republicans, and not think that the person who comes out of that process must similarly share that partisan view of public issues and public life.”  Es, sin duda alguna, un claro reproche en voz alta respecto al modo de proceder de los otros poderes en lo referente a las nominaciones de Merrick Garland y Neil Gorsuch, así como una severa admonición acerca de las nocivas consecuencias que la polarización puede tener a ojos del público. “The new justice is not a Republican, not a Democrat, he is a member of the Supreme Court. But it is hard for people to understand that wueh they see the process that leads up to it.”  Sin duda alguna, Roberts puede hablar con una doble auctoritas: la de ser el responsable máximo de la judicatura federal y la que le otorga la circunstancia de que su propio nombramiento como chief justice se vio confirmado por una holgada mayoría (78 votos a favor y 22 en contra), que denotó una ausencia de partidismo en un ambiente mucho más difícil que el actual.

En España, por desgracia, no abundan gestos de valentía como el del chief justice. Entiéndaseme. No quiere decirse con ello que a nivel individual existan miembros de la judicatura que hayan expresado en público y por escrito su malestar contra el intento de los otros dos poderes para someter al tercero, y si no ahí está el magnífico análisis del juez Jesús Villegas en su imprescindible ensayo El poder amordazado, una auténtica llamada de auxilio. Pero se echa en falta que integrantes de lo que Alejandro Nieto ha denominado “alta judicatura” e incluso personas con responsabilidades en la Administración de Justicia efectúen manifestaciones similares a las vertidas por John Roberts jr hace apenas dos días. Y motivos no faltan, pues existen actos y declaraciones que son un auténtico bofetón para el Poder Judicial en su conjunto sin que ni uno sólo de los jueces y magistrados haya dicho esta boca es mía. Cuando en 2012 quien fuera Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declarase públicamente que el Consejo General del Poder Judicial es “un órgano político para gobernar a la judicatura y la magistratura” ni uno sólo de los miembros del Poder Judicial español osó enmendarle la plana al jurista canario, y eso que el uso del término “político” y la expresión “gobernar a la judicatura” (y no para el gobierno “de” la judicatura”) no dejaba lugar a la menor duda. Y cuando Álvaro Cuesta valoró su nombramiento como vocal del Consejo, justificó el mismo de manera harto ilustrativa, pues con ello se “demuestra que soy un político honrado”, aunque muy significativamente no hiciese manifestación alguna en relación a sus méritos profesionales. De nuevo, ominoso silencio de los jueces in totum.

 

Sólo resta desear que las manifestaciones de Roberts no caigan en saco roto. En esto quizá nuestro país atesore mucha experiencia sobre la politización de la justicia. El fundamento jurídico decimotercero in fine de la Sentencia 108/1986 de 29 de julio del Pleno del Tribunal Constitucional, indicaba, al abordar la impugnación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, que: “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.” No obstante, el siniestro intérprete de la Constitución se limitó a aventurar el peligro y, cual Poncio Pilato, lavarse las manos, y en una de las actuaciones más siniestras de su ya de por sí siniestra historia, concluye:la existencia y aún la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez”.

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