MINORANDO LA INTERPRETACION TEXTUALISTA Y REDUCIENDO LA DEFERENCIA HACIA LA ADMINISTRACIÓN.

Justice

Ayer leía un breve ensayo titulado The rise of purposivism and the fall of Chevron: mayor statutory cases in the Supreme Court, que se publicó en el número de la Harvard Law Review correspondiente al mes de febrero de este año 2017. El mérito del artículo es poner en conexión dos tendencias que se han manifestado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo los últimos dos años: un cierto rechazo del textualismo así como un progresivo apartamiento de la doctrina Chevron en los denominados “mayor cases”. Aunque se trata de dos criterios jurisprudenciales que, cual líneas paralelas, no tienen por qué juntarse, en ocasiones contempladas en una visión de conjunto permiten extraer interesantísimas conclusiones, y de ahí la importancia de este artículo. Veámoslo.

I.- ABANDONO DEL TEXTUALISMO Y REGRESO OCASIONAL AL INTENCIONALISMO.

Nos encontramos ante dos tendencias que no suponen más que filosofías jurídicas aplicables a la hora de interpretar un texto constitucional o legal.

En un debate público que mantuvieron hace tiempo los jueces Stephen Breyer y Antonin Scalia, el primero indicó que ambos coincidían en que son seis los instrumentos que los jueces tienen a la hora de interpretar una norma jurídica: “text, history, tradicion, precedent, purposes and consequences.” La diferencia radica en que los defensores de una interpretación textual (textualism) se centran en los cuatro primeros, obviando los dos últimos, quienes son partidarios de una interpretación finalista (purposivism) se centran en el objetivo último o finalidad de la norma. Ahora bien, ambas corrientes no son estáticas o monolíticas, sino que a lo largo de la historia han evolucionado. El textualismo, por ejemplo, se centraba exclusivamente en el significado de un determinado vocablo, pero esa corriente ha sufrido un importante cambio, dado que con posterioridad vincula el significado con el momento histórico concreto en que se aprobó la norma, e incluso en determinadas ocasiones admite que el propósito es determinante para desentrañar el significado del vocablo. Un ejemplo concreto de la variación semántica de un término y la necesidad de situarlo en su contexto histórico nos lo ofrece Clara Álvarez Alonso en su estudio preliminar a la edición de Idea de un rey patriota, de Bolingbroke, cuando contrasta el significado del vocablo “patriota” en el siglo XVIII (cuando se redacta la obra) y en 1820 (su primera publicación en España).

Pues bien, si hay una palabra que ha servido para definir la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los últimos años es la de ser un defensor a ultranza del textualismo. Ahora bien, el trabajo comentado permite contemplar que existen casos altamente significativos donde el Alto Tribunal atiende más al espíritu de la norma que a su letra. El caso más significativo es el asunto Bond v United States, cuya sentencia se hizo pública el 2 de junio de 2014. En dicha resolución, el Tribunal Supremo, por unanimidad, en una sentencia de la que fue ponente el propio chief justice Roberts, rechaza aplicar la Chemical Weapons Convention Implementation Act de 1998 a un delito común, utilizando como argumento último la finalidad de la norma. Que una persona, por ansias de venganza, rociase con sustancias químicas a otra sin otro propósito que dañar a una persona singular y sin que su acción tuviese otro destinatario que un individuo concreto es un ilícito penal común y que, por tanto, está tipificado en la legislación estatal. Por tanto, aun cuando para ello hubiese utilizado compuestos químicos que entrarían dentro de la definición que de los mismos ofrece la normativa federal, ésta tiene como objetivo último “deals with crimes of deadly seriousness” (como indica ya el párrafo inicial de la sentencia).

Por tanto, la caracterización de la jurisprudencia del Tribunal Supremo como textualista hemos visto que no es del todo exacta.

II.- PROGRESIVO CUARTEAMIENTO DE LA DOCTRINA CHEVRON: RECHAZO DE LA DEFERENCIA HACIA LA ADMINISTRACIÓN.

