PEÑA-RODRÍGUEZ v. COLORADO: UN “CANTO AL JURADO”

Jury

De la sentencia Peña-Rodríguez v. Colorado, hecha pública el pasado día 6 de marzo de 2017, podría decirse si tuviéramos que identificarla con un tema musical, que sería el equivalente a Un canto a Galicia. Y es que si en dicha canción el intérprete entonaba las loas de la “terra do meu pae”, en la resolución judicial citada al inicio de este párrafo se contiene un impagable canto a la institución del jurado, que los Estados Unidos de América recibieron como herencia jurídica de su madre patria británica.

Nada mejor, pues, que facilitar al lector los tres párrafos iniciales de la sentencia, redactada por Anthony Kennedy, y en los cuales se contiene la mejor loa a la institución que continúa siendo uno de los pilares del sistema judicial en el mundo anglosajón en general y en los Estados Unidos en particular. Tales párrafos son los siguientes:

El jurado es un pilar central de nuestro sistema de justicia y nuestra democracia. Pese a sus disfunciones en casos puntuales, el jurado supone un control necesario del poder estatal. A lo largo de los siglos ha sido un instrumento efectivo, fiable e inspirador para la resolución de controversias de hecho y para determinar la culpabilidad o inocencia en asuntos penales. Durante este tiempo sus resoluciones han sido aceptadas por la comunidad, aceptación esencial para el respeto al estado de derecho. El jurado es una manifestación tangible del principio según el cual la ley emana del pueblo.

 

Cuando se funda nuestra nación, el derecho al juicio por jurado ya contaba con siglos de existencia y había evolucionado junto con el common law. El jurado se consideraba una salvaguardia de la libertad individual (ver El Federalista, número 83, página 451 –edición de B. Warner, 1818) y el derecho a un juicio por jurado en asuntos penales formó parte de la Constitución desde su borrador inicial, y se reforzó aún más con la sexta enmienda (artículo III, 2 cláusula 3 y sexta enmienda). Este último precepto se aplica igualmente a los estados merced a la decimocuarta enmienda constitucional (Duncan v. Louisiana, 391 US 145, 149-150).

 

Al igual que cualquier producto humano, el jurado tiene sus fallos, pero la experiencia demuestra que puede lograrse un veredicto justo e imparcial si el jurado sigue las instrucciones del Tribunal y sus deliberaciones son honestas, fuertes, lúcidas y basadas en el sentido común. El principio general ha evolucionado para otorgar protección efectiva a la finalidad del veredicto y asegurar a los jurados que, una vez han emitido su veredicto, no será ulteriormente cuestionado en base a comentarios o conclusiones expresadas a lo largo de sus deliberaciones. Este principio centenario recibe la denominación habitual de no impeachment rule. El presente asunto tiene por objeto verificar si existe una excepción a tal principio cuando, tras disolverse el jurado, uno de sus miembros aporta ulteriormente evidencias sólidas acreditando que otro jurado efecto manifestaciones claras y explícitas demostrando que su animadversión racial fue un factor decisivo a la hora de emitir su voto condenatorio.

En definitiva, que es imposible sintetizar en menos palabras el rol que el jurado ha desempeñado en las naciones cuyos ordenamientos jurídicos se inspiran en el common law. Como se indica en la frase final del primer párrafo, ninguna institución como ella explicita en el ámbito procesal el principio de que la ley emana del pueblo; por cierto, obsérvese que la sentencia indica que es la “ley” la que emana del pueblo, no la “justicia”, algo que personalmente me parece significativo y en modo alguno un descuido. En el país que acuñó la expresión “ley de Lynch”, sin duda alguna los términos derecho y justicia no siempre son sinónimos, aunque no se piense que esa disparidad entre dos vocablos que debieran ser coincidentes es exclusiva del ámbito norteamericano, pues también en el territorio europeo hemos tenido manifestaciones claras de esa “ley de Lynch”, aunque bajo nombres mucho más sonoros y rimbombantes (por ejemplo, “justicia popular”).

En nuestro país la institución del jurado está prevista constitucionalmente en el artículo 125 de la Constitución y desarrollada legislativamente mediante la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, pero la regulación legal española está rodeada de tantas cautelas que si algo explicitan es la desconfianza del legislador hacia el mismo. Ante lo cual uno se pregunta por qué se ha pretendido incorporar una institución de la cual se desconfía y que, por desgracia, en nuestro país carece de un arraigo similar al existente en las naciones de la Commonwealth. Uno puede estar a favor o en contra del jurado, y tan legítima es una opción como la contraria. Ahora bien, si se desea incorporar el mismo a un ordenamiento debe hacerse con todas las consecuencias, y no únicamente para cuestiones puntuales y, además, con una regulación tan cicatera que en realidad está desnaturalizando la institución.

Conviene tener en cuenta que en los Estados Unidos de América el juicio con jurado se constituye como una garantía del ciudadano, y el artículo tercero de la Constitución lo impone para “el enjuiciamiento de todos los delitos, salvo en casos de impeachment” (porque, en realidad, este último no supone un enjuiciamiento criminal, sino político, para desposeer al Presidente o a un juez federal de su cargo), algo que de nuevo se reitera en la sexta enmienda constitucional. Pero el jurado no se limita a asuntos penales, pues la séptima enmienda lo extiende a asuntos civiles cuya cuantía exceda de veinte dólares. En otras palabras, que los asuntos resueltos sin intervención del jurado constituyen la excepción, y no la regla general. En el ámbito penal existe una distinción entre el grand jury (gran jurado) y jury. El primero es al que ha de acudir la acusación pública con las pruebas que verifiquen si existe causa probable o indicios racionales para someter a juicio penal a un imputado; en caso de que el gran jurado determine que sí existen tales indicios, se procederá con el juicio ordinario, donde será el jurado quien deberá pronunciarse, en base a las pruebas, sobre la culpabilidad o no del acusado, limitando su intervención a dicha circunstancia. De ser hallado culpable, la imposición de la pena quedará ya en manos única y exclusivamente del juez.

Se han dado en nuestro país muchos argumentos en contra del jurado. Sin entrar en el fondo del asunto, únicamente deseo pronunciarme sobre uno de los argumentos que más frecuentemente se utilizan en contra del mismo, cual es la continua apelación a la “profesionalidad” y “experiencia” del juez, indiscutiblemente mucho más versado en cuestiones jurídicas que quienes integran el jurado. Ahora bien, conviene precisar que ni tan siquiera en el mundo anglosajón el jurado se entromete en cuestiones jurídicas, sino a cuestiones estrictamente fácticas, es decir, si a la vista de las pruebas que presente la acusación un individuo es culpable o no de los hechos que se le imputan. Y para pronunciarse sobre cuestiones de hecho o estrictamente fácticas, no cabe apelar cuestiones jurídicas, por lo que tan válido es el criterio de un juez como el de cualquier otra persona.

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