A VUELTAS CON LAS OPOSICIONES.

En las últimas semanas han aparecido en prensa y en foros especializados varios artículos relativos al procedimiento de selección de empleados públicos. Si el día 9 de abril el diario El País publicaba Oposiciones del siglo XIX para funcionarios del futuro, al día siguiente José Ramón Chaves García publicaba en su bitácora una reflexión significativamente titulada Reforma Urgente del modelo clásico de oposiciones. Mucho más reciente es la aportación de Francisco Sosa Wagner, con su inimitable y agudo estilo, aportaba su “guinda” al debate con el también significativo título Alarma: campaña contra las oposiciones.

Centrado, pues, el asunto, creo que es hora de abrir un debate en profundidad y con rigor acerca de las pruebas selectivas para el empleo público. No en cuanto a su existencia, entiéndase bien, sino en cuanto a su contenido. Es precisamente por ello por lo que creo que en el fondo puede haber muchas más coincidencias que discrepancias, y que la divergencia es tan sólo aparente. Analizaré el tema un poco más a fondo.

I.- SOBRE LA EXISTENCIA MISMA DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO.

En este punto no puedo por más que indicar que quien pretenda eliminar las pruebas de acceso para un cargo público se dará de bruces con el propio texto constitucional. En efecto, el artículo 23.2 de la Constitución reconoce con la categoría de derecho fundamental de los ciudadanos el de “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”, mientras que el 103.3 dispone que la ley regulará “el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. El principio de igualdad tiene rango de fundamental y, por ello, despliega su eficacia directa vinculando al legislador, mientras que los principios de mérito y capacidad son principios constitucionales que no tienen carácter de fundamental, sin perjuicio de lo cual vinculan al legislador en cuanto que necesariamente se impone su respeto en el procedimiento que se establezca, no obstante lo cual a la hora de desarrollar éste el legislador ordinario goza de una amplísima libertad sin otra cortapisa que el respeto a le exigencia de los principios de mérito y capacidad.

Por tanto, el procedimiento selectivo de concurrencia competitiva se impone como inexcusable para el acceso a la función pública. No puede constitucionalmente prescindirse del mismo, ni creo que nadie con un mínimo de sentido común plantee la supresión absoluta de este tipo de procedimientos. Cuestión distinta es el contenido material del proceso, es decir, la regulación de las pruebas y su desarrollo.

II.- NORMATIVA LEGAL REGULADORA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.

Con carácter previo al exponer nuestra tesis, hemos de partir necesariamente de la configuración normativa actual relativa al modo de ingreso en la función pública.

1.- El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre enuncia un principio esencial en su artículo 55.2.e que no siempre es respetado en las distintas convocatorias: “Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.”  El mismo texto legal dedica su artículo 61 a los sistemas selectivos, y tras insistir de nuevo en el apartado segundo en el anteriormente enunciado principio de adecuación (“Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas”), enumera en su párrafo sexto los sistemas tradicionales de acceso a la función pública: oposición, concurso y concurso oposición, teniendo el concurso carácter excepcional y únicamente cuando la ley lo autorice.

2.- Dado que a nivel estatal no se ha aprobado aún la correspondiente ley de función pública, continúa aplicándose la normativa anterior en lo que no contradiga el Estatuto Básico. Así, el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, establece en su artículo 5.2 que: “los procedimientos de selección deberán consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos. Pueden incluir la realización de «test» psicotécnicos, entrevistas y cualesquiera otros sistemas que aseguren la objetividad y racionalidad del proceso selectivo. Salvo excepciones debidamente justificadas, en los procedimientos de selección que consten de varios ejercicios, al menos uno deberá tener carácter práctico.”

Hay dos ideas que conviene retener para adentrarnos ya en el núcleo esencial de la controversia. La primera, que el contenido de las pruebas ha de tener una conexión evidente con las tareas a realizar (principio de adecuación), no siendo lícito que se vulnere dicho principio exigiendo conocimientos ajenos o distintos de las funciones o tareas a realizar. La segunda, que el sistema de acceso ordinario es el de oposición libre.

El problema fundamental, y es el que provoca el debate, es que no establece cuál ha de ser el contenido material de una oposición, sin que en este punto la interpretación textual (“conjunto de pruebas selectivas en que los aspirantes a un puesto de trabajo, generalmente en la Administración pública, muestran su competencia, que es juzgada por un tribunal”, según la tercera acepción que al vocablo ofrece el Diccionario de la Real Academia Española) nos sea de utilidad.

III.- DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

Aquí es donde surge el debate. No en cuanto a la existencia de las pruebas en sí, sino en cuanto al desarrollo de las mismas. ¿Es adecuado a la realidad actual fiar todo al elemento memorístico o, por el contrario, deben mutarse las pruebas en otro sentido? En otras palabras ¿Debe mantenerse el formato tradicional donde el aspirante deba comparecer y memorizar un temario más o menos amplio en función del cuerpo y grupo, o deben desterrarse por obsoletas en pro de otro tipo de procedimientos, como, por ejemplo, la resolución de casos prácticos?

En este punto, Francisco Sosa Wagner deja abiertas las puertas al cambio, que en sí no rechaza, pues: “lo más prudente será indagar acerca de sus saberes y habilidades para desempeñar el puesto que se oferta. Es aquí donde caben todas las fórmulas posibles: temarios, pruebas prácticas, redacción de informes u otras específicas derivadas de esta o aquella especialidad (trabajo en un laboratorio, en un taller, en el monte, etc).” Lo que considera inexcusable es el respeto a dos principios esenciales: la acreditación de conocimientos y su valoración por especialistas.