Recordemos que la doctrina Chevron v. Natural Resources Defense Council, que da lugar a la denominada Chevron deference, está ligada al peculiar sistema administrativo norteamericano. Si por algo se caracteriza el sistema administrativo norteamericano es por la denominada “Administración por agencias”. Así, cuando el Congreso aprueba una norma administrativa, lo habitual es que cuando tiene carácter novedoso la misma cree una agencia administrativa encargada del desarrollo y gestión de dicho sector. La ley se convierte así en el enabling statute, y el mismo no sólo crea la agencia, sino que define sus potestades, entre las cuales están las de rulemaking (que, aún a riesgo de simplificar, podríamos equipararla con muchos matices a nuestra potestad reglamentaria) y el adjudication (potestad de dictar actos administrativos). Lo importante es que es la propia agencia administrativa la encargada de interpretar la normativa legal que ha de aplicar en su actividad cotidiana. En el seno de ese sistema surge en 1985 el caso Chevron.

La doctrina Chevron implica que ha de verificarse el denominado “two step system”. El primer paso radica en verificar si la normativa legal aplicada admite dudas en cuanto a su interpretación o no; si no admite dudas y su significado es claro, a él ha de estarse mas si, por el contrario, admite interpretaciones diversas se saltaría a la siguiente fase o paso. El segundo paso no consiste en otra cosa que en comprobar si la interpretación efectuada por la agencia administrativa es razonable o no. Si es razonable, ha de estarse sin más a ella o, por utilizar la expresión jurídica de la sentencia, ha de otorgarse deferencia a la misma. En la articulación de esta doctrina han pesado muchos factores, como el hecho de que se admita implícitamente que el Congreso ha delegado en la agencia la facultad de interpretación legal, el hecho de que la agencia administrativa cuente en su seno con expertos en la materia administrativa concreta (mientras que los tribunales carecen en principio de tal grado de especialización) o el hecho de que los integrantes de la agencia sean responsables políticamente ante la propia agencia y ante el Congreso (es decir, ante las political branches), mientras que los jueces no son responsables ante el cuerpo electoral ni tienen esa responsabilidad.

La doctrina Chevron ha sido muy matizada desde su propio nacimiento, e incluso como algunos jueces han admitido expresamente, tiene una vía de escape sencillísima, bastando siempre para ello indicar que el texto legal es claro y no admite más que una interpretación para negar ad radice la deferencia administrativa. Pero en los últimos años también se ha efectuado una distinción en el seno del Tribunal entre lo que el artículo comentado denomina mayor cases y mundane cases. Los primeros, es decir, los mayor cases, con aquéllos que implican una “deep economic and political significace” y en los cuales la actuación administrativa puede suponer un peligro para el sistema federal y para la libertad individual. En este tipo de asuntos, el Tribunal ha negado expresamente la aplicación de la doctrina Chevron y excluye, por tanto, esa “deferencia”. Un ejemplo de ello lo ofrece el caso King v. Burwell, hecha pública el 25 de junio de 2015, donde el Tribunal Supremo, en una sentencia adoptada con el voto favorable de seis magistrados y redactada igualmente por el chief justice Roberts contempla expresamente la no aplicación de Chevron en los determinados casos de extraordinaria relevancia.

III.- CONCLUSIÓN: OBJETIVO ÚLTIMO DE LA CONFLUENCIA.

La tesis central del artículo radica en que mediante la confluencia de las dos líneas jurisprudenciales, por una parte se incrementan las facultades del Tribunal Supremo, por otra se logra un mayor respeto hacia la voluntad del Congreso y, evidentemente, se ofrece un tratamiento específico para los casos especiales por su relevancia o materia. Parece claro que si no se aplica la doctrina de la deferencia hacia la interpretación administrativa se aumentan las facultades de los órganos judiciales, aun cuando esa limitación afecte únicamente a determinados casos.

Pero existe otra cuestión en la que se incide sobremanera en el trabajo citado: en ambas ocasiones la persona que ha sido determinante ha sido el chief justice, John Roberts. Ello sin duda alguna pone de manifiesto que el actual Presidente del Tribunal Supremo tiene la cualidad esencial y determinante para ostentar el cargo: capacidad de liderazgo y facultad de aglutinar mayorías a su alrededor.

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