José Ramón Chaves García es mucho más claro y toma abiertamente postura: “Bajo mi personal reflexión, considero, sin tener la llave mágica, que las pruebas memorísticas deberían pasar a mejor vida, pues corren tiempos en que los ordenadores y las bases de datos suplen las posibles carencias de datos e información para la labor pública. Cualquier modesta base de datos localiza, identifica y ofrece normas exactas para cada caso, con mayor fiabilidad que la cabeza de un opositor avezado. Quizá debería valorarse el conocimiento y habilidad del aspirante, pero no bajo exigencias cuantitativas y de exactitud literal, sino valorándose la cultura general,  y por lo que hace en el acceso a cuerpos superiores de la administración, el someterse a una entrevista abierta sobre una decena de libros o ensayos sobre el poder público y el derecho anunciados en la convocatoria.”

IV.- POSICIÓN AL RESPECTO.

En este punto, no puedo por menos que coincidir con mi admirado José Ramón Chaves en cuanto a que las pruebas memorísticas han de pasar a mejor vida. Y ello por varias razones, que enuncio a continuación precisando que limito mis consideraciones a los procesos relativos a puestos de carácter jurídico:

1.- COMPLEJIDAD INFINITA DEL SISTEMA NORMATIVO. La realidad jurídica actual es mucho más compleja en la segunda década del siglo XXI que a principios del siglo XX o incluso que a mediados de la década de los cincuenta de dicha centuria. En efecto, entonces únicamente existía un ordenamiento jurídico el estatal y la producción normativa era infinitamente menor y gozaba, además, de una enorme estabilidad en el tiempo. Por lo tanto, el hacer un esfuerzo memorístico podría ser rentable. En la actualidad no existe uno, sino tres sistemas (el comunitario europeo, el estatal, el autonómico), la producción normativa se ha multiplicado por mil y la estabilidad normativa es prácticamente nula. No existe mente humana capaz de retener los cientos y miles de normas que emanan de los distintos poderes europeos, nacionales y autonómicos. Como decía el propio maestro García de Enterría en las últimas ediciones de su Curso de Derecho Administrativo, al jurista de hoy le faltan horas del día (si es que estuviese dispuesto a hacer el esfuerzo) no ya para retener en su memoria, sino simplemente para buscar una texto concreto en la maraña normativa que diariamente aparece en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado, y en los Boletines Oficiales de las distintas Comunidades Autónomas.

2.- EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. A mediados del siglo XX el jurista únicamente poseía como instrumentos auxiliares los códigos legislativos en soporte papel y los gruesos tomos de jurisprudencia que publicaba la benemérita editorial Aranzadi. Ahora bien, como muy acertadamente señala José Ramón Chaves, en la era de las telecomunicaciones, de internet, de Facebook, de las bases de datos on-line, cualquiera puede acceder en un segundo a cualquier texto normativo o a cualquier sentencia mediante un buscador. En este punto, como indica Luís Martín Rebollo en la introducción a sus Leyes Administrativas, el jurista moderno no es el que atesora en el almacén de su memoria la redacción textual de los distintos textos legales, sino el que sabe dónde y cómo buscar la normativa.

3.- LÓGICA ELEMENTAL. En este punto, simplemente deslizo una pregunta. ¿Existe algún Magistrado, Juez, Letrado de la Administración de Justicia, Inspector Fiscal, Inspector de Trabajo, Administrador Civil del Estado o similar que a la hora de redactar una sentencia, decreto, acto administrativo lo haga sin consulta alguna de textos legales sino fiándose exclusivamente de su memoria?  Es evidente que nadie con un mínimo sentido de la prudencia actúa así. Por tanto, no cabe exigir lo que no se da.

Hoy en día a ningún docente se le ocurriría impartir clases magistrales utilizando como instrumentos la tiza y la pizarra, tan habituales en las escuelas e institutos (e incluso en las facultades) hasta épocas relativamente recientes. Tampoco hoy en día, con los instrumentos al alcance de cualquiera, la docencia se limita (o, cuando menos, debiera limitarse) a las tradicionales clases magistrales, donde el profesor dicta y los alumnos toman apuntes. Tal sistema de enseñanza sería arcaico, anacrónico y contraproducente.

V.- CONCLUSIÓN.

Por todo lo anteriormente expuesto, creo que ha quedado clara la posición al respecto. No se trata en absoluto de prescindir de los procesos selectivos (algo que el propio texto constitucional veda), ni de la concurrencia competitiva ni tan siquiera de la necesidad de acreditar unos conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones (por imponerlo el principio constitucional de mérito y capacidad). De lo que se trata es de modificar la forma en la que se demuestran esos conocimientos.

No quisiera finalizar sin una pequeña anécdota que pude comprobar personalmente. En una determinada Administración (de cuyo nombre no es que no quiera acordarme, es que por un mínimo sentido del pudor renuncio a hacerlo) en un proceso selectivo exigía conocimientos elevados de informática. Y para acreditarlos, los aspirantes tuvieron que demostrar su desenvoltura con el sistema operativo Windows y del paquete de Microsoft Office….sin ordenadores, sin Windows y sin Office, sino en una prueba escrita tipo test. Mayor objetividad no cabe (es un tipo test y la máquina no se equivoca), pero ¿alguien puede sostener con un mínimo de rigor que el manejo de un ordenador y de un sistema operativo se acredita con un examen tipo test?

